Por Valentín Varillas
En los Estados Unidos, ya se lleva a cabo una investigación que pretende demostrar los oscuros intereses que normaron la compra-venta de la empresa Fertinal por parte del gobierno mexicano en el anterior sexenio.
Uno de los principales sospechosos de haber recibido “moches”, a cambio de validar una aberrante operación que dañó al erario nacional, es el ex presidente Enrique Peña Nieto.
El simple hecho de llevar a cabo indagatorias serias alrededor de quien gobernó el país del 2012 al 2018, ponen ya al vecino país del norte en una posición de avanzada, con respecto a lo que jamás hemos hecho en México: sentar a un anterior mandatario en la silla de los acusados, por sospechas de actos de corrupción.
Así de atrasados estamos.
Otros países del continente, que minimizamos en términos de lo elemental de su entramado institucional y con un sistema democrático aparentemente mucho más atrasado que el nuestro, nos han puesto el ejemplo.
Tuvieron la capacidad de dejar a un lado los tradicionales pactos de impunidad y se decidieron, simplemente, a hacer justicia.
En México no podemos todavía.
Y mire que hay tela de dónde cortar, nada más en el sexenio anterior.
El regreso del tricolor a Los Pinos será recordado por siempre como el sexenio de la corrupción pública al más alto nivel, el del uso y abuso de las instituciones para el enriquecimiento personal y sobre todo, el de la incapacidad monumental para llevar – siquiera con algo de decoro- las riendas de este país.
Una administración a fondo perdido.
Seis años de auténtica pesadilla.
Este gobierno resultó fallido desde su misma legitimación.
Casos como los de Monex o Soriana, ejemplos burdos de la más descarada compra de conciencias, fueron apenas un modesto adelanto de lo que vendría.
Dinero sucio que llegó a la campaña presidencial tricolor a través de la triangulación de recursos públicos desviados por gobernadores priistas, que hoy son perseguidos o encarcelados por el régimen que ellos mismos ayudaron a establecer.
El más puro estilo del viejo y anquilosado PRI.
Nada nuevo hay en esto.
Recientemente, el caso Odebrecht, la bomba que estalló en pleno rostro de Emilio Lozoya, uno de los incondicionales de Peña y su grupo, un tema que le ha costado la cabeza a presidentes en otros países.
La inversión de millonarios recursos para imponer gobernantes, a cambio de la posibilidad de hacer rentables negocios, fue una de las estrategias que mayor eficacia tuvieron para conseguir que el PRI regresara a lo más alto del poder político nacional.
Casos como los de la Casa Blanca, Higa, OHL, Pinfra, confirman lo anterior.
El modelo siguió aplicándose ya en el poder, a través del otorgamiento de contratos de obra pública, no solo para el pago de facturas políticas, sino para enriquecer en lo personal a las principales “figuras” de esta poderosa élite.
“La Estafa Maestra”, excelente investigación periodística que revela una de las cientos de estrategias que se utilizan para el desvío de recursos públicos para fines personales, es apenas un modesto ejemplo de lo anterior.
Y la lista es larga, larguísima.
Elementos sobran para llamara a cuentas a los cabecillas de esta pandilla que saqueó al país.
Las claves ahí están, estos llevan años siendo temas de la agenda nacional, asuntos de dominio público.
Lo que falta es voluntad.
Una voluntad que, de tenerla, cerraría viejas heridas, nos reconciliaría con nuestro pasado reciente y sentaría las bases para alcanzar, por fin, la tan ansiada madurez como país.
