15-11-2019 03:24:51 PM

Agua de Puebla, días contados

Por Alejandro Mondragón

 

Si la voluntad de Luis Miguel Barbosa por erradicar la corrupción desde el poder es real, el primer modelo de negocio que habrá de desmantelar es la concesión del agua potable.

 

Entre el enojo de usuarios por el cobro impune del servicio, con un sistema de atención atrofiado y el incumplimiento de compromisos financieros, Agua de Puebla navega en el mar de la impunidad.

 

El gobernador electo ha asegurado que no le debe nada a nadie y que desmantelará legal y económicamente a los beneficiarios de las concesiones del Estado.

 

La privatización del servicio no sólo empeoró, sino que se encuentra atrapada en la sospecha de la transa y el tráfico de influencias.

 

Once días después de “ganar” la licitación, los beneficiarios crearon una empresa: Concesiones Integrales, asociada a EPCOR y TICSA, para el cobro del servicio.

 

Pero ante la falta de solvencia para pagar los 415 millones de dólares que costó la concesión a 30 años, se recurrió al financiamiento, vía un Fideicomiso del grupo Hermes, ligado a Banorte, entidad que terminó por asumir el control del agua.

En otras palabras, la empresa que ganó la licitación, no fue la que operó ni la que al final se quedó con el millonario negocio.

 

Es decir, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle le entregó la concesión a la familia Gutiérrez Cortina, quien a su vez terminó por dejársela a Carlos Hank Rhon, personaje muy cercano a la familia morenovallista.

 

En realidad, el Soapap fue saneado antes de su concesión, pues tenía activos totales por 9 mil 140 millones 222 mil 103 pesos con 83 centavos. La deuda del organismo había bajado 70 por ciento y la recaudación repuntaba anualmente 36 por ciento.

 

El control del agua potable en Puebla, la tiene Hank Rohn, sin pagar nada, sólo ser el financiero del proyecto, a quien le cubren sus jugosas mensualidades en intereses.

 

Desde la concesión a particulares, el Soapap quedó como oficina para garantizar que se cumplieran los acuerdos de inversión en infraestructura y ha usufructuado 700 millones de pesos anuales, sin que se reflejen en mejoras. La Conagua ha sido complaciente.

 

Este caso se puede multiplicar en otras concesiones y proyectos de obra del sexenio pasado, donde la empresa que ganó, ni operó nada y un tercero se quedó con todo. Ese consorcio o empresario siempre ligado a la familia morenovallista.

 

Por lo pronto, bien haría Agua de Puebla en enfrentar la tormenta de quejas, porque los cobros injustificados simplemente no tienen madre. De nada sirve contar con sistema digital de atención a clientes para que después de horas los remitan a la sucursal más cercana.

 

Vaya descaro.

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