Por Valentín Varillas
A diferencia de otros mandatarios, emanados de partidos políticos distintos a Morena, el gobernador del Estado de México se ha convertido en un importante alfil de Andrés Manuel López Obrador, en varios de los temas polémicos que ha tenido que enfrentar.
Por ejemplo, el sábado pasado, asistió puntual al mitin presidencial convocado en Tijuana, cerrando filas a la convocatoria de unidad hecha por el jefe del ejecutivo federal, ante la amenaza de imposición de aranceles a los productos mexicanos, hecha por el presidente Trump.
Muy al estilo “Peje”, se tomó su selfie en el avión de línea comercial, como muestra de que volaba en clase turista y no en las aeronaves privadas tan socorridas por su grupo político: el grupo Atlacomulco.
En contraste con otros opositores a AMLO, del gobernador del Estado de México no salió ni la más velada crítica a la postura tomada por la delegación nacional en las negociaciones con el gobierno americano, ni adjetivos que pusieran en duda lo pactado con los vecinos del norte.
Apoyo, solidaridad y buena vibra es lo que se respira en la relación entre estos dos personajes.
A simple vista podría parecer muy raro lo anterior, si partimos del hecho de que la victoria aplastante de Andrés Manuel en las urnas, se dio por la desastrosa gestión de Peña Nieto y compañía –la pandilla que hizo crecer en lo político al propio Del Mazo- y a las severas críticas que como candidato hizo López Obrador al regreso del PRI a Los Pinos.
Es cierto que, ya como presidente, estas críticas tan rentables en lo mediático, no han sido acompañadas en su gran mayoría por los procesos legales que deberían de llevarse a cabo, ante la gravedad de los señalamientos y las demoledoras pruebas de corrupción, que en muchos casos están perfectamente documentadas.
Ni siquiera el tema de Emilio Lozoya, tan sonado en las últimas semanas, tendrá consecuencias jurídicas contundentes para quien fue parte importante en el saqueo de la nación.
Mucho menos se ha querido actuar por la “Estafa Maestra”, uno de los casos más escandalosos y mejor investigados de desvío de recursos públicos a manos privadas de la historia moderna del país.
Pareciera que hay un termómetro que constantemente mide la relación entre los que llegaron y los que ya se fueron, el cual es ajustado a la alza o a la baja, de acuerdo con los intereses de ambos.
Cuando la cuerda se tensa demasiado o cuando existe la necesidad de sacar a la luz pública algún distractor que desvíe la atención de la opinión pública, se aplica una especie de mecanismo regulador que, invariablemente, nivela las cosas sin saldos negativos demoledores para ninguno.
Muy conveniente ¿no cree?
El que sea Del Mazo el garante de este aparente nuevo pacto de impunidad se entiende, por un lado, por la enorme confianza que le tiene el ex presidente Enrique Peña Nieto y las ligas que mantiene con empresarios y políticos importantes en las decisiones de una entidad federativa relevante en términos de inversión productiva y que en lo político es la que más peso tiene en el padrón electoral nacional.
Tal vez, un mediador con estas características le convenía a ambos.
Quizás por esto, López Obrador y el resto de los liderazgos de Morena, no le dieron el espaldarazo necesario a Delfina Gómez Álvarez, su candidata al gobierno del estado de México, que perdió ante el propio Del Mazo en el 2017 en una elección con evidencias contundentes de fraude electoral.
A esas alturas ya se adelantaba el hecho de que López Obrador arrasaría en la presidencial del 2018 y seguramente en ese contexto iniciaron los amarres y acuerdos.
Qué bueno por ellos.
Qué malo para este país que tendrá, otra vez, que esperar mejores tiempos para sentar en la silla de los acusados a un presidente de la República o a alguno de su incondicionales de primer nivel.
