Por Valentín Varillas
Para la Secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, el haber votado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la exoneración de Mario Marín, en el caso Lydia Cacho, representa una mancha a un expediente personal que, en el contexto de su actual responsabilidad, necesita presentarse como limpio e impoluto.
Con semejante antecedente, habría severas dudas sobre la calidad moral o bien la credibilidad necesaria para anunciar y operar programas en defensa de las mujeres víctimas de violencia y de paso fomentar en la sociedad mexicana y al interior de la burocracia nacional, una auténtica cultura de defensa de los derechos humanos.
Por eso, la jefa del gabinete presidencial es, ha sido y será una entusiasta promotora del proceso de captura del ex gobernador poblano y del resto de los involucrados en la detención de la periodista.
El tema se volvió prioritario, después de las críticas que surgieron a la figura de Sánchez Cordero cuando, a nombre del Estado mexicano, le ofreció disculpas a Lydia Cacho por “omisiones” y “errores” que se dieron en su momento alrededor del caso.
En medios locales y nacionales se publicaron piezas periodísticas en donde se recordó aquel voto, con el que la mayoría de los ministros declaraban inocente a Mario Marín por “violaciones graves a los derechos humanos” de la escritora.
Más que un asunto oficial, institucional, la ceremonia de disculpa pública llevada a cabo el 10 de enero pasado, significaba una catarsis personalísima para Sánchez Cordero.
Sin embargo, redimirse desde la retórica no era suficiente.
Había que cerrar el círculo generando las condiciones necesarias para transitar de lo mediático a lo jurídico.
Consecuencias legales demoledoras para los involucrados, que no dejaran lugar a dudas de su nueva vocación a favor de los derechos humanos y su compromiso personal con la autora de Los Demonios del Edén.
Por eso, el gobierno federal no escatimará ningún recurso a su alcance hasta llegar a las respectivas detenciones.
Sobra decir que todo esto cuenta con el aval y el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siente que está en deuda con la encargada de la política interna nacional, después del derrotero que tomaron algunos asuntos que la dejaron mal parada.
El caso Puebla, por ejemplo.
Si llega a darse la captura de Mario Marín, Olga podría redimirse, en parte, con su gran amigo Rafael Moreno Valle Suárez, a quien no pudo cumplirle la promesa que le hizo en el funeral de su hijo, de que su grupo político llevaría mano en la designación del gobernador interino de Puebla, apenas un día después del accidente que le quitó la vida también a Martha Érika Alonso.
Así pues, el tema Marín-Cacho, que en su momento llegó a ser una pesada carga en su paso por la vida pública nacional, hoy se ha convertido en una situación de ganar-ganar para Sánchez Cordero y por lo mismo un asunto de altísima prioridad para la poderosa dependencia que encabeza.
Con todo lo que eso implica.
