Por Valentín Varillas
En los últimos días de la semana pasada, el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, dio una orden concreta a sus operadores y aliados políticos: reabrir los expedientes “cerrados” de su sexenio.
Lo anterior, quiere decir que en breve, reiniciará la cacería contra quienes, con bases legales o no, fueron perseguidos, amedrentados o controlados, a través de burdas consignas disfrazadas de procedimientos jurídicos.
Todos caben, pero quienes ocupan los primerísimos lugares en la lista de objetivos, son personajes que fueron parte del sexenio de Mario Marín Torres.
La medida, debe entenderse como una revancha al proceso de impugnación de la elección a gobernador de Puebla, llevado a tribunales por el Movimiento de Regeneración Nacional.
Y es que, Moreno Valle da por hecho que el priista estuvo detrás del trabajo político que llevó a cabo Morena en el estado, no solo en lo que a operación electoral se refiere, sino en la selección de candidatos y el financiamiento de sus respectivas campañas.
Y no perdona el hecho de que le hayan arrebatado posiciones de altísima valía en lo que a la política poblana se refiere y que ahora se atrevan a poner en riesgo la continuidad de su grupo en la gubernatura del estado.
En esta consigna, lo que menos importa será si los perseguidos tienen o no ligas con el partido de López Obrador y sus abanderados en Puebla, sigan o no dedicados a la política y el servicio público o si viven retirados de cualquier actividad relacionada con la lucha por el poder.
No, van parejo, con todo y contra todos.
En pocas palabras, van a intentar concretar ahora, lo que no pudieron en sus seis años al frente de la administración pública estatal.
Una pieza clave en la persecución, sobra decirlo, es el fiscal Víctor Carrancá.
Sí, el mismo que opera la peor fiscalía de todo el país y el que, con el pretexto de su supuesta “autonomía” y en la duración de su cargo, seguirá sirviendo de gatillero a su amo y señor, más allá de quien sea designado como próximo gobernador.
Penoso.
Es también el mismo al que la propia Martha Érika Alonso “invitó” a renunciar, si no podía con las responsabilidades inherentes a su cargo.
La reacción morenovallista es de llamar la atención.
La judicialización del proceso electoral no pude ser considerada como una sorpresa.
Es más, desde antes del 1 de julio, se anticipaba ya como uno de los escenarios probables para Puebla.
¿Y entonces?
¿Por qué ahora?
¿Cuál es la lógica de operar algo así a estas alturas?
¿Será que ha minado la confianza en recibir una sentencia favorable por parte del Tribunal Electoral federal?
¿Qué sabe Rafael que el resto de los mortales desconocemos?
Una decisión a todas luces visceral como ésta, puede ser entendida fácilmente como el presagio de oscuros nubarrones para los intereses políticos del ex gobernador.
Si en los hechos no es así, pareciera que están operando ya bajo esa lógica.
