Por Valentín Varillas
En plena campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador y su círculo íntimo, le dieron forma a una peculiar lista de personajes de primer nivel de la política nacional y el servicio público federal, proclives a ser llamados a cuentas ante la justicia por la comisión de actos de corrupción, una vez que el tabasqueño se instale en Los Pinos.
El primer borrador del documento llegó a incluir hasta cincuenta nombres de quienes cumplían con los requisitos básicos para ser exhibidos en la plaza pública como ejemplo de lo que ya no tiene cabida en los nuevos tiempos que llegarían con el gobierno del cambio.
El ajuste de cuentas con un régimen como el de Peña Nieto, formado por una pandilla que instaló como nunca los sellos característicos de la corrupción y la impunidad, fue una de las demandas principales de 30 millones de votantes que vieron en AMLO la posibilidad de erradicar estos males de la vida pública mexicana.
Al momento de revisar perfiles, el hoy canciller, Luis Videgaray, ocupaba el primerísimo lugar.
Antes de ganar la elección presidencial, López Obrador lo consideraba como uno de los grandes responsables de la debacle nacional, generada a partir del regreso del PRI a Los Pinos y uno de los principales beneficiados por los jugosos negocios hechos al amparo del poder los últimos seis años.
En su lógica –acertada por cierto- Videgaray ha fungido hasta la fecha como un vicepresidente de facto, el hombre con mayor capacidad de influir en la toma de decisiones del presidente Peña y quien en coyunturas específicas llegó a tener inclusive hasta un mayor poder que el propio jefe del ejecutivo federal.
Sin embargo, algo cambió recientemente.
El terso inicio del período de transición de poderes modificó nombres, lugares y acciones.
De repente, Videgaray dejó de ser prioridad, a tal grado que ya nadie se ocupa de él en la órbita del presidente electo.
La virulencia con la que se referían a él y a sus acciones como funcionario público mutó en una sospechosa indiferencia.
Las prioridades cambiaron.
La lista sigue existiendo y juran que también sigue vigente la supuesta intención de terminar con la complicidad en el relevo de liderazgos en la política mexicana.
La integran entre otros, Rosario Robles, la responsable del desvío de 7 mil 600 millones de pesos de recursos federales a través de la asignación irregular de contratos para la realización de servicios en al menos once dependencias.
También Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT supuestamente autor de anomalías y actos de corrupción en la asignación y desarrollo de proyectos de obra pública.
El inamovible responsable del cobro de moches a empresarios beneficiados con contratos.
No podía faltar Emilio Lozoya, el ex director de Pemex involucrado en el cobro de 6 millones de dólares por concepto de sobornos a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de contratos con la paraestatal.
Como ve, tela sobra de dónde cortar.
Si se procede o no en contra de estos funcionarios, dependerá de qué tanta voluntad tenga López Obrador en demostrar que no es más de lo mismo.
Que no será cómplice de actos probados de corrupción y sí capaz de aplicar un estado de derecho sin privilegios en donde caiga quien tenga que caer.
Pasada ya la borrachera democrática, esto parece cada vez menos probable.
Lástima.
