Por Valentín Varillas
Tenemos nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.
En un estado que históricamente se ha caracterizado por sus enormes deficiencias en sus sistemas de procuración e impartición de justicia, el tema no es menor.
Tomar medidas concretas para evitar que sigamos siendo un paraíso de impunidad luce en el papel como una absoluta prioridad para quienes, a través del albazo legislativo y gracias al compadrazgo y al amiguismo, obtuvieron la posición.
¿Cómo lo harán?
¿Estarán a la altura de semejante responsabilidad?
Imposible saberlo a estas alturas.
Sin embargo, en los anales de la historia podemos encontrar pistas reveladoras.
Aquí un ejemplo:
El 9 de agosto de 2013, en el Periódico Oficial del estado, se emitió un decreto en donde el entonces gobernador Rafael Moreno Valle donaba, a título gratuito, un terreno de 15 mil metros cuadrados al Poder Judicial de la Federación.
Se trataba del predio conocido como “El Batán”.
Las razones de la donación: “facilitar el desarrollo de las actividades inherentes para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Al ser un asunto de suma importancia para el mandatario estatal, se decidió echar mano de uno de los juristas más destacados de la administración pública: en ese tiempo, el ahora magistrado José Montiel Rodríguez era subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno y uno de los consentidos de quien fungía como titular de aquella dependencia, Luis Maldonado Venegas.
Así se hizo.
La iniciativa de decreto quedó lista el 18 de julio de 2013 y fue entregada para su firma al titular del Ejecutivo del estado, al propio Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, en espera de su publicación en el diario oficial.
El documento fue presentado con todo el protocolo y formalidades necesarias para que el gobernador Moreno Valle quedara bien con el ministro Juan Silva Meza, para lo que pudiera llegarse a ofrecer.
Ya sabe que en esto de la política y el servicio público, nunca se sabe.
Y así pasaron los meses, en completa paz y tranquilidad.
Hasta que la Judicatura Federal intentó tomar posesión del terreno.
Algo andaba mal, simplemente no cuadraba.
Fue entonces cuando el decreto se sometió a análisis por un equipo de juristas del poder judicial federal, quienes detectaron que el predio otorgado no coincidía físicamente con la ubicación descrita.
Se trataba de un terreno diferente, que tenía dueño y que por cierto, presentaba varias irregularidades.
El escándalo detonó cuando un funcionario de primer nivel de la Judicatura federal se comunicó directamente a la oficina del gobernador para explicar la situación.
Moreno Valle llamó a cuentas a todos los involucrados y llegó el inevitable reparto de culpas.
Con los modos y las formas características.
A pesar de las evidencias en su contra, Montiel Rodríguez se dijo inocente y responsabilizó de su yerro a Francisco Guerrero, Director de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración.
El despido de quien en los hechos era inocente fue fulminante.
Ni siquiera se dignaron a escuchar su parte de la historia.
Así, por un pecado que no cometió se quedó de la noche a la mañana sin trabajo.
Muy justo, muy legal, muy equitativo ¿no cree?
Apoyado por Maldonado Venegas, Montiel salió impune del monumental gazapo.
Así fue como se le dio forma a un nuevo decreto, ya corregido, que dejaba sin efecto al primero, en donde ya coincidía físicamente con el predio real y que, sobra decirlo, en automático fue aprobado por el congreso estatal.
El documento fue puesto a consideración de los mismos firmantes el 6 de febrero de 2014.
El error jurídico se corrigió, pero el ridículo en el que quedaron el gobierno estatal y el Congreso local, será recordado por siempre en la Judicatura Federal.
¿Cómo ve la carta de presentación del flamante nuevo magistrado?
Si ese va a ser el sello característico de su actuar ¿cuántos inocentes serán condenados?
¿Cuántos culpables gozarán de una inmerecida libertad?
Sálvese quien pueda.
