Por Valentín Varillas
La maquinaria del oficialismo, como nunca, debe de blindarse.
A poco más de un año del proceso electoral, el fantasma más temido de la política vuelve a aparecerse en Puebla con toda contundencia: la infiltración del crimen organizado en el sistema democrático.
Hay enormes focos rojos en zonas del estado en donde es bien sabido que los grupos de facto, históricamente, han impuesto e imponen candidatos.
Se ha subido al debate público la urgencia de endurecer los filtros para evitar que aparezcan en la boleta, pero en los hechos, esto resulta prácticamente imposible.
Ni la Fiscalía General del Estado, ni el Instituto Estatal Electoral, tienen la capacidad técnica para analizar a profundidad y con absoluta exactitud, ni el perfil completo de los aspirantes ni el origen del dinero con el que realmente se financian las campañas.
En Puebla, hemos visto con toda claridad cómo todos los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación de personajes que saltan de la nota roja a la boleta electoral y viceversa.
Así que, de cara al 2027, la cuestión no va a girar en torno a quién tiene la mejor propuesta, sino a quién van a dejar llegar al día de la elección.
Y no es que no se sepa quiénes son los que piden el voto popular.
En la mayoría de los casos el financiamiento paralelo de campañas resulta muy tentador.
Candidatos que cuentan con recursos ilimitados para cubrir sus gastos, sin la necesidad de recurrir al dinero que por concepto de prerrogativas entra a las arcas de los partidos.
Negocio redondo.
Además, mientras sus adversarios compiten con propuestas, ellos lo hacen a través de la operación de redes de coerción.
Amenazan, inhiben y si es necesario, eliminan a quienes representan un obstáculo para sus intereses.
Así, no se puede hablar de democracia en el sentido completo del término si ésta se sostiene del miedo.
Es imposible hablar de elecciones libres cuando se normaliza la violencia como herramienta política.
Por eso, hemos visto muchos, muchísimos gobiernos en todos sus niveles que responden a intereses ilegales y no a la búsqueda del bien común.
Y no se ve cómo esta realidad pueda cambiar pronto.
Qué bueno que se hable de propuestas y acciones preventivas que combatan de frente esta realidad.
Pero mientras no se encuentre una forma de fortalecer los mecanismos de fiscalización del dinero real que entra a las campañas.
Si no se generan acciones efectivas para proteger a candidatos y a autoridades electorales, garantizando la presencia del Estado en territorios vulnerables.
Y si no se asume plenamente que ésta realidad no responde a “casos aislados”, sino a una amenaza real y constante de nuestra vida democrática, los polígrafos y los exámenes antidoping servirán únicamente para engrosar más el ya de por sí muy voluminoso catálogo de buenas intenciones.
Nada más.
