Por Valentín Varillas
Víctor Carrancá ya se fue.
El Fiscal, técnicamente renunció, gracias al halo de autonomía transexenal pactada con Rafael Moreno Valle, como premio por ser su escudero, el garante de impunidad para su grupo político.
Su cabeza es ya exhibida en la plaza pública como maniobra de mercadotecnia, que pretende obtener un beneficio electoral.
En la eternización de Carrancá, existió un evidente pago de facturas por los muchos y enormes favores prestados al régimen de Rafael Moreno Valle.
Si bien, el cumplirle cabalmente a su jefe es una consecuencia natural de quien se alquila, no cualquiera se hubiera echado los trompos que se aventó el hoy defenestrado, en su paso por la administración pública estatal.
Mire que se necesita valor para haber prostituido descaradamente las instituciones del estado en aras de encubrir a los asesinos de José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño indígena que murió como consecuencia del operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, aquel 9 de julio de 2014.
Asesinos que, por cierto, hoy siguen disfrutando de una libertad que no merecen.
Carrancá fue obligado a defender en medios nacionales la versión oficial de los hechos: una auténtica aberración legal que desafiaba no únicamente al estado de derecho, sino a las propias leyes de la física.
Ni cohetón, ni onda expansiva; se trató simplemente de un cobarde asesinato cometido por policías estatales absolutamente incapaces para el uso “no letal” de la fuerza.
La corrección de plana que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la “profesional” investigación hecha por la entonces PGJ, es una vergüenza que manchará de por vida el currículum de Carrancá.
Además de Chalchihuapan, todo el sistema de procuración de justicia en aquel sexenio, sirvió en los hechos como el más efectivo garrote utilizado en contra de quienes unilateralmente fueron etiquetados como “enemigos del gobierno”.
Activistas, defensores de derechos humanos, líderes de distintas organizaciones fueron víctimas de investigaciones sesgadas, tramposas, violatorias a los más básicos y elementales derechos constitucionales.
En muchos de estos casos, ganar consistentemente amparos ante la justicia federal no fue suficiente para recuperar la libertad de los perseguidos.
En resumen: en Puebla se utilizaron de manera facciosa las instituciones del estado para encubrir asesinos y para ajustar cuentas con los “incómodos”.
Un estado criminal.
Y en teoría, si tan solo viviéramos en algo parecido a un estado de derecho, tendría que haber consecuencias legales, jurídicas, no únicamente electorales o políticas.
En esta historia, como en otras de la política, el hilo se rompe por lo más delgado.
Sin embargo, no hay que perder de vista que aquí hay responsables morales.
Y es que, en los hechos, Carrancá nunca fue autónomo.
Como empleado, siempre siguió órdenes y tuvo un superior.
El que como auténtica marioneta lo manejó a placer y conveniencia.
En una administración en donde se ejerció a rajatabla un estilo de gobernar basado en el “control total”, no se movía la hoja de un árbol sin la voluntad del ser supremo.
Hoy, pretenden que nadie se acuerde de eso.
Le apuestan, otra vez, a la amnesia colectiva.
