Por Valentín Varillas
Los focos rojos se prendieron, cuando al escritorio del Secretario General de Gobierno de Puebla, llegó el documento que contenía un análisis realizado por los asesores jurídicos de la dependencia, sobre el proceso legislativo que se seguía en contra del ex –alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez.
Después de un estudio minucioso de los principales elementos tomados en cuenta para proceder a la inhabilitación y la determinación de la multa económica en contra del panista, la conclusión no pudo ser peor para los intereses del morenovallismo: “esto no resiste el menor análisis, desde el punto de vista legal”.
De inmediato, Diódoro Carrasco buscó a todos los actores involucrados en el tema y quienes habían recibido la encomienda de darle forma a semejante aberración, disfrazada de defensa del estado de derecho.
Después de explicarles los alcances de los procedimientos que habían realizado sus abogados, lo que habían encontrado y sus conclusiones, todos coincidieron en las siguientes frases: “Son órdenes y punto: la estrategia sigue tal y como se planteó desde el principio. El tiempo aquí es lo más importante”.
Al encargado de la política interna poblana le preocupaban, sobre todo, aquellos señalamientos en contra de la administración de Rivera Pérez que conllevan una responsabilidad conjunta con instancias del gobierno estatal, sobre todo en lo que se refiere a la realización de obra pública.
A pesar de la gravedad del tema y lo contundente del veredicto final, la angustia de Diódoro no encontró eco.
A la par, el líder del congreso, Jorge Aguilar Chedraui, hacía llamadas obsesivas a personajes de primer nivel de la política local para obtener de ellos la promesa de hacer pronunciamientos públicos a favor del proceso.
“¿Por qué no te has subido a madrear a Lalo?” – cuestionaba.
Y presionaba también, poniendo en duda la lealtad de sus interlocutores utilizando aquel trillado argumento que apela al “momento de las definiciones”.
Aguilar Chedraui tocó la puerta más alta en el organigrama del poder político poblano actual y le dieron en la nariz.
Así de claro, así de contundente.
La estrategia mediática buscaba contrarrestar el unánime respaldo que Rivera Pérez había encontrado en los más importantes liderazgos nacionales al interior del PAN, manifestado en categóricos mensajes en redes sociales y en entrevistas sobre el tema.
La preocupación y el cabildeo confirmaban lo que siempre se negó obsesivamente en el discurso: que se trataba de un asunto político y no de combate a la corrupción ni de rendición de cuentas.
De no haber sido así, habría completa y absoluta tranquilidad entre quienes recibieron la orden del ex gobernador Moreno Valle de operar la consigna.
Es evidente que resultaron muy precisas las conclusiones hechas por los asesores jurídicos de la SGG y que Rivera Pérez, de no haberse prestado a la negociación, tenía enormes posibilidades de ganar los procesos legales que el Congreso poblano había cuadrado en su contra.
Sin embargo, el fallo legislativo y la consecuente madriza mediática en su contra, cumplieron en su momento con el objetivo inmediato de pretender eliminarlo del reparto de candidaturas en el 2018 y de paso, ante el obvio amarre del morenovallismo con el presidente Peña, afectar desde adentro las aspiraciones de Josefina Vázquez Mota en el proceso electoral del estado de México.
En su afán de completar la vendetta, nunca consideraron el riesgo de hacer un enorme ridículo, ya sea porque los fallos de la justicia federal no los hubieran favorecido o bien, en el escenario menos imaginado y probable, el de la negociación entre grupos enemigos y aparentemente irreconciliables.
Obviaron un pequeño gran detalle: el asqueroso pragmatismo que hoy priva en la política nacional y que facilita que se concreten monumentales aberraciones como la que se ha sellado en Puebla.
