Por Valentín Varillas
Era únicamente cuestión de tiempo.
Jueces federales han encontrado evidencia suficiente en los abusos cometidos por la empresa beneficiada por la concesión del agua potable en Puebla capital y municipios conurbados, para otorgar amparos a favor de ciudadanos víctimas de sus leoninas políticas.
La resolución judicial, que contempla suspensiones provisionales y en un caso definitiva, ante los cortes en el suministro del líquido, deja un antecedente para que más amparos se presenten con amplias posibilidades de ganarse.
Los encargados de administrar justicia emiten sus resoluciones aplicando la más elemental lógica, una vez que Agua de Puebla, desde su creación, ha optado por llevar a cabo una política empresarial que daña los intereses de los usuarios, abusando del monopolio que ejercen.
El abuso intencional en los cobros por concepto de agua potable, fueron ordenados por Domingo Blanco y su hijo Daniel, cabezas visibles de lo que en su momento se conoció como Concesiones Integrales en Puebla.
La directriz fue clara y concisa: cobrar un sobreprecio a todo, absolutamente todo.
Tarifas habitacionales sin importar el estrato social, tarifas comerciales, industriales, factibilidades, etc.
Cualquier cobro tiene que llevar un aumento de mínimo 200 y máximo 300%, dependiendo del monto total a requerir.
La estrategia se basa en una premisa que, por historia, demuestra que poco menos del 50% de quienes son víctimas de un abuso como éste, sigue los procedimientos establecidos para reclamar.
De esta manera, la familia Blanco calculó que saldría impune de más de la mitad del total de casos en donde los cobros son injustos, lo que se traduce en varios millones de pesos mensuales en ingresos adicionales para su empresa.
El comportamiento anterior se da sobre todo en clases acomodadas, no acostumbradas al reclamo y que por un asunto de mantener el “prestigio” y el “buen nombre”, evitan a toda costa el riesgo de ser exhibido como moroso.
El encargado de revisar que la estrategia se aplicara al pie de la letra fue Alejandro Manuel Márquez, representante legal de Concesiones Integrales, quien tenía a su cargo a un buen número de abogados “importados” de la CDMX y que serían los encargados de llevar los casos que se presenten en tribunales.
Traer profesionales provenientes de la capital del país tiene una razón de ser: que no conozcan a nadie en Puebla y así eliminar el amiguismo, el compadrazgo, el pago de favores y los posibles compromisos.
Además, un punto importante para que la estrategia funcionara fue la reducción al mínimo posible del personal que atiende quejas y reclamos.
De esta manera, el tiempo para ser atendido crecería de forma exponencial, facilitando la posibilidad de que el quejoso se harte de esperar y decida no formalizar su reclamo.
En este contexto, queda claro que el sobreprecio en las boletas de cobro por concepto de agua no son, desde su origen, producto de un error, sino de una política de empresa.
El peor escenario, el de que con la privatización del SOAPAP el agua potable se convirtiera en un artículo de lujo, se ha cumplido a cabalidad.
Hoy, el comúnmente llamado “vital líquido” se vende con criterios similares a los del crimen organizado o la mafia siciliana.
En el afán de hacer dinero y privilegiar a incondicionales, las políticas públicas de este gobierno han perdido completamente cualquier trasfondo social.
La prostitución del servicio de agua potable es el más claro y a la vez el más asqueroso de los ejemplos.
Afortunadamente, hoy existe una posibilidad real de terminar con esta aberración.
