Por Valentín Varillas
La corrupción endémica, sello característico del actual gobierno de la República, ha infectado ya a la delegación Puebla de Caminos y Puentes Federales.
Así tenía que ser.
Juran los enterados que el jefe de la mafia interna es –vaya contradicción- el subdelegado jurídico, Jacil Job Díaz Alvear.
Sí, el encargado de respetar y hacer respetar que el estado de derecho se cumpla en la dependencia, es el primero que lo tuerce.
Y de qué manera.
Para este personaje, los procedimientos que deben seguirse para resolver cuestiones legales, son simplemente inútiles y estorbosos documentos, cuya letra muerta hay que pasarse por el arco del triunfo.
Y es que, Díaz Alvear ha sabido navegar de tal manera al interior de la delegación, que su actuar sobrepasa, y por mucho, las características de sus funciones.
Presiona, acuerda y amarra con constructores, gracias al desconocimiento o la complicidad de sus superiores.
Promete quitarles trabas, hacerles más terso el camino y se vende como el único capaz de convertir su trato con Capufe, en un paraíso o un infierno.
En ese sentido, por las manchadas manos de Jacil Job pasan contratos, convenios, suspensiones, terminaciones de obra y finiquitos.
Todo.
Los empresarios constructores han entendido que a la larga es más rentable “acordar” con él, que hacer valer sus derechos como contratistas del gobierno federal.
Un asco.
Una de las áreas de mayor rentabilidad, para quien se atreve a venderse como abogado, es el de manejar cierres pendientes de contratos que llevan -gracias a la muy sui géneris justicia mexicana- varios años en el limbo.
Una fuente inagotable de recursos para quienes forman parte de esta apestosa cloaca.
Porque no sólo es él.
Para haber logrado alcanzar el poder que tiene, varios de quienes ocupan un lugar más ato en el organigrama de la delegación, tienen que formar parte del negocio.
No hay de otra.
Aprovechando su puesto, este individuo -que bien podría haber protagonizado la versión siglo 21 de la Ley de Herodes- elimina fulminantemente a quienes le estorban.
Despidos injustificados, salpicados de amenazas veladas o explícitas, son la vía más utilizada.
Quienes no están dispuestos a tolerar sus corruptelas o bien, a ser cómplices involuntarios de ellas, han tenido que sufrir las consecuencias.
Sin embargo, en su ambición, Jacil Job se volvió descuidado.
Hay un caso emblemático que pronto será un escándalo monumental, que llegará hasta lo más alto de los mecanismos de control interno del gobierno federal.
Involucra a la empresa constructora poblana Agregados las Derrumbadas S.A. de C.V.
Y es que, de manera por demás sospechosa, Capufe tuvo que pagarle130 millones de pesos por una revisión “equívoca, anulada y reclamada”.
La dependencia cometió errores jurídicos intencionales monumentales para justificar lo anterior.
El pago por semejante favor rondó el 15%.
Haga cuentas.
Sume casos, que no son aislados.
Tómelos como modestos ejemplos de todo lo que se da ahí dentro y saque conclusiones.
Esta historia podría ser materia prima para la realización de nuevos spots publicitarios del gobierno federal, para concluir que es mucho más lo malo y que sí, desgraciadamente se cuenta muy poco.
