Por: Valentín Varillas
En el discurso de las autoridades en torno al caso Ajalpan, existe una preocupante constante -evidente en otras complicadas coyunturas que han afectado la imagen del gobierno estatal-: la ausencia absoluta de autocrítica.
Bajo su óptica, no existieron errores, omisiones o fallas, ni siquiera menores, que pudieron haber abonado al linchamiento de dos encuestadores a los que la turba popular caprichosamente etiquetó como secuestradores.
Tampoco admiten que la instancia encargada de la gobernabilidad en el estado falló, por lo menos en el proceso de obtención y procesamiento de la información necesaria para detectar el enojo social existente entre la comunidad, ante posibles yerros de la administración municipal.
Permanentemente, niegan que en territorio poblano existan focos rojos en materia de gobernabilidad, a pesar de que la propia autoridad tiene registrados en lo que va del año por lo menos cinco casos de homicidios a manos de pobladores, de los cuales tres terminaron en linchamiento.
La actitud mostrada por el gobierno estatal, no sorprende pero sin duda preocupa.
Es la misma que utilizaron a rajatabla en el caso del asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo por parte de policías estatales en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio del año pasado.
A pesar de la contundencia de las pruebas, jamás hubo un reconocimiento público de que existieron monumentales errores de planeación, operación y procedimiento en el desalojo de la autopista a Atlixco, tomada por pobladores de esa junta auxiliar.
Mantuvieron siempre una mentira oficial discursiva basada en premisas insostenibles y manipulación de hechos e instituciones para evadir su responsabilidad y culpar a terceros.
El mea culpa no llegó ni siquiera después de que el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos destrozó el eje medular del discurso oficial.
La misma estrategia de evasión de responsabilidades se ha aplicado en temas como los feminicidios, el encarcelamiento de opositores al régimen, la falta de resultados concretos en materia de política social, los errores en la planeación y construcción de proyectos de obra pública, la falta de transparencia en el manejo de recursos, por mencionar algunos.
Jamás hemos visto en la postura oficial sobre estos hechos el menor reconocimiento de potencial responsabilidad de alguna instancia pública; siempre es culpa de los demás.
Habrá, sin duda, quienes vivan felices, convencidos de que en Puebla nuestras autoridades gozan del sagrado privilegio de tener el don de la infalibilidad.
A los simples mortales, nos preocupa la cerrazón absoluta y la falta de humildad para reconocer que el errar es una consecuencia natural en el ejercicio de gobierno y que la aceptación de lo anterior es la condición básica para la potencial solución de problemas.
El traje de semidioses con el que se han vestido desde el primer día quienes hoy ocupan los más altos cargos en la política y el servicio público, ha tenido como consecuencia su alejamiento con la gente.
Por más fotos y eventos públicos en donde intentan mostrarse como figuras carismáticas y populares, la realidad es que se ven acartonados, forzados, poco naturales.
Es evidente que no disfrutan los “baños de pueblo”, indispensables para adornar el boletín oficial.
Ahora que está a punto de comenzar un proceso electoral prioritario para el grupo en el poder, los asesores y estrategas del régimen trabajan en cambiar la imagen “autoritaria” –ganada a pulso- de quienes nos gobiernan, por otra mucho más “humana”.
Reconocer que pueden equivocarse, como cualquiera, puede ser un buen inicio.
¿No cree?
