Por: Valentín Varillas
Una de las primeras acciones que tomó Facundo Rosas como Secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla fue la de designar a 40 elementos para integrar su guardia de protección personal.
Algunos de ellos fueron destinados como escoltas y formaron células que lo acompañaban cuando tenía que desplazarse a encargos dentro de la ciudad o a municipios al interior del estado, para lo que se utilizan 4 camionetas blindadas.
A la par, mandó a colocar una enorme y altísima barda perimetral alrededor del edificio que alberga la dependencia allá en el barrio de Xonaca, con el objetivo de “evitar cualquier ataque en su contra, proveniente del exterior”.
Era evidente que el flamante funcionario le tenía pánico a algo.
Mientras Facundo le daba forma a un equipo de seguridad para uso particular sin precedente en Puebla, en el plano discursivo minimizaba la realidad que vivía el estado en materia delincuencial.
Utilizando hasta el cansancio la hueca comparación con estados del norte del país, vendía que aquí se vivía un estado de excepción en materia de seguridad: una auténtica sucursal del país de las maravillas.
La contundente realidad no tardó en ponerlo en su lugar.
El robo a casa habitación, de vehículo y de autopartes, el asalto con violencia a cuentahabientes y hasta el secuestro, se dispararon salvajemente desde su llegada y sus índices superaron en ocasiones a los de aquellos estados norteños con los que le encantaba compararse.
Puebla se convirtió así en un paraíso para la delincuencia local y para bandas que venían de otros estados de la República a operar, ante la inminente ineptitud, complacencia y en ocasiones complicidad con las autoridades.
Después del proceso electoral 2013, una vez que el morenovallismo ganó las principales alcaldías, Facundo Rosas convocó a 40 ediles electos para proponerles implementar un mando único de facto en sus comunidades.
Para ello, el secretario tenía ya una lista de más de 100 elementos que habían trabajado con él en su paso por la administración pública federal y a quienes pretendía perfilar como secretarios, subsecretarios, jefes de grupo y demás posiciones de poder dentro de la estructura operativa de seguridad en esos municipios.
La “invitación” hecha por el funcionario estatal traía el apestoso tufo de la amenaza.
Facundo recomendaba a los presidentes electos hacerle caso a sus recomendaciones “para no tener problemas” y poder “implementar estrategias conjuntas de combate a la delincuencia entre niveles de gobierno”.
“Si no me hacen caso, luego no vengan a quejarse ni a pedirme ayuda”- les soltó con el mayor de los descaros.
Increíble.
Sin embargo, la corrupción y la obtención de recursos, aprovechando el cargo que hasta hoy inexplicablemente ostenta, ha sido el sello particular de su gestión como encargado de la seguridad pública en Puebla.
El vergonzoso grado de colusión entre policías estatales del más alto nivel con las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible es una prueba contundente de lo anterior.
Pero hay y hubieron en su momento muchas otras.
Ya le recordaba en una entrega anterior el millonario negocio que Facundo y sus secuaces han hecho con los contratos asignados a las empresas que han tenido la exclusividad para brindar el servicio de comedor a la totalidad de policías, custodios e internos de los centros penitenciarios de la entidad.
Altos precios a cambio de menús de hambre.
Hay además enormes signos de interrogación en términos del manejo de recursos federales destinados a la capacitación y formación de policías.
Una muestra, modesta si quiere, pero representativa del grado de corrupción que impera en la dependencia.
En 2013, 75 cadetes que realizaban el curso de iniciación policial en la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado se quedaron esperando que la SSP les cumpliera con lo que les prometieron al momento de inscribirse como aspirantes a policías: una beca mensual de 3000 pesos, por un lapso de seis meses y el servicio de 3 comidas diarias para subsistir.
En lo que se refiere al tema del dinero, lo curioso del caso es que el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) recibió en tiempo y forma los recursos provenientes del gobierno federal.
A su vez, el CESP los transfirió a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en donde al parecer se “extraviaron”, ya que jamás fueron utilizados para los fines que se presupuestaron.
La cadena de mando al interior de la dependencia, cuando se trata de un asunto de dinero, era (es) muy sencilla y absolutamente piramidal.
Es decir, nada pasa sin que se entere el secretario.
Facundo Rosas, fue enterado de la transacción y el destino que deben llevar los recursos.
De ahí, la responsabilidad de su gasto y operación recaía en Mario Alberto Valencia Velasco, Director General de Administración y en Mario Enrique Ramírez Olguín, Director General de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional.
75 alumnos, a 300 pesos por alumno, por un lapso de seis meses, nos arroja la nada despreciable cantidad de 1 millón 350 mil pesos.
Nada mal para uno solo de los cientos de negocios que operan.
Para algunos, Facundo Rosas vive ya sus últimas horas en el gabinete estatal.
Para otros, la “sociedad” que en teoría tiene con poderosos personajes de altísimo nivel en el poder político local, así como la basta y sumamente comprometedora información que posee, lo convierten en un personaje intocable del círculo más cercano del mandatario estatal.
La decisión recae en un solo hombre.
El período vacacional terminó y llegó el momento de las definiciones.
Limpiar o tolerar: he ahí el dilema.
Las dos podrían traer consecuencias desastrosas.
Un auténtico volado.
