La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cuenta con el expediente y con la resolución del juez federal, para que sea la instancia encargada de proceder a la destitución del edil, del síndico y la disolución de todo el cabildo.
La sentencia se desprende del expediente 500/2009, que puede consultar aquí en su totalidad, referente a la demanda interpuesta por el Comisariado Ejidal de San Baltazar Campeche en el año 2009 en contra de la administración municipal, en ese entonces encabezada por Blanca Alcalá Ruiz, por la disposición ilegal del predio ubicado en la prolongación de la avenida Nezahualcoyotl en la colonia 3 Cruces, sin que mediara un decreto expropiatorio, con lo que se afectó una parte de ese ejido que consta de 940 hectareas totales.
Después de un largo proceso de juicios y alegatos, demandas y contrademandas, así como la promoción de varios juicios de amparo, el 23 de octubre del 2014 el Primer Tribunal Colegiado ratificó la sentencia dictada en julio del 2013 y emitió el último requerimiento para que el H. Ayuntamiento de Puebla pagara los poco más de 14 millones de pesos de indemnización a los ejidatarios de San Baltazar Campeche.
Sin embargo, los pésimos oficios del síndico Héctor Sánchez ensuciaron el proceso dado que se limitó a presentar acciones dilatorias a la sentencia sin efectuar el pago, y dado que la comuna desobedeció el requerimiento del 23 de octubre del año pasado, los ejidatarios presentaron un incidente de inejecución en contra del Ayuntamiento de Puebla mismo que fue aceptado y declarado como fundado el 10 de diciembre del 2014, por el ministro Cárdenas Ramírez.
Cab señalar que tras conocerse la sentencia que obliga al ayuntamiento de Puebla encabezado por Antonio Gali Fayad a pagar la indemnización, tanto el Congreso del Estado como la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla se declararon imposibilitados para fungir como superiores jerárquicos del H. Ayuntamiento de Puebla, tal y como lo revelan documentos contenidos en el expediente.
En otras palabras, tanto el Congreso del Estado como el Gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle deteminaron no intervenir en el asunto y dejar que fuera la propia comuna el que resolviera el problema.
De acuerdo con fuente oficiales, el gobierno de la capital solicitó a la administración estatal el apoyo económico para poder solventar el pago de la indemnización, a lo que desde la Secretaría de Finanzas, por órdenes del propio Moreno Valle, se negó dicha ayuda, lo que deja en entredicho las versiones de que las relaciones entre Moreno Valle y Gali Fayad son tersas.
Ante la ineficiencia de la sindicatura municipal y la negligencia del gobierno de Antonio Gali Fayad para cubrir el pago de la indemnización, pende de un hilo la legitimidad del gobierno de la capital, pues la SCJN ya es la última instancia oficial para obligar al pago de la misma o en su caso para ejecutar la disolución del cabildo poblano.
