Más allá de haber faltado a la obligación moral de dirigirse con absoluta veracidad a sus gobernados, el pervertir el actuar de dependencias prioritarias en el servicio público para volver creíble la versión oficial de los hechos, es un acto criminal que debería tener consecuencias legales.
No, a pesar de la diarrea verbal utilizada para intentar defender lo indefendible y los millones del erario gastados a quienes entusiastas la repitieron hasta el cansancio, no hubo cohetón, ni onda expansiva mortal.
El proyectil disparado a mansalva por uno de los policías que participaron en el operativo de desalojo de la autopista a Atlixco el pasado 9 de julio, además de terminar con la vida del menor, aniquilaron la confianza en el gobierno estatal.
Con toda su crudeza vemos ahora cómo la Procuraduría de Justicia no llevó a cabo una investigación encaminada a llegar a la verdad de los hechos y deslindar las responsabilidades consecuentes.
Al contrario, al procurador Carrancá se le dio la orden de limitar su chamba a lo que marcaba la retórica oficial y no moverse ni un milímetro de ahí, sin importar la cantidad de ridículos que debía protagonizar para lograrlo.
Siguió la indicación al pie de la letra y arrastró su prestigio hasta lo más bajo posible.
Para la historia quedarán sus vergonzosas declaraciones en los igualmente penosos carruseles que los sesudos operadores de medios le organizaron por noticieros locales y nacionales.
Al final, ni una sola de las conclusiones a la que llegó fue respaldada por la CNDH.
Ni hablar, siguió órdenes y ese será siempre el altísimo costo de alquilarse.
El caso Chalchihuapan lo marcará de por vida y la historia lo etiquetará como encubridor del asesinato de un menor.
Facundo Rosas nos dio la razón a sus críticos cuando en reiteradas ocasiones señalamos que su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se normaba por la corrupción y la ineficiencia.
Su talante represor quedó demostrado con el dictamen de ayer.
Pero además, es evidente que el tan cacareado proceso de capacitación de los cuerpos policiacos es un rotundo fracaso que contradice el discurso gubernamental.
La violación a los protocolos más elementales durante el operativo de Chalchihuapan los puso en evidencia y las consecuencias de su improvisado actuar fueron mortales.
No tenemos una policía profesional y mucho menos libre de la infiltración de criminales en sus filas.
¿Se acuerda del policía pederasta, héroe del gobierno poblano?
El sentido del resolutivo de la CNDH marcará un antes y un después en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Será urgente una reingeniería interna que contemple un cambio no solo de nombres, sino de actitudes y conductas.
El hilo, claro está, se romperá por lo más delgado.
Los paganos visibles hasta el momento son Carrancá y Facundo.
Sin embargo, no hay que perder de vista que en esta historia también hay responsables morales.
Ni el procurador ni el secretario de seguridad pública son autónomos.
Como empleados, siguen órdenes y tienen un superior.
En una administración en donde se ejerce a rajatabla el estilo de gobernar ejerciendo el “control total”, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del ser supremo.
No hay que olvidarlo jamás, aunque no lo diga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
