Con reclamos al “silencio cómplice” de grupos de la sociedad civil que acompañaron la alternancia política, la ausencia de protocolos en el trabajo policial, la criminalización de la protesta como una política que se replica en los estados y la crítica al trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron los temas que se plantearon en la mesa de debate “La ley Bala: Un recuento de los daños”, que se realizó en la Universidad Iberoamericana.
Una serie de reflexiones en las que participaron Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) capitulo Puebla; Leopoldo Maldonado, oficial del programa legal de Artículo 19; Simón Hernández abogado del Centro Pro; Lucila Quintero, hija de Enedina Rosas, una de las personas detenidas por su oposición al gasoducto Morelos; y Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernandino Chalchihuapan.
“Silencio cómplice”, el de Actívate por Puebla
En su participación, Roberto Alonso señaló las inconsistencias, huecos legales y contradicciones que tiene la ley bala. Y criticó duramente el “silencio cómplice” de Actívate por Puebla, la organización que agrupa a rectores de universidades públicas y privadas, y cúpulas empresariales que como dijo Alonso, fueron parte importante en el proceso de alternancia política en el estado.
“Al día de hoy, a casi tres meses de la aprobación de la ley bala al vapor, procedimiento que se activa cuando el remitente de las iniciativas de leyes o reformas es Casa Puebla, la red Actívate por Puebla, que jugó un papel importante en la coyuntura electoral, no ha emitido un posicionamiento sobre la ley o sobre el violento operativo en Chalchihuapan”.
También cuestionó que el orden social no se alcanzará con más policías y abundó que la protesta es un punto importante en toda sociedad, pues es un catalizador que exalta la dignidad humana y la libertad de expresión.
¿Y los protocolos?
Por su parte Leopoldo Maldonado, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, señala la ola de criminalización de manifestaciones y manifestantes que recorre el país y que ya ha recalado en Quintana Roo, El DF, Chiapas, Sinaloa y Puebla.
Y cuestiona que a casi tres meses de que se aprobó la ley bala no se conozcan hasta el momento los protocolos de actuación para los policías, una herramienta que la propia ley contempla como necesarios para su aplicación.
“Llama mucho la atención que en Chalchihuapan dicen que se aplicaron los protocolos, pero seguimos esperando que nos digan donde están publicados, pero además la regulacióndel uso de la fuerza, como no lo hace la ley bala, evitar la discrecionalidad de las autoridades, por eso hicieron lo que quisieron ese día, usaron las armas que quisieron y procedieron sin agotar el diálogo”.
Plascencia debería renunciar
En tanto que Simón Hernández criticó lo que dijo es la capitalización política de los sucesos en Chalchihuapan, esto en referencia a la visita del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, a la comunidad en donde se produjo el violento desalojo.
Y apuntó: “Si en este país existiera un estado democrático y de derecho, y un sistema de responsabilidad institucional lo mínimo que podría hacer hoy Raúl Plascencia es presentar su renuncia, o al menos explicarle a la gente de Chalchihuapan que hace en ese lugar cuando él mismo y la institución que preside avaló expresamente la Ley Bala, y señaló en una comparecencia en el Senado que la CNDH estaba muy atenta a la valoración e interposición de acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de Quintana Roo, Chiapas y Puebla, y no lo hizo”.
Se fabrican delitos
En tanto, Lucila Quintero expusóque en la detención de la que fue víctima su madre, opositora al Gasoducto Morelos, Enedina Rosas, hay muchas irregularidades y delitos fabricados. Y que el fondo de su detención fue su oposición al proyecto que impulsa la Comisión Federal de Electricidad.
