También publiqué que existía un oficio, el SDUE/DDU/126/2014, girado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, el uso de suelo del predio es “habitacional densidad 44”, por lo que está prohibida cualquier actividad de tipo industrial.
El haber hecho público lo anterior, obligó al gobierno de Leoncio Paisano a clausurar la planta de concreto el pasado 30 de mayo.
Sin embargo, más que una clausura real, se trató de una enorme puesta en escena.
Y es que, a pesar de los sellos instalados, la planta de concreto sigue trabajando impunemente, sobre todo por las noches y muy temprano en la mañana.
La imágenes no dejan lugar a dudas.
Lo anterior, no hace sino confirmar que personajes muy poderosos ligados a la administración pública de San Andrés son los verdaderos dueños de este negocio que debe de estar dejando millonarias ganancias.
La protección ha sido tan descarada que patrullas de seguridad del municipio, lejos de cumplir con su trabajo de detener a una delincuencia que se ha disparado en ese lugar, vigilan que nadie moleste a los trabajadores de la planta.
Dos de ellas están destinadas permanentemente para eso.
El colmo es que los terrenos en donde labora la concretera colindan con la parte de atrás del edificio del complejo de seguridad de San Andrés.
Con sólo asomarse por la ventana de alguna de las oficinas, cualquier funcionario se daría cuenta que se labora en una empresa clausurada por el mismo gobierno para el que trabajan.
Por cierto, fuentes al interior de la administración de Leoncio Paisano han confirmado que la planta es propiedad de José Gustavo Garmendia, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés, y que el propio alcalde tiene “fuertes intereses” en el negocio.
Después de esto, ¿le queda alguna duda?
