Las razones de la donación: “facilitar el desarrollo de las actividades inherentes para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal”.
Al ser un asunto de suma importancia para el mandatario estatal, se decidió echar mano de uno de los juristas más destacados de la administración pública: José Montiel Rodríguez, subsecretario jurídico de la Secretaría General de Gobierno y uno de los consentidos del titular de la dependencia, Luis Maldonado Venegas.
Así se hizo.
La iniciativa de decreto quedó lista el 18 de julio de 2013 y fue entregada para su firma al titular del ejecutivo del estado, al propio Secretario General de Gobierno y al Secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, en espera de su publicación en el diario oficial.
El documento fue presentado con todo el protocolo y formalidades necesarias para que el gobernador Moreno Valle quedara bien con el ministro Juan Silva Meza.
Y así pasaron los meses, en completa paz y tranquilidad.
Hasta que la Judicatura federal intentó tomar posesión del terreno.
Fue entonces cuando el decreto fue analizado por juristas del poder judicial federal, quienes detectaron que el predio otorgado en el decreto no coincidía físicamente con la ubicación descrita.
Se trataba de un terreno diferente, que tenía dueño y que por cierto, presentaba varias irregularidades.
El escándalo detonó cuando un funcionario de primer nivel de la Judicatura federal llamó directamente a la oficina del gobernador para explicar la situación.
Moreno Valle llamó a cuentas a todos los involucrados y llegó el inevitable reparto de culpas.
Con los modos y las formas características.
A pesar de las evidencias en su contra, Montiel Rodríguez se dijo inocente y responsabilizó de su yerro a Francisco Guerrero, Director de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Su despido fue fulminante.
Ni siquiera escucharon su parte de la historia.
Apoyado por Maldonado y con la indiferencia de Moya, Montiel salió impune del monumental gazapo.
Así fue como se le dio forma a un decreto nuevo, ya corregido, que deja sin efecto al primero, en donde ya coincide físicamente con el predio real y que, sobra decirlo, en automático fue aprobado por el congreso estatal.
El documento fue puesto a consideración de los mismos firmantes el 6 de febrero de 2014.
El error jurídico se corrigió, pero el ridículo en el que quedaron el gobierno estatal y el Congreso local, será recordado por siempre en la Judicatura Federal.
