Ejemplos de lo anterior pueden ser Nacional Financiera (Nafin) a nivel federal con el “rescate” financiero que hará de los maestros, y lo que recauda el estado de Puebla por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina ISN)
Aunque son diferentes en su operación y objetivo, al final los recursos son para financiar lo que no estaba previsto inicialmente.
ISN y el rescate de PPS
Hace unos días por disposición del Ejecutivo Estatal y con la aprobación -sin chistar- del Congreso local se incrementó la tasa del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (mejor conocido como Impuesto Sobre la Nómina ISN), del 2 por ciento pasó al 3 por ciento, que precisamente pagan las empresas conforme al número de personal que tienen contratado.
Los empresarios poblanos de inmediato reaccionaron en contra del aumento al ISN, y demandaban que el gobierno informara sobre el destino de tales recursos. Pero, de un día a otro (literal) los patrones cayeron en el más notorio silencio.
En parte porque les cancelaron el desplegado que pretendían publicar en un diario local, dirigido al gobierno del Estado; también, porque algunos de los empresarios apenas se dieron cuenta que desde hace varios meses los diputados locales ya habían aprobado el destino de los 2 mil millones de pesos que recauda el estado por el ISN.
A mediados de este año (meses antes que el gobernador enviara la Ley de Ingresos de 2014), los diputados locales aprobaron reformar la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que el Poder Ejecutivo (léase Secretaría de Finanzas) disponga por lo menos durante 30 años del total de los recursos del ISN para pagar a los “inversionistas”.
En otras palabras todo lo que se recaude del ISN será para pagar el Centro Integral de Servicios, que fue construido vía PPS, por empresarios, por “inversionistas”.
Baste leer el artículo 18 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla (LPPS), que dice:
“El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas estará facultado para afectar de forma irrevocable los ingresos del estado derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos u otros conceptos como fuente de pago, garantía o ambas, de todo tipo de obligaciones que contraiga el Estado, a través de las dependencias o aquellas contraídas por entidades públicas o terceros prestadores de bienes o servicios, con motivo de Proyectos para Prestación de Servicios que contrate o celebre alguna de las dependencias o entidades públicas antes mencionadas”.
Además: “Para dichos efectos el ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato del fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal. Los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos afectos a los fideicomisos señalados en el presente párrafo se considerarán desincorporados temporalmente del patrimonio del estado”.
En el artículo Segundo se indica: “Se autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas para afectar de forma irrevocable el porcentaje que resulte suficiente y/o necesario de los ingresos del estado, provenientes del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal como fuente de pago, garantía o ambas, de todo tipo de obligaciones de dependencias o entidades públicas que se contraigan o se hayan contraído con motivo de la contratación de Proyectos para Prestación de Servicios”.
Así, tal como lo establece la reforma a la LPPS están más que “etiquetados” los miles de millones de pesos que durante 30 años (5 sexenios) recaudará el gobierno del estado por concepto de ISN.
Ahora son 2 mil millones de pesos por año de ISN, pero dentro de dos años o cuando lo “considere conveniente” el gobierno estatal puede aumentar la tasa para cubrir los compromisos por PPS.
Los recursos del ISN van sólo para infraestructura gubernamental, no para infraestructura pública, no se destinan para obra que realmente necesitan los 6 millones de habitantes del estado de Puebla.
Nafin y el rescate magisterial
Por otra parte, está el destino de 5 mil millones de pesos por parte de Nafin para “rescatar” las finanzas de miles de profesores.
Por orden presidencial se creó el “Programa de Refinanciamiento de Créditos de Nómina para los Trabajadores de la Educación Agremiados al SNTE”; es decir, los 5 mil mdp que Nafin transferirá a Basefi serán para sustituir los actuales créditos de los maestros por otros con tasas más baratas y de largo plazo, lo que se reflejará en ahorros y se evitará el sobreendeudamiento de los trabajadores de la educación.
Miles de maestros están endeudados con diferentes casas de empeño o de préstamos que les gestionaron créditos con “cómodos pagos” a la quincena o mensuales, con elevadas tasas de interés, por consiguiente están más que endeudados.
Esos maestros cada quincena reciben sus cheques, pero hasta el 70 por ciento de su ingreso va a dar a esas casas de empeño o préstamo para cubrir sólo intereses ni siquiera el capital del préstamo original.
Así que por orden de Peña Nieto se creó el “fobaproa magisterial” para rescatar a los maestros con recursos públicos a través de Nafin.
Nafin (banca de desarrollo) está para respaldar a empresas micro, pequeñas o medianas, para que puedan llevar a cabo sus planes de negocio, para que adquieran capital de trabajo, contraten personal, capaciten su mano de obra, para que crezcan y hasta puedan exportar.
El objetivo de Nafin no es para rescatar a particulares que están endeudados.
¿O qué cantidad de recursos puede destinar Nafin para “rescatar” a micro o pequeños empresarios que no pueden con su deuda y que están a punto de quebrar? Por supuesto que ni un peso para ello.
Ambos ejemplos finalmente coinciden en que los recursos se utilizar para financiar aspectos que no estaban contemplados inicialmente, que no son la razón de ser de los fideicomisos o de las partidas presupuestales.
Es la voluntad, es la decisión unipersonal de quien ejerce el poder la que lleva a “justifican” el destino final de recursos multimillonarios, mientras el sector productivo y la población deben arreglárselas como puedan, si es que pueden.
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