Nadie intervino para evitar el cierre de una fuente de trabajo, ni para evitar que la dueña del negocio y las personas que ahí laboraban fueran señaladas por su condición civil, de género o sexual.
Durante cinco años operó La Forchetta (antes conocido como Bamboo) sin ningún problema; las familias y jóvenes de Chipilo asistían al lugar para degustar los alimentos, disfrutar un rato de esparcimiento. Nadie se interesaba ni sabía la condición civil o preferencia sexual del personal. Nunca hubo queja alguna.
Pero, bastó la intromisión de la presidenta auxiliar Zago Colombo, que señalara al personal, para que en menos de 24 horas se decidiera el cierre definitivo del establecimiento después de cinco años de funcionar.
Los derechos humanos y laborales fueron violentados y ni un diputado alzó la voz para ello, menos el gobernador se dignó emitir un tuit sobre el asunto.
Y ahora resulta que los diputados tienen asuntos “más importantes y urgentes” que atender que hasta en domingo trabajan para acelerar la reforma al Código Penal por un asunto de matagatos.
Aún pueden esperar otros asuntos para mejorar las leyes, como: feminicidios, discriminación por género o por condición civil, atención a grupo vulnerables, el acoso sexual, acoso laboral, despidos injustificados a mujeres embarazadas y varios, varios temas más.
Reitero lo que señalé la semana pasada en este espacio, no argumento que debe obviarse el maltrato animal.
Mal anda la sociedad cuando genera más indignación el maltrato animal y se ignora el maltrato a las personas y se mandan al diablo los derechos humanos.
