El nuevo gobierno pretende hacer una profunda limpieza para que efectivamente haya justicia laboral, falta ver hasta dónde llega, o cede a la extensa y compleja red de intereses que impera o se crea una nueva red.
La situación en la Junta es añeja y compleja; va desde la carencia de un presupuesto acorde para funcionar, no cuenta con tecnología (equipo de cómputo e internet), hay centralismo; sus instalaciones no son las más adecuadas y el archivo no está bien clasificado.
Además de bajísimos sueldos del personal. Se dice que un titular de cualquiera de las seis juntas especiales gana 11 mil pesos mensuales.
Sin olvidar el tráfico de influencias, corrupción y hasta la presencia de “visores” para enterarse de todo y vender la información al mejor postor.
Aunque no lo crea sólo hay una sola computadora por cada Junta, así sólo pueden atender dos o tres casos por día, según qué tan complejo sea el problema. Hay que recibir la denuncia y luego las declaraciones de los involucrados.
No hay archivo digital, así que son hojas y hojas acumuladas, para que al final no se sepa dónde quedaron los expedientes.
Si a lo anterior le agrega qué tan tortuosa es la intervención de los abogados defensores de trabajadores o patrones y también qué tanto agilice el proceso el personal de la Junta, cualquier asunto puede prolongarse meses o años. Actualmente hay 5 mil casos en proceso, varios llevan años estancados otros avanzan lentamente por distintas razones.
Las instalaciones que ahora ocupa la JLCA en “Plaza Finanzas” -en la 24 sur y 5 oriente- además que no son funcionales no aguantan el peso del papel de todos los expedientes, por lo que el archivo de más de 30 años a la fecha está distribuido en diversos inmuebles.
En los pasillos de esa plaza comercial pueden verse a decenas de personas, algunas acuden para hacer algún trámite, otras literalmente hacen la función de “visores”. Es decir, se enteran de todo tipo de casos, manejan información privilegiada; algunas de estas personas son enviadas por los sindicatos o por los patrones así saben qué rumbo puede tomar su caso y a quién pueden contactar en la Junta para gestionar a su favor.
Este nuevo gobierno asegura que hará una limpia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que eliminará la corrupción.
Por lo pronto ya empezaron los cambios.
En la Junta número 2 salió la titular Maricela Rolón Hernández y fue nombrada temporalmente Ivonne Flores Zárate quien fungía como auxiliar.
En la Junta número 4 salió Roberto Alonso Pavana y se nombró a Héctor Hugo Romero Columbres.
En las Juntas 5 y 6 que manejaba Elizabeth Domínguez se designó a Julián Muñiz Merino.
Faltan las Juntas 1 y 3.
Supuestamente con este relevo de los presidentes de las Juntas se empieza a cortar la larga cadena de influyentismo y prebendas que tejieron abogados, sindicatos y patrones.
Pero faltan auxiliares, secretarios, archivistas y demás personal que debería estar sujeto a prueba de confianza, pues no sólo los presidentes son responsables de lo mal que anda el tribunal laboral.
Uno de los casos más conocidos y tolerado de influyentismo y corrupción es el de Carlos Hernández Hernández quien laboraba en la Secretaría del Trabajo del estado en la administración marinista, fue recomendado en su momento para ese cargo por su principal cliente Luis Regordosa Valenciana, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Al tiempo que Hernández Hernández atendía su puesto en el gobierno del estado en su despacho particular se representaba a los patrones, entre ellos Wal Mart, proveedores de autopartes o granjas avícolas de Tehuacán. Así contaba con información de primera mano, influía en los litigios ante la Junta Local, podía disponer de los expedientes, prolongar los procesos tanto que provocaba el desistimiento de algunas de las partes o finalmente había un fallo donde su despacho siempre salía ganando.
El cambio de personal no garantiza la solución del problema, dependerá de la voluntad del propio gobierno estatal para acabar con el influyentismo tanto de patrones como de sindicatos; al tiempo que se dote a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de los recursos mínimos necesarios para laborar, además de mejorar sustancialmente los salarios del personal.
Con el tiempo se comprobará si es real el cambio o sólo un maquillaje en procuración de justicia laboral.
