Que no le digan, que no le cuenten, la política poblana sufre del gravísimo y crónico mal del aldeanismo, ese que le quita institucionalidad y que la convierte en una prostituta que se vende en lo oscurito al mejor postor.
Lo anterior se demuestra con creces en el caso del presidente municipal de Izúcar, Arturo Herrera, aquel que llegó cuando se descubrieron las verdaderas actividades que realizaba su cuñado, Rubén Gil, el que engañó a miles de mixtecos y logró así ganar una elección que lo convirtió en edil de este lugar.
Hoy, Gil está preso en los Estados Unidos acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y su sustituto enfrenta una serie de problemas políticos que tienen a este municipio al borde de la ingobernabilidad.
Pero más allá de profundizar en las causas reales que motivaron lo anterior, lo que realmente vale la pena es analizar la estrategia que se está llevando a cabo para buscar una solución real y definitiva a este conflicto.
Y es que, en esta como en cientos de historias anteriores, lo que menos se privilegia es la legalidad,
la institucionalidad y el respeto al estado de derecho y como siempre se privilegia el amiguismo, el compadrazgo, los intereses de grupo y la negociación en lo oscurito.
Los regidores dan un golpe de estado y destituyen de facto a Herrera Velázquez, antes de que el Congreso del estado, la única instancia legalmente competente, emita siquiera una opinión al respecto.
Se anuncia con bombo y platillo su supuesta salida y se festeja de antemano una sustitución que jamás procederá en un estado de derecho.
El legislativo local, por su parte, fiel a su estilo, rehúye a entrarle a un tema que tiene que resolver por un asunto básico de responsabilidad, si no llega la consabida línea desde lo más alto del poder político poblano, demostrando una vez más y con creces, que la separación de poderes en el estado es una quimera que sirve solamente para endulzar el desabrido discurso oficial.
Pero lo más patético del caso es la actitud del edil que está dispuesto a quemar las naves siempre y cuando pueda tener una reunión en lo oscurito con el gobernador Mario Marín.
¿Para qué?
¿Qué tiene que ver el jefe del ejecutivo en un asunto en donde la última palabra la debería tener el Congreso?
¿Qué se pretende negociar?
Si los regidores de Izúcar y los órganos que operan los mecanismos de control y auditoría de las instancias públicas tienen pruebas concretas, claras, irrefutables de que existen irregularidades en el ejercicio del servicio público ¿por qué la negociación?
¿A cambio de qué?
Si no hay nada que ocultar, este hombre, les guste o no, tendrá que terminar su período como presidente municipal así no lo quieran los regidores o aún cuando resulte incómodo-si es que efectivamente lo es- para cualquier instancia del gobierno estatal.
El siquiera pretender condicionar el renunciar a un mandato constitucional a una negociación de tipo político, o económico, o a cambio de pactar impunidad, nos regresa al verdadero nivel de la política local, esa que fácilmente sacrifica legalidad e institucionalidad, para privilegiar la oscuridad, la sospecha y el interés particular.
¡Guácala!
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