Acuerdos van y vienen, promesas que se cacarean y aplauden, pero que en la mayoría de los casos se quedan en eso, en promesas que jamás se concretan y que por más que se manoseen en el discurso oficial, no se traducen nunca en hechos reales.
Tal parece que este es el destino fatal de este país en lo que a las políticas públicas en materia de seguridad se refiere.
Sí, electoral y políticamente el tema vende, no hay duda, pero la verdad es que poco, muy poco se resuelve.
¿Limpia enérgica de corporaciones para evitar corrupción?
¿Grandes acuerdos nacionales entre niveles de gobierno para combatir a la delincuencia?
Sí, como no.
Desgraciadamente, en Puebla, el Consejo Estatal de Seguridad Pública es un claro ejemplo de lo anterior.
Si bien la capacidad y honestidad de su titular, Lourdes Nares no está en duda, posiciones estratégicas en la operación del Consejo han sido cooptadas por personajes que impiden que se cumplan con los objetivos planteados en los compromisos que se incluyen en el Acuerdo Nacional por la Seguridad.
Es el caso de Ariel Martínez Cid ex agente del ministerio público asignado a la región de Chignahuapan, lugar en donde la delincuencia sentó sus reales y en donde los asaltos, secuestros, homicidios y demás hechos violentos crecieron como la espuma.
Como titular del Centro de Control Comando Computo y Comunicaciones, Nares nombro a Enrique Cano Cardiel, un Coronel de Infanteria retirado del Ejercito de 60 años de edad, íntimo amigo del General Mario Ayón, el cual ascendió a General Brigadier a su retiro, y cuya ignorancia operativa y de utilización de tecnología en labores de seguridad han generado diversos problemas.
Por ejemplo, el allanamiento de una casa en donde supuestamente se tenía en cautiverio a un secuestrado, producto de una llamada anónima al 089, y la falsa versión de la caída de un helicóptero en donde presuntamente viajaban secretarios del gabinete estatal.
Los dos borregazos provocaron una impresionante y a la vez innecesaria movilización de militares, policías estatales y municipales y elementos de los sistemas de protección civil.
La falta de capacidad de Cano Cardiel ha generado también que los servicios de emergencia que dependen del Consejo, como las ambulancias del 066, cada vez estén peor.
En el discurso oficial, también se resalta la importancia que tiene la capacitación en la lucha en contra de la delincuencia.
Sin embargo, nuevamente, la contundencia de los hechos contradice lo anterior.
Desde diciembre pasado, las actividades en el Centro de Capacitación Policial “Los Encinos” están completamente suspendidas.
Lejos de que este sitio opere con el objetivo de que elementos de diferentes corporaciones puedan adquirir conocimientos teóricos y prácticos que sean una herramienta efectiva para realizar de mejor manera su labor, este lugar es utilizado para labores administrativas y para el esparcimiento de supuestos instructores que en realidad a nadie enseñan.
Algunos de plano, a pesar de cobrar su sueldo, no se presentan a trabajar.
Es el caso de Antonio Amador, Sinuhe Avelar y Adrián Rojas, quienes presumen tener privilegios por ser amigos del coordinador del campo, Lucio Ernesto.
Sobra resaltar la importancia que tiene la permanente operación de este centro que en teoría debería de supervisar la capacitación de elementos de corporaciones estatales y municipales, además de de ser el lugar en donde se realizan las pruebas antidopaje y de confianza que se aplican a los uniformados.
¿Qué resultados arrojaría en estos momentos un muestreo aleatorio sorpresa?
Ahora bien, a pesar de que Nares Rodríguez lleva ya más de cuatro meses al frente del Consejo, Puebla es uno de los estados más atrasados de la República en el cumplimiento de las promesas incluidas en el Acuerdo Nacional de Seguridad.
El fortalecimiento de la infraestructura de seguridad pública brilla por su ausencia.
No han iniciado los proyectos para incrementar la capacidad tecnológica y de comunicaciones para los cuerpos policíacos ni los trámites correspondientes para la construcción de 18 bases de operaciones, prometidas por el propio gobernador y que son un reclamo de la policía estatal.
La dignificación de Ceresos cada vez parece más un sueño guajiro que una realidad en el mediano plazo.
Los proyectos al respecto duermen el sueño de los justos en los archiveros de las oficinas del Consejo.
No se han realizado siquiera las labores de búsqueda y regularización de terrenos para ampliar la infraestructura carcelaria local y mucho menos los procedimientos de licitación de proyectos de construcción y compra de equipo.
Las buenas intenciones no bastan para dar resultados concretos en la lucha contra la delincuencia, mucho menos en un país en donde el estado se debilita sistemáticamente ante la acción de grupos mucho mejor armados y más organizados que quienes en teoría nos defienden.
latempestad@statuspuebla.com.mx
