Al gobierno de Baja Sajonia y a los directivos de Volkswagen lo único que les preocupa es que haya productividad en la empresa y que los vehículos sean competitivos en precio y calidad, pese a las quejas del dueño mayoritario Porsche .
“La ley VW no sufrirá ninguna modificación y se garantizan los derechos de todos los trabajadores, incluyendo los de Puebla”, aseguró el ministro de Economía, Trabajo y Tránsito de Baja Sajonia, Walter Hirche.
En su visita a Puebla hace unos días, Hirsche aceptó hablar con quien esto escribe sobre la conocida Ley Volkswagen, promulgada en 1960 y que está diseñada para que el estado de Baja Sajonia detente el 20,1% del capital de VW, es decir, tiene el control del grupo automovilístico, y están más que protegidos 80 mil puestos de trabajo.
Sin embargo, la firma Porsche en 1985 objetó dicha ley ante el Tribunal de Luxemburgo, y más ahora cuando ya es dueño del 35.14% del grupo, por lo tanto es el accionista mayoritario. Aún así no puede tomar decisiones sin que las dos terceras partes del Consejo de accionistas se lo aprueben.
A decir de Hirsche, el estado de Baja Sajonia “apenas tiene el 20.1%, así no que hay nada que esté contrario a la ley ni a los estatutos de la empresa”. Consideró que la ley no es contraria al derecho de la Unión Europea, y rechazó que VW tenga “un estado de excepción”, donde el estado local tiene prácticamente el control en la toma de decisiones “Si tenemos la razón y ejercemos nuestro derecho, no tenemos porqué ir a la Corte”, así dio a entender que sean otros (Porsche) los que acudan a las distintas instancias legales.
Aún más, expresó, lo único que interesa al gobierno de Baja Sajonia y a la propia empresa es mantenerse en un nivel competitivo como a la fecha, tener productos de calidad y a un buen precio para atender los distintos mercados “y eso incluye la planta Puebla”, concluyó HIrsche.
La Ley de VW garantiza que ninguna marca del grupo sea vendida o desincorporada, y que ninguna instalación del corporativo sea modificada o hasta cerrada sin que tales medidas sean discutidas y, en su caso, aprobadas por tres cuartas partes del Consejo donde el gobierno sajón esa capacidad de voto.
Así que en tanto las decisiones dependan directamente del Consejo, el corporativo continuará operando como lo ha hecho durante 48 años ,elaborando sus programas de trabajo y decidiendo el futuro con el se margen de votación: tres cuartas partes, pese a que Porsche detente más del 35% de las acciones.
Lo que preocupaba a los accionistas y a los trabajadores, que también tienen derecho a voto, es que Porsche empezara a deshacerse de algunas marcas, o a cerrar instalaciones afectando con ello el nivel de empleo de la empresa automotriz, no solo en Alemania sino también de las plantas que tiene afuera como España o Puebla, México, entre otras. Sin embargo, el proceso que sigue Porsche parece no preocupar ni a las autoridades de Baja Sajonia ni a los propios obreros, sobre todo que tienen el apoyo del gobierno federal alemán.
A finales de septiembre la propia Angela Merkel, jefa del Gobierno alemán, durante una reunión con 18 mil obreros de VW declaró que la norma establece que el número de votos “son suficientes para paralizar cualquier decisión estratégica de este órgano”. Por supuesto que la lucha continuará, el asunto no está finiquitado.
Porsche lleva más de 20 años objetando dicha ley, desde que era accionista minoritario, y pensó que al ser mayoría podría hacer y deshacer en la VW, pero la barrera sigue estando muy fuerte. Falta ver cuánto más se mantendrá ese escudo de protección de VW.
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