Las rebeliones de regidores en Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan no deben de sorprender a nadie.
Se trata de la consecuencia natural de que personajes de dudosa honorabilidad tengan acceso libre para ocupar cargos de elección popular, por el simple hecho de que gocen de altos niveles de “popularidad” entre la comunidad que pretenden gobernar y de que cuentan con el capital suficiente para financiar sus campañas.
Nada más.
En la política actual estos parecen ser los dos únicos requisitos necesarios para que los partidos etiqueten a sus “candidateables” y los consideren como los idóneos para la gran responsabilidad que supone el servicio público.
Ni la capacidad, ni los antecedentes, ni siquiera el conocimiento y el compromiso con los principios ideológicos del partido son valorados al momento de la decisión.
Por eso los Rubén Gil y los Noé Peñaloza han encontrado en la política un auténtico paraíso para intentar obtener el manto de impunidad que supone el fuero constitucional.
Ambos, hace meses, eran todo sonrisas, abrazos y apoyos por parte de sus padrinos políticos, esos que en ese entonces los consideraban como “activos importantes” de sus respectivos partidos y que misteriosamente hoy nadie encuentra ya por ningún lado.
Los dos levantaban la mano vencedores en noviembre pasado, pensando que el engaño sería eterno y que no traería consecuencias.
Sin embargo, todo por su peso cae.
La política poblana se cimbró cuando se hizo pública la verdadera vocación de Rubén Gil, ajena completamente a las mentiras que manejó en sus discursos de campaña y el origen de su aparentemente inagotable fuente de recursos económicos.
Alguien por demás cercano al ex edil reveló a las autoridades norteamericanas los pormenores de un cargamento de 150 kilogramos de cocaína que en marzo de 2004 eran transportadas en un camión de la empresa de mudanza propiedad de Gil Campos “Gil Moving & Storage” y que era conducido por Eduardo Gil, su hermano.
Eduardo enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y posesión con intención de distribuir cocaína.
Así comenzó todo.
De ahí en adelante, las operaciones más importantes en las que estaba involucrado Rubén Gil junto con su socio Martín Nelson García y que comprenden principalmente de principios de 2005 hasta el mes de noviembre de 2007, empezaron a ser sistemáticamente detectadas por agentes de la DEA.
Aún así, el PRI se hizo de la vista gorda y lanzó a un candidato “popular y muy rico” para la presidencia de Izúcar.
El costo ha sido enorme.
Hoy los regidores se rebelan en contra de que la esposa del narcoalcalde, María de Los Ángeles Herrera, gobierne a través de su hermano, Arturo Herrera Velásquez, suplente de Gil Campos, lo que sin duda sería más de lo mismo.
El caso de Peñaloza en San Martín es similar.
Se trata de uno de esos individuos completamente ajenos la política, buscan el amparo del fuero para no enfrentar, como el resto de los mortales, las consecuencias legales de sus actos.
Y es que, la empresa propiedad de Peñaloza, Santa Julia de Puebla, SA de CV, ubicada en el Km 98 más 750 de la Autopista México-Puebla, tiene millonarios adeudos desde hace más de ocho años con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sí, el hoy representante popular, en su faceta de empresario olvidó que es una obligación de ley no sólo tener asegurados al total de sus trabajadores, aportar el pago correspondiente a la parte patronal de la prestación, sino trasladar al IMSS la cantidad de dinero correspondiente a las retenciones que cada semana la empresa descuenta del salario de quienes ahí laboran.
De esta manera, la empresa tiene créditos con el instituto que en total suman 5 millones 954 mil 314 pesos con 30 centavos.
Se trata de 137 créditos pendientes, en donde el más antiguo data de julio de 2000 por un monto de 144 mil 570 pesos con 9 centavos y el más reciente es de marzo de 2008 por 98 mil 91 pesos con 66 centavos.
No es mas que una estrategia sistemática para omitir intencionalmente estas obligaciones y obtener ganancias adicionales, sin importar claro, que se trate de un delito.
Hoy los principales colaboradores de Peñaloza denuncian, entre otras cosas, irregularidades con la obra pública y con la forma en la cual se gasta el dinero del erario.
No es extraño viniendo de alguien acostumbrado a la violación sistemática de la ley.
Lo preocupante es que partidos y gobierno ejerzan hoy un pragmatismo tal que permitan que este tipo de individuos accedan al poder, dejando a los ciudadanos en un estado de auténtica indefensión.
Curiosamente, quienes permiten fomentan que estos sujetos “triunfen” en la política local son los mismos que, a la menor provocación, aprovechan para rasgarse las vestiduras por la falta de confianza que hoy despiertan partidos y candidatos en todo el país.
¿Realmente no entienden por qué?
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