Los separos de la Procuraduría General del Estado de Puebla parecen ser muy similares al famoso Guanajuato de José Alfredo.
Y es que ahí, también la vida no vale nada.
El caso de la sospechosa muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez en las instalaciones de la instancia estatal es una clara muestra de lo anterior.
A más de diez días de los hechos, la PGJ no ha podido, no ha sabido o no ha querido explicar a ciencia cierta qué fue lo que pasó.
Los desatinos han estado a la orden del día.
Por ejemplo, la rueda de prensa que dio ayer Blanca Laura Villeda y el posterior comunicado.
La torpeza no puede ser mayor.
En un burdo intento por explicar lo inexplicable y “dadas las circunstancias y las versiones manejadas en los últimos días, que pretenden confundir a la ciudadanía”, la procuraduría aclara que:
“El señor Ricardo Ramírez Rodríguez no era empresario como lo ha afirmado su hermano, ya que contrario a esto, por investigaciones realizadas por personal de esta dependencia, anteriores a su aseguramiento, permiten establecer que el hoy occiso, Ricardo Ramírez Rodríguez, se encontraba involucrado en la comisión de varios delitos según consta en las Averiguaciones Previas siguientes: “
“3129/2002/OTE., por el delito de amenazas.”
“3135/2002/OTE., por el delito de robo a comercio”.
“3298/2002/OTE., por el delito de robo a comercio.”
“590/2004/OTE., por el delito de daño en propiedad ajena.”
“87/2001/EH., por el delito de homicidio.”
“180/2008/SUR., por el delito de robo en casa habitación.”
Muy bien, la Procuraduría dejó claro que el hoy occiso no era un angelito.
¿Y?
¿Qué tiene que ver esto con su misteriosa muerte?
¿Se justifica el homicidio con el hecho de que se tratara de un presunto delincuente?
¿Si hubiera sido un empresario entonces sí habría delito que perseguir?
¿Entonces sí se tomarían las acciones correspondientes?
¿Vale más la vida de un empresario que la del resto de los ciudadanos?
¿Cuánto vale la de un delincuente?
¿Y la de un discapacitado?
¿Y la de un periodista?
Valdría la pena que la instancia encargada de procurar justicia en Puebla nos hiciera llegar a la brevedad su tabla de equivalencias.
Para saber, claro está, quienes, de acuerdo con las autoridades, están considerados como ciudadanos de primera y cuáles de segunda.
¿Qué pasa entonces con la igualdad ante la ley?
¿Y la supuesta defensa de los derechos humanos?
¿Y los constantes cursos de capacitación que reciben lo servidores públicos?
¿Qué tal aquello de que la tortura en Puebla no existe?
Las autoridades aseguran que se trata de una leyenda, como la llorona o el chupacabras.
¿Será?
La broncoaspiración, la causa de muerte que la procuraduría admite en el caso de Ricardo Ramírez Rodríguez, es una consecuencia natural del famoso Tehuacanazo.
Ese que también dejó de existir hace siglos allá en la Procu.
Felicidades, ahí la llevan.
latempestad@statuspuebla.com.mx
