La violencia es una de las formas que más vulnera al género femenino y es en contraparte el delito que más se comete.
El impulso de una serie de acciones legislativas y de política pública, no ha sido suficiente, tal vez porque no ha habido en la práctica, una política integral de atención a este flagelo.
En el año 2007 fue publicada La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que ha tenido algunas reformas en los años 2009 y 2011, y que impone una serie de medidas y principios rectores a desarrollar por los gobiernos y sus Instituciones de los tres niveles.
Esta Ley, base para formular sus análogas en la mayoría de los estados de la República, incluido Puebla, define cinco tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; y, desarrolla una serie de modalidades acerca de la violencia: familiar, laboral y docente, hostigamiento y acoso sexual, violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia feminicida.
Incluso prevé –para garantizar la seguridad de las mujeres- la figura de Alerta a la violencia de Género, figura, que me parece, hoy debiera ser declarada para todos los estados de la República.
En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres, ha adquirido muchas nuevas formas y muchas nuevas modalidades que deben ser identificadas y reconocidas para atenderlas.
Causas distintas a un delito común, está asesinando a las mujeres y la cadena de impunidad e injusticia sigue vigente; no sólo eso la presenta como algo “normal”.
En México durante este sexenio hay mas asesinatos que en los países que tienen una declaración de guerra y son las mujeres y las niñas/os las víctimas de esa que dice ahora el Presidente Calderón no es una “guerra” en contra del narcotráfico.
La violencia institucional cada día está más presente. Las conquistas por los derechos humanos de las mujeres han ido en retroceso, más que antes, justamente en este sexenio de gobierno federal.
Las mujeres en los partidos políticos padecen violencia política, traducida en la falta de cumplimiento a las leyes en materia electoral, dándole la vuelta al cumplimiento de las acciones afirmativas o cuotas.
La falta de empleo y oportunidades ha elevado el número de mujeres que se ven obligadas a emigrar, situación que las coloca en situación de vulnerabilidad, exponiéndolas a ser víctimas de las redes de trata de personas con fines explotación sexual y laboral. Las adicciones también son un factor para la trata de personas.
No actuar, se está traduciendo en muertes, en violaciones a derechos humanos y en injusticia.
Y lo más grave, en los hechos tal pareciera que la violencia se ve ya como algo normal.
Si reconocemos que las dimensiones de género están presentes en todos los temas del desarrollo humano y de los derechos humanos, se podrá tener entender la necesidad de apoyar e impulsar los esfuerzos que garanticen derechos a las mujeres.
Podríamos empezar por alarmarnos por cualquiera de los tipos de violencia. Podríamos dejar de considerarla como natural, de hacerla invisible, de encubrirla, de habituarnos o hacernos insensibles a ella.
Ello compromete a los gobiernos de cualquiera de sus niveles. Compromete también a sus Instituciones.
Lo femenino nos compromete a hombres y a mujeres.
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