Impulso, sobre todo, modificaciones para la impartición de justicia, incluida la renovación del magistrado presidente del Tribunal Superior, con la finalidad de hacer valer precisamente eso, que “En Puebla nadie está por encima de la ley”.
¿Pero qué pasa cuándo los que quieren pasarse la ley por el arco del triunfo, son precisamente los encargados de hacerla valer?
Una ciudadana poblana ha pasado las de Caín por, lo que denuncia ella, la corrupción que priva en el poder judicial del estado, que la ha traído a la vuelta y vuelta, ha caído en múltiples irregularidades y ha sesgado un caso que, a todas luces, debería haberse fallado a su favor.
Desde hace 6 años, esta señora enfrenta un proceso judicial para la anulación obligatoria de su matrimonio con un ciudadano de origen extranjero, tras haberse comprobado el delito de bigamia.
Es en este año, que el problema se ha agudizado toda vez que se han registrado irregularidades, documentadas por la dama en cuestión, quien ha denunciado abiertamente el contubernio existente entre la parte demandada y los magistrados que integran la Segunda Sala Civil del Tribunal: Alfredo Mendoza García, Enrique Flores Ramos y María de los Ángeles Juárez Hernández, así como con la jueza tercero de lo familiar, María Belém Olivares Lobato.
La denuncia radica en que a través de varios “enjuagues” y con la complicidad del abogado Jorge Lerín Valenzuela, y el perito en dactiloscopía y grafoscopía, Raúl Padilla Guzmán; tanto la jueza como los magistrados, primero declararon nulo el matrimonio al “confirmar” que la firma de la señora no era la verdadera y, después, desaparecieron el acta matrimonial, con lo que arguyen que la señora no tiene ningún derecho a reclamar pensión alimenticia alguna y, además, no se ha iniciado proceso contra el demandado.
La querella de va en contra también del Instituto Nacional de Migración, ya que, entre otros, se ha violado el artículo 139 de la Ley General de Población, en su capítulo III de inmigración que establece que de llegarse a disolver el vínculo matrimonial o dejar de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por parte del conyugue extranjero, podrá cancelarse su calidad migratoria haciéndose efectiva la deportación.
Inclusive, la afectada ha sufrido la traición de sus propios abogados: Andrés Manuel Flores Sombrerero, Félix Lozano Sánchez, Cora Silvia Bonilla y Petra Goiz; quienes supuestamente la representaban en el caso y que sin más, abandonaron el proceso, por lo que han pasado 6 años ya desde que inició el problema, sin respuesta favorable, por el contrario, complicándose aún más durante el presente año.
A través de documentos en poder de esta redacción, la agraviada muestra que su lucha la ha llevado inclusive hasta el mismo Congreso del Estado, en donde entregó copias de los expedientes y oficios de solicitud de apoyo a los legisladores Elías Abaid Kuri, Juan Carlos Espina von Roerich y Guillermo Aréchiga Santamaría.
Otras copias han sido entregadas, y firmadas de recibido, en las propias oficinas del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, sin que hasta el momento haya recibido apoyo.
Entonces, ¿Qué?
En verdad, ¿Nadie está por encima de la ley?, o como ocurre de manera típica en muchos casos como éste: Cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre.
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