A puerta cerrada iniciaron comparecencias los funcionarios de la administración de Blanca Alcalá. El primero en solventar observaciones fue Víctor Cárdenas Guzmán, ex titular de Desarrollo Económico Municipal, mientras que el ex secretario de Desarrollo Social, Víctor Manuel Giorgana Jiménez la envió por escrito a la Contraloría Municipal.
Durante la sesión privada de preguntas y respuestas que duró cerca de tres horas, el primer compareciente sólo “aclaró algunas dudas” y no se le imputó ningún monto económico a transparentar.
Según se informó Cárdenas Guzmán pretendía hacer llegar su informe por escrito, pero no le fue aceptada, por tanto se presentó “sin problema” a declarar.
Detalló que sólo se le atribuyeron cinco aclaraciones sobre informes de la cartera vencida del Fondo Idea, mismo que se entregó para su operación a la empresa Oportunidades para Emprendedores S.A. de C.V. (SOFOM), en lo cual dijo, no hubo irregularidades.
Criticó que los funcionarios de la Contraloría, no fueron “claros” en sus observaciones y carecían de sustento para solicitar aclaraciones “me preguntan sobre la cartera vencida de créditos, pero no especifican en qué tipo de créditos, o de qué año, montos, sus preguntas no son específicas”.
De acuerdo con la Contraloría Municipal, Víctor Manuel Giorgana sería el segundo en presentarse físicamente a declarar, sin embargo el ex titular de Desarrollo Social evitó encarar cuestionamientos y sólo envió su comparecencia por escrito en la que pidió una revisión a las evidencias que lo inculpan por desvío de recursos y mala administración durante su gestión al frente de la Sedeso.
En tanto, el Contralor Municipal Santiago Martínez Sánchez, en una breve explicación del proceso, señaló que el formato a seguir será de dos ex funcionarios por día en un periodo de dos semanas, las sesiones serán a puerta cerrada “para eficientar el procedimiento” y los ex servidores públicos puedan desahogar las pruebas correspondientes.
Por su parte, el edil capitalino Eduardo Rivera Pérez, pidió que el proceso no se vuelva mediático y confió en que serán solventadas todas las irregularidades de los ex funcionarios blanquistas.
“Solamente voy a dar esta opinión, ha iniciado este procedimiento en congruencia de lo que he venido realizando anteriormente, es un proceso administrativo, jurídico, que no nos interesa hacerlo mediático”, dijo en entrevista.
Cabe señalar que son 17 ex servidores públicos quienes deberán responder a las 400 observaciones detectadas dentro del dictamen de la entrega-recepción y que ascienden a un presunto daño patrimonial por 700 millones de pesos.
