19-11-2026 06:15:00 AM

Bloqueos, uniformes y espectaculares

Por Yasmin Flores Hernández

En Puebla hemos aprendido una lección amarga: si quieres que te escuchen, cierra la calle.
Esta semana lo confirmaron dos grupos que no tienen nada en común, salvo la desesperación.
Y mientras ellos tuvieron que detener la ciudad para que alguien los atendiera, en otra parte alguien llena las bardas con una cara sonriente, y nadie parece preguntar quién paga.
Comencemos…

El penal que
nadie quiere ver
El martes 10 de noviembre, familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel bloquearon ocho puntos de la capital y su zona metropolitana.
Autopistas, avenidas y accesos quedaron paralizados.
Miles de poblanos llegaron tarde al trabajo, a la escuela, al hospital.
Y lo que denunciaban no era un capricho: extorsiones, amenazas y cobro de piso dentro del penal.
Las cifras que denuncian las familias son brutales.
Hablan de cuotas de entre 30 mil y hasta 300 mil pesos para que un interno no sea golpeado por otros reclusos.
Hablan de pagos semanales, de cobros para salir de las celdas de castigo, de amenazas a los familiares que están afuera.
No es sólo su palabra.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado informó el 11 de noviembre que este año acumula 32 quejas por presuntas extorsiones y cobros ilegales en San Miguel. Entre enero y junio recibió 210 quejas contra todos los centros penitenciarios del estado.
Noventa y cinco fueron de San Miguel. Casi la mitad, de un solo penal.
Y aquí está el dato que debería preocuparnos más: San Miguel no está sobrepoblado.
En septiembre tenía 3 mil 264 internos para una capacidad de 3 mil 397. Es decir, el problema no es que no quepan.
El problema es quién manda adentro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó a las cárceles de Puebla con una calificación de 5.10.
De los 16 penales del estado, en 11 faltan custodios. Y en su diagnóstico estatal, la propia CNDH recogió testimonios de huelgas de hambre, lesiones entre internos, suicidios y la percepción de autogobierno.
Esto tampoco empezó esta semana.
En julio, las familias ya habían protestado afuera del penal, denunciando que había internos coludidos con grupos criminales que buscaban tomar el control.
Se prometió investigar. Cuatro meses después, tuvieron que volver a la calle.
El gobierno estatal levantó los bloqueos con diálogo, y eso hay que reconocerlo.
Asegura que tiene el control del penal y rechaza que exista autogobierno. Anunció una revisión con Marina, Defensa y Guardia Nacional, y el traslado de dos internos señalados.
Pero dos días después, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó algo que no es menor: el penal está bajo la responsabilidad del gobierno de Puebla, y la Federación sólo entrará si el estado lo pide formalmente.
Entonces la pregunta es inevitable.
Si el gobierno tiene el control, ¿por qué necesita a la Marina?
Y si necesita a la Marina, ¿quién tiene el control hoy?
Un penal donde se cobra piso no es un problema de los presos.
Es un problema de todos. Porque lo que se organiza adentro, muchas veces, se cobra afuera.

Uniformes sí,
salario después
Dos días después, el jueves 12, les tocó a los trabajadores del Hospital de la Niñez Poblana.
A las dos de la tarde cerraron el bulevar del Niño Poblano, entre el bulevar Atlixco y la Vía Atlixcáyotl, en plena zona de Angelópolis.
Sus demandas eran concretas.
Un aumento salarial del 10 por ciento.
Que sus ingresos se igualaran con los de otros hospitales, ahora que el suyo pasó a IMSS-Bienestar.
Que la compensación que reciben se integrara a su salario. Estímulos por antigüedad a los 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. Un tercer periodo vacacional. Y certeza laboral, porque hay quienes llevan años trabajando con contratos temporales.
Hay que decirlo con justicia: los servicios médicos siguieron funcionando. Nadie dejó de atender a un niño para protestar.
A las 4:40 de la tarde se reabrió la vialidad.
¿Qué consiguieron?
Su incorporación al IMSS-Bienestar en enero de 2027 y 6 mil pesos para uniformes a 280 trabajadores.
Hagamos la cuenta: un millón 680 mil pesos en total.
¿Y el aumento del 10 por ciento? Pendiente.
¿Los estímulos por antigüedad? Pendientes.
¿El tercer periodo vacacional? Pendiente.
Consiguieron con qué vestirse. No consiguieron lo que pidieron para vivir.
Y no son los únicos.
En octubre y principios de noviembre ya se habían movilizado en Puebla trabajadores del IMSS-Bienestar y del Seguro Social. Tanto, que al día siguiente del bloqueo la Presidenta vino a la ciudad a revisar los hospitales del IMSS-Bienestar con médicos y directores.
Ojalá esa revisión escuche también a quienes tuvieron que cerrar la calle, y no solo a quienes ocupan las oficinas.
Ahora pongamos dos números juntos.
Según denuncian las familias, una sola extorsión dentro de San Miguel puede llegar a 300 mil pesos. Con eso se pagarían los uniformes de 50 trabajadores del hospital.
En Puebla, el crimen cobra en cientos de miles, el Estado paga en miles.

La cara en
todas partes
Y luego está lo otro. Lo que no bloquea calles, pero las llena.
Gabriela “La Bonita” Sánchez es una boxeadora poblana con una carrera que merece respeto.
En marzo ganó en Puebla el campeonato interino mosca del Consejo Mundial de Boxeo.
También fue secretaria de Deporte y Juventud del estado, y hoy busca la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla en 2027.
Nada de eso es ilegal.
Ser deportista no es delito, y aspirar a un cargo tampoco. Lo que sí merece explicación es cómo su imagen llegó a todas partes.
Hagamos el inventario.
Lonas en juntas auxiliares, espectaculares sobre avenidas como la 31 Poniente; tantos, que un ciudadano retiró varias lonas y las llevó en protesta a la sede del INE.
Bardas. Spots de radio y televisión.
Publicidad pagada en redes sociales. Muñecas con su rostro, sus guantes y su cinturón repartidas en colonias el Día del Niño.
Y ahora, hasta cobijas con su cara en los tianguis.
Cuando se le preguntó, respondió que esa difusión es responsabilidad de sus patrocinadores, que escapa de sus manos, y que su visibilidad viene de 15 años de carrera deportiva.
También dijo que pidió licencias sin goce de sueldo para prepararse y no mezclar la función pública con el boxeo.
Tomémosle la palabra.
Entonces la pregunta es sencilla:
¿quiénes son esos patrocinadores?
¿Cuántos espectaculares hay?
¿Cuánto cuestan?
¿Quién firmó los contratos?
Y si todo es legítimo, ¿por qué no publicarlo?
El 5 de diciembre peleará contra Mariana “La Barby” Juárez en el Estadio Hermanos Serdán.
Será la primera función de box en ese estadio, la organiza la promotora Latin KO, la transmitirá Box Televisa y esperan más de 20 mil personas.
Hace unos días, ella misma fue al Senado a invitar personalmente al senador Ignacio Mier.
Sí, como se comenta en la calle, hay boletos que se están regalando, conviene saber quién los paga y con qué fin.
Porque una pelea es deporte. Pero 20 mil personas reunidas alrededor de una aspirante, a dos meses y medio de que arranquen las precampañas, puede ser otra cosa.

¿Y el IEE?
El 8 de abril, el PAN presentó ante el Instituto Electoral del Estado tres denuncias por presunta promoción personalizada contra funcionarias estatales.
Una de ellas, contra Gabriela Sánchez, por el uso de su imagen en lonas y espectaculares en todo el estado.
Han pasado más de siete meses y aún no conocemos una resolución de fondo.
Esta semana, el 13 de noviembre, el Tribunal Electoral del Estado declaró infundada una queja de un ciudadano contra la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena por este mismo tema.
Pero el propio tribunal no determinó si hubo o no promoción personalizada.
Es decir, se resolvió un trámite, no la pregunta. Todavía nadie nos ha dicho si lo que vemos en las calles es deporte o precampaña.
Mientras tanto, el reloj corre.
El 5 de noviembre el IEE inició formalmente el proceso electoral 2026-2027, ya con una nueva consejera presidenta, Judith Lozano, que rindió protesta el 3 de noviembre y prometió certeza e imparcialidad.
Están en juego las 217 presidencias municipales y las 41 diputaciones locales, con 11 partidos en la contienda.
Las precampañas serán del 19 al 28 de febrero.
Las campañas, del 4 de mayo al 2 de junio y la elección, el domingo 6 de junio de 2027.
La ley es clara.
El artículo 134 de la Constitución dice que la propaganda de los servidores públicos no puede incluir nombres, imágenes o símbolos que impliquen promoción personalizada.
Y la ley electoral sanciona los actos anticipados de campaña. Las reglas existen. Lo que falta es que alguien las haga valer a tiempo, y no cuando la elección ya pasó y la sanción ya no cambia nada.
Y quiero ser muy clara: esto no es un tema de un partido.
Si mañana la cara en todas las bardas fuera de otro color, la pregunta tendría que ser exactamente la misma. Porque una elección no se gana el día de la votación. Se empieza a ganar, o a torcer, mucho antes.

Tres escenas,
una pregunta
Tres escenas de una misma semana.
En San Miguel, una madre junta dinero para que no le rompan la cara a su hijo.
En el Hospital de la Niñez, quienes cuidan a nuestros niños enfermos tienen que bloquear una avenida para que alguien los voltee a ver. Y lo que les dan es para uniformes.
Y en las bardas, una sonrisa que alguien pagó y que nadie explica.
Digámoslo sin rodeos: en Puebla el crimen cobra puntual, el Estado paga a medias y la autoridad electoral mira para otro lado.
A las familias del penal las escucharon cuando ya habían paralizado la ciudad.
A los trabajadores del hospital, cuando ya habían cerrado el bulevar.
A la propaganda nadie le ha pedido cuentas, porque la propaganda no bloquea nada.
No grita.
No estorba.
Sólo avanza, barda por barda, colonia por colonia, mientras el IEE acumula expedientes.
Y no nos hagamos los ingenuos: en política nadie regala nada.
Ni el que cobra piso en un penal, ni el que paga espectaculares.
Quien hoy invierte en una cara, mañana va a querer cobrar la inversión.
Y esa factura no la va a pagar él.
La vamos a pagar nosotros.
Así que la próxima vez que vea esa cara en una barda, no piense en el boxeo. Piense en la madre de San Miguel.
Piense en la trabajadora del hospital.
Y pregúntese por qué para ellas no hubo patrocinadores.
Porque en Puebla, para pelear por un cinturón sobran patrocinadores.
Para pelear por un salario digno, o por la vida de un hijo preso, no aparece ninguno.
Eso no es deporte.
Eso es la forma en que se está repartiendo el poder en esta ciudad.
Y usted, que me escucha y me lee, ya sabe quién va a pagar la cuenta…

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