Por Yasmín Flores Hernández
A usted que me escucha y me lee dejeme hacer unas preguntas:
¿Con qué cara Néstor Camarillo habla hoy de la decadencia del PRI, después de haber construido buena parte de su carrera dentro de ese partido?
¿Con qué autoridad cuestiona los mecanismos de selección de candidaturas quien encabezó durante años la dirigencia priista poblana y obtuvo, bajo esas mismas siglas, los espacios que lo llevaron hasta el Senado?
La pregunta exige congruencia a quien parece tener una memoria extraordinariamente selectiva cuando habla de su propia trayectoria.
Camarillo fue alcalde de Quecholac, diputado local y dirigente del PRI poblano.
Llegó al Senado postulado por la coalición que integraba ese partido y después se incorporó a Movimiento Ciudadano.
Su carrera no comenzó cuando se vistió de naranja.
Sin embargo, el pasado 22 de octubre criticó al PRI y habló de su decadencia.
También acusó a ese partido y al PAN de simular procesos ciudadanos y repartirse candidaturas rumbo a 2027. Son sus señalamientos; esta columna no los presenta como acuerdos acreditados.
Entonces hay que preguntarle:
¿Desde cuándo descubrió esos vicios?
¿Mientras dirigía al partido también los denunciaba con la misma energía?
¿Qué hizo para corregirlos cuando tenía facultades, influencia y responsabilidad?
Porque es muy cómodo identificar todos los defectos de una organización después de haberse beneficiado de sus oportunidades.
Vergüenza debería darle hablar como si nunca hubiera formado parte de aquello que hoy descalifica.
En lenguaje coloquial: habla de quien le dio de comer. Pero aquí hace falta una precisión todavía más incómoda: sus cargos públicos los han pagado los ciudadanos.
Por eso, su obligación principal es con ellos.
El PRI le abrió puertas políticas.
Los contribuyentes han sostenido las instituciones desde las cuales ha ejercido poder.
Y los poblanos tenemos derecho a
exigirle que explique ambas partes de su historia.
Cambiar de partido es una decisión permitida.
El escrutinio comienza cuando ese cambio pretende convertirse en una nueva biografía.
Una persona puede romper con una organización, denunciar prácticas que antes toleró y revisar sus convicciones.
Pero esa ruptura exige explicar su propia participación.
¿Qué decisiones respaldó?
¿De cuáles se arrepiente?
¿Qué hizo mientras estuvo al frente?
¿Qué responsabilidad asume por los resultados que hoy critica?
Quien dirigió una institución durante años tiene bastante más que una opinión sobre su deterioro: tiene una responsabilidad que debe explicar.
La desmemoria política consiste precisamente en eso: narrar los beneficios como méritos personales y repartir entre los demás todas las consecuencias.
Puebla necesita conservar memoria sobre los actos de sus representantes.
La corrupción acreditada debe tener consecuencias. La incapacidad debe evaluarse con resultados.
El oportunismo debe exhibirse comparando lo que prometieron, lo que hicieron y lo que dicen cuando buscan el siguiente cargo.
Ninguna de esas evaluaciones debería depender del partido en el que hoy militen.
La bienvenida naranja también exige explicaciones
En marzo de 2024, Movimiento Ciudadano impugnó la candidatura de Camarillo al Senado, cuestionando su acreditación por acción afirmativa indígena.
En agosto de 2025 lo recibió en su bancada.
La contradicción merece una explicación pública.
¿Qué cambió entre la impugnación y la bienvenida?
¿Qué evaluación hizo MC sobre su trayectoria?
¿Qué razones ofreció a quienes habían escuchado sus cuestionamientos anteriores?
El desenlace judicial debe reconocerse: la Sala Superior del Tribunal Electoral estudió el recurso SUP-REC-1084/2024 y confirmó la sentencia que mantuvo su elegibilidad.
Esa resolución no declaró que Camarillo hubiera usurpado una identidad indígena.
Pero obtener una resolución favorable no agota la obligación de representar.
¿Qué agenda ha construido con las comunidades indígenas?
¿Cómo informa sobre ella? ¿Qué resultados puede mostrar?
¿Dónde pueden consultar sus representados el seguimiento de sus demandas?
Una acción afirmativa responde a una exclusión histórica. Su propósito exige un compromiso que pueda examinarse durante todo el encargo.
Por eso, la rendición de cuentas no debería terminar cuando se obtiene el registro ni cuando se gana una impugnación.
Y Movimiento Ciudadano debe aceptar que sus decisiones de incorporación también están sujetas al juicio ciudadano.
Ofrecer una alternativa exige explicar a quién se incorpora y por qué merece confianza.
Un partido pierde autoridad cuando sus cuestionamientos parecen durar exactamente hasta el momento en que consigue una adhesión.
Las cuentas de Quecholac también forman parte de su historia
La trayectoria municipal de Camarillo contiene antecedentes de fiscalización que merecen una explicación completa.
En marzo de 2017 se reportó que el Congreso de Puebla aprobó iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades por irregularidades en su cuenta pública de 2014.
La cantidad señalada como no justificada en ese momento fue de 50 millones 899 mil 142.89 pesos.
El inicio del procedimiento no acredita por sí solo un robo ni permite afirmar que las observaciones sigan pendientes.
Sí justifica exigir que se conozca su desenlace.
¿Cómo terminó? ¿Qué se solventó?
¿Qué resolución se emitió?
¿Dónde puede consultarse?
Son preguntas elementales sobre recursos públicos.
También se publicaron observaciones a la cuenta pública de 2017 por 218 mil 182.05 pesos, relacionadas con mantenimiento de transporte, equipo de oficina y recibos de predial faltantes.
Corresponden a otro ejercicio y requieren conocer su propia conclusión.
Un político que aspira a nuevos espacios tendría que facilitar esa información antes de pedir otro voto.
Los ciudadanos no deberían convertirse en investigadores de archivo para reconstruir qué ocurrió con el dinero de su municipio.
No basta con exigir transparencia a los adversarios. Hay que permitir que los ciudadanos revisen la propia administración con la misma claridad que se reclama para los demás.
Las candidaturas y las preguntas que no desaparecen
En enero de 2024, medios de comunicación publicaron testimonios de aspirantes priistas que denunciaron presuntas solicitudes de dinero por candidaturas municipales.
Carmelo Galindo Hernández, de Chichiquila, señaló solicitudes atribuidas a un delegado, con cantidades que habrían ido de 250 mil a 2.5 millones de pesos. Filogonio Aliberth Bonilla Domínguez, exalcalde de Caxhuacan, relató peticiones de hasta 250 mil pesos en una reunión con aspirantes.
Son testimonios identificados; no acreditan por sí mismos que Camarillo recibiera esos recursos.
Después se difundió el audio atribuido a Paola Angón sobre una supuesta entrega de 2.5 millones de pesos para obtener una candidatura.
Camarillo rechazó la acusación y Angón negó su participación en la grabación.
La autenticidad y la supuesta entrega no deben presentarse como comprobadas.
El entonces fiscal Gilberto Higuera informó que se había abierto un expediente de atención temprana y precisó que, hasta el 29 de febrero de 2024, no habían recibido una denuncia.
Es importante distinguir ese antecedente de una imputación o una sentencia.
Pero hoy, cuando Camarillo cuestiona cómo otros distribuyen candidaturas, resulta indispensable preguntar qué esclareció su propia dirigencia sobre aquellos señalamientos.
¿Hubo una investigación interna?
¿Se requirió a los operadores mencionados?
¿Qué se informó a los militantes?
Una candidatura abre la puerta al ejercicio del poder. La forma de asignarla afecta a todos los electores.
La autoridad para exigir explicaciones se fortalece cuando uno comienza por dar las propias.
Los señalamientos más graves requieren evidencia
En febrero de 2026, el proyecto Narcopolíticos publicó acusaciones sobre presunta protección a la organización de “El Toñín” durante su gobierno municipal, sustentadas en información atribuida a documentos de Sedena filtrados mediante Guacamaya Leaks.
Camarillo respondió que se trataba de una campaña relacionada con sus aspiraciones políticas y expresó disposición a colaborar con las autoridades.
La gravedad obliga a ser rigurosos. Esta columna no ha autenticado esos documentos ni presenta esos vínculos como judicialmente acreditados.
Meganoticias señaló el 24 de febrero que hasta entonces no existía una imputación formal derivada de esa publicación.
Precisamente por eso hacen falta investigaciones verificables y respuestas concretas.
Una descalificación general sobre las intenciones de los adversarios no esclarece el contenido de una acusación.
Tampoco su repetición constante la convierte en prueba.
Puebla merece autoridades que investiguen con independencia y representantes capaces de responder con documentos.
La confianza pública exige algo más sólido que un intercambio interminable de señalamientos y desmentidos.
Y exige contar también las resoluciones favorables. La denuncia electoral de 2022 por su participación en un acto de campaña de Carolina Viggiano terminó con una declaración de inexistencia de las infracciones denunciadas.
Ese resultado forma parte de su trayectoria y debe reconocerse.
La crítica debe resistir la revisión de los hechos. De ahí obtiene su fuerza.
Distintos colores, raíces conocidas
Y antes de pasar a Graciela Palomares, conviene detenernos en una coincidencia que las nuevas camisetas no borran: ambos tienen pasado priista.
Camarillo trabajó durante el gobierno de Mario Marín. Sobre Palomares, la hemeroteca documenta el respaldo del grupo del exgobernador durante su trayectoria en el PRI. No aparecieron de pronto como una generación ajena a las estructuras tradicionales del poder poblano.
Palomares, además, ha reconocido el impulso de Alejandro Armenta en su nueva etapa política. El propio Armenta también construyó parte de su carrera en el PRI y ocupó cargos durante el gobierno de Marín. Hay continuidades que merecen examinarse detrás de los discursos de renovación.
Por eso resulta tan difícil creerles cuando presentan cada cambio de partido como un certificado de transformación.
¿Qué prácticas abandonaron?
¿A qué privilegios renunciaron?
¿Qué resultados demuestran que cambiaron algo más que el logotipo?
La camiseta se cambia en una tarde; la congruencia se demuestra durante toda una trayectoria.
De ahí el hartazgo ciudadano: distintos colores, discursos de ruptura y demasiadas carreras que encuentran acomodo en el siguiente proyecto de poder.
Después se indignan cuando la gente dice que todos son iguales. Si quieren desmentirlo, tendrán que hacerlo con
conductas y resultados.
Y esa exigencia alcanza a Graciela Palomares. Porque haber encontrado un nuevo espacio político tampoco la exime de explicar qué hace en el Congreso y cuánto nos cuesta promocionarlo.
Graciela Palomares: informar exige más que aparecer
Palomares presentó su segundo informe mediante un video y reportó 45 iniciativas y 41 puntos de acuerdo.
Esas cifras corresponden a lo que ella informó sobre su trabajo; no equivalen a 45 leyes aprobadas ni a 41 problemas resueltos.
Hay que analizar lo que propone, el estado de cada asunto y sus resultados.
Entre sus iniciativas se encuentra la denominada “Ley Edna”, dirigida a proteger a mujeres frente a la violencia mediática y la estigmatización por imputaciones sobre salud mental. Su presentación consta en la documentación legislativa. Es trabajo que puede y debe examinarse por su contenido, sus alcances y su eventual aprobación.
En su informe también destacó propuestas sobre reclutamiento de menores, primer empleo de mujeres, robo de autopartes, acoso laboral y transporte de materiales peligrosos, entre otros asuntos. Son materias relevantes, pero enumerarlas no sustituye explicar qué trámite siguieron y qué cambió a partir de ellas.
¿Cuántas fueron dictaminadas?
¿Cuántas se aprobaron?
¿Cuáles siguen pendientes?
¿Qué aportó personalmente a las reformas colectivas?
¿Qué resultados de fiscalización puede mostrar?
Un informe serio permite contestar esas preguntas sin obligar al ciudadano a interpretar una sucesión de imágenes y cifras.
Mostrar cómo transcurre un día puede servir para acercar una actividad al público. Rendir cuentas exige explicar qué produjo el ejercicio de un año de poder.
La diferencia importa porque ese poder tiene sueldo, personal, instalaciones y presupuesto.
La ciudadanía merece conocer tanto las iniciativas como su seguimiento. Merece saber cómo vota su representante, qué decisiones defiende, qué recursos fiscaliza y qué compromisos cumplió.
La imagen puede acompañar esa información. Nunca debería ocupar su lugar.
Doscientos seis mil pesos también requieren un informe
Según lo publicado por Contraparte, al terminar su presentación Palomares señaló que los gastos de su informe ya habían rebasado los 206 mil pesos, destinados a publicidad y convenios en espacios de difusión.
Esa información no permite sostener que todo el dinero se pagara por producir un solo video. Sí justifica exigir el desglose del gasto.
¿A quién se pagó?
¿Cuánto recibió cada proveedor?
¿Qué servicio entregó?
¿Qué parte correspondió a producción, publicidad, materiales o eventos?
¿Qué documentación respalda cada erogación?
Y una pregunta de fondo: ¿qué información útil recibió la ciudadanía a cambio?
Informar es una obligación. La necesidad de hacerlo no autoriza cualquier gasto ni vuelve incuestionable una estrategia de promoción.
El presupuesto debe justificarse por su finalidad pública, su costo y sus resultados.
A una familia que calcula cómo pagar la despensa, el transporte o los medicamentos no se le puede pedir que acepte sin preguntas cientos de miles de pesos para difundir la imagen de una persona que ya cobra por representarla.
El dinero público conserva su importancia aunque en las oficinas del poder se hable de esas cantidades con absoluta ligereza.
Doscientos seis mil pesos deben explicarse peso por peso.
Legisladores que parecen administrar una marca personal
Las redes pueden acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía. También pueden utilizarse para reducirlo a una colección de apariciones cuidadosamente editadas.
La diferencia está en lo que permiten conocer.
¿El contenido explica una iniciativa?
¿Muestra cómo se votó?
¿Informa qué se fiscalizó?
¿Permite revisar gastos y compromisos?
¿O termina girando alrededor de la imagen de quien ocupa el cargo?
Ahí nace la crítica de que algunos parecen más interesados en actuar como influencers que en demostrar resultados como legisladores.
Se les paga para estudiar, deliberar, representar, legislar y fiscalizar. Comunicar ese trabajo forma parte de su responsabilidad.
Convertir el presupuesto en una herramienta para construir celebridad personal merece un escrutinio mucho más severo.
La visibilidad no puede convertirse en el principal indicador de desempeño.
Cuarenta y cinco iniciativas requieren revisión. Cuarenta y un puntos de acuerdo requieren seguimiento.
Doscientos seis mil pesos requieren comprobación.
Un buen encuadre no demuestra capacidad.
Una cifra anunciada no demuestra impacto. Un aplauso no sustituye una cuenta clara.
Los electores necesitan información que les permita juzgar.
El informe debe servir a esa evaluación, incluso cuando las preguntas incomoden a quien lo presenta.
A Puebla no le conviene olvidar
Néstor Camarillo y Graciela Palomares tienen trayectorias diferentes. La exigencia ciudadana debe ser la misma: congruencia, documentos y resultados.
Camarillo debe explicar su propia responsabilidad antes de presentarse como juez de la decadencia del partido que dirigió.
Palomares debe permitir que el contenido y el gasto de su informe puedan evaluarse más allá de su difusión.
Y los partidos deben dejar de exigirles memoria a los electores mientras practican el olvido cuando les conviene.
A los poblanos no se nos debe olvidar lo que hacen los políticos corruptos, incapaces y oportunistas.
Tampoco debemos confundir esas categorías: la corrupción se prueba y se sanciona; la incapacidad se exhibe con el contraste entre responsabilidades y resultados; el oportunismo se revela al comparar discursos, decisiones y beneficios.
La memoria sirve para exigir consecuencias.
Cada candidatura nueva debe cargar con la revisión de los cargos anteriores.
Cada informe debe soportar preguntas sobre el trabajo y el dinero que costó.
Cada cambio de partido debe permitir examinar qué convicciones cambiaron y qué intereses permanecieron.
A usted que me escucha y me lee: cada vez que olvidamos lo que hicieron y volvemos a premiarlos con un cargo, les enseñamos que rendir cuentas es opcional. Ellos tienen la obligación de responder; nosotros, la responsabilidad de no regalarles otro voto a cambio de las mismas excusas.
Porque las consecuencias de una mala elección las paga Puebla, no el partido que les consiguió acomodo.
Y mientras ellos busquen el siguiente cargo, nosotros tenemos que recordar cómo ejercieron el anterior.
Néstor: antes de hablar de la decadencia del PRI, explique su responsabilidad en ella.
Diputada Palomares: antes de pedir atención para su imagen, entregue cuentas que permitan evaluar su trabajo.
Puebla no les paga para representar el papel de servidores públicos frente a una cámara. Les paga para servir.
Y si para sostener su carrera necesitan que olvidemos su pasado, el problema es su pasado.
Nuestra obligación es recordarlo.
