Por Yasmin Flores Hernández
De París al Pedregal, y del Pedregal a Puebla: la crisis que el INE no quiere ver completa
En política hay renuncias que cierran un capítulo y otras que sólo cambian de nombre al protagonista.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral parece pertenecer al segundo tipo.
Se fue la presidenta, pero el sistema que la rodeó sigue ahí: los proveedores de siempre, las licitaciones que parecen competencia y no lo son, y una sucesora provisional que llega con su propio expediente bajo el brazo.
Y ese expediente se escribió aquí, en Puebla.
La semana que
tumbó a Taddei
Conviene empezar por la cronología, porque todo pasó en apenas una semana.
El 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente aclarar los contratos de material electoral del INE ante los primeros señalamientos de conflicto de interés.
Tres días después, el jueves 23, el noticiero de Carlos Loret de Mola en Latinus difundió un video que se volvió símbolo del escándalo.
En él aparece Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, en una suite del hotel Le Meurice de París junto a José Alfredo Hernández Casillas, contratista del INE.
El empresario le sirve una copa frente a la Torre Eiffel y le dice: “París a tus pies, chamaquito”. Según el reportaje, esa habitación cuesta alrededor de 200 mil pesos por noche.
Ya circulaban otros videos: Taddei caminando y festejando dentro de la residencia del mismo empresario en Jardines del Pedregal, y funcionarios del INE en celebraciones del contratista.
El sábado 24, en una reunión virtual con sus colegas, Taddei se plantó: “No me voy”. Calificó todo como “un asunto político”.
Veinticuatro horas después, el domingo 25, anunció su renuncia en un comunicado del propio instituto.
El lunes 26 entregó su carta a la Cámara de Diputados. Esa carta, por cierto, no menciona ni una sola vez los señalamientos que la tenían contra la pared.
Ese mismo día, Sheinbaum dijo en la mañanera que Taddei había tomado “una buena decisión” para que pudiera investigarse adecuadamente.
Precisión necesaria: Guadalupe Taddei no fue destituida. Renunció, y lo hizo cuando ya no tenía respaldo político.
La diferencia importa, porque una renuncia no es una sanción y tampoco es un perdón.
Como recordó Ricardo Monreal, renunciar no la exime de responsabilidades.
El contratista de siempre
Lo grave no son las imágenes, sino las cifras.
José Alfredo Hernández Casillas no es un recién llegado.
Según reportes periodísticos, ya en 1999 representaba a una empresa beneficiada con una adjudicación irregular en el Instituto Electoral del Estado de México.
Él y su hermano, Raymundo Francisco, aparecen vinculados como dueños, representantes o apoderados de un grupo de empresas: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Seriplast de México y otras.
De acuerdo con contratos de la Plataforma Nacional de Transparencia revisados por La Jornada, esas empresas obtuvieron al menos 49 contratos entre 2018 y 2025 por más de mil 450 millones de pesos, del INE y de institutos electorales locales. Son urnas, boletas, mamparas, cajas paquete: el material con el que votamos.
El jueves 30 de octubre, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, compareció ante la Cámara de Diputados y puso números todavía más grandes sobre la mesa.
Según su análisis preliminar, cinco empresas vinculadas entre sí obtuvieron contratos por unos 2 mil 461 millones de pesos en organismos electorales locales entre 2014 y 2025.
Concentraron el 77 por ciento de ese mercado en los últimos cinco años. El contralor explicó el esquema así:
• Se inflaban artificialmente los precios de referencia.
• Se propiciaba la descalificación de las propuestas más baratas.
• Una empresa del mismo grupo ganaba el contrato.
• Las demás empresas del grupo participaban para simular que había competencia.
Lo descubrieron cruzando nombres: los mismos representantes legales aparecían en distintas empresas que “competían” entre sí.
Carvente fue cuidadoso.
Aclaró que los 2 mil 461 millones son el valor de los contratos, no un daño patrimonial comprobado, y que se trata de actos de fiscalización preliminares. Pero también informó que sobre la gestión de Taddei hay 18 expedientes abiertos, cinco de ellos ya en etapa de imputación de responsabilidades administrativas.
A eso se suma la Auditoría Superior de la Federación.
La ASF identificó un probable daño patrimonial de más de 63 millones de pesos en un solo contrato del INE con Comercializadora JVLY, porque el instituto no pudo acreditar que todo lo pagado se entregó.
La Unidad de Inteligencia Financiera, según reportes, también mantiene abierta una indagatoria contra Cajas Graf y Formas Finas por presunta simulación de competencia.
Hay que decirlo con justicia: el negocio no nació con Taddei. Los contratos de esta red empezaron mucho antes, incluso con Lorenzo Córdova al frente del INE.
La propia Sheinbaum pidió revisar contratos desde 1999 y acabar con los “coyotes electorales”.
Pero una cosa es heredar un proveedor y otra muy distinta es lo que describen los testimonios publicados esta semana: que la casa del empresario en el Pedregal servía para negociar contratos e incluso para promover aspirantes a consejerías de institutos electorales locales con el respaldo de la presidenta del INE.
Eso no está probado; está denunciado. Corresponde a la ASF, al Órgano Interno de Control y, en su caso, a la Fiscalía demostrarlo o descartarlo.
Los “superpoderes”
Hay un detalle que explica por qué el problema creció tanto en tan poco tiempo.
En octubre de 2024, la mayoría de Morena y sus aliados reformaron la ley electoral y le dieron a la presidencia del INE la facultad de nombrar por sí sola a los directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas.
Antes, esos nombramientos necesitaban al menos ocho votos del Consejo General, es decir, acuerdos entre consejeros.
A eso se le llamó los “superpoderes” de Taddei.
Con ellos, según Expansión, Taddei hizo 17 nombramientos, varios de personas que habían trabajado con ella o en gobiernos de Morena. Hoy el resultado está a la vista. Tras su salida, han renunciado al menos 15 funcionarios cercanos a ella, entre ellos su jefe de oficina.
Tres directivos dejaron el cargo el mismo día en que llegó la presidenta provisional. Según fuentes del propio INE citadas por la prensa, habían llegado por recomendación del contratista.
La consejera Carla Humphrey pidió al Congreso revertir esa reforma.
Tiene razón. Cuando una sola persona nombra a quienes deberían vigilarla, el contrapeso deja de existir.
“EL CLAN”
El escándalo también reabrió una vieja discusión: la familia.
Desde que llegó al INE en 2023, por insaculación en la Cámara de Diputados, Taddei fue cuestionada por los cargos de sus familiares.
Su primo Jorge Luis Taddei fue delegado de Bienestar en Sonora durante el gobierno de López Obrador.
Un sobrino, Pablo Daniel Taddei Arriola, dirige la paraestatal LitioMx. Una sobrina fue diputada local de Morena.
Sus tres hijos han ocupado cargos en el gobierno de Sonora, en la Conade o en organismos estatales; uno de ellos es secretario particular del gobernador Alfonso Durazo. Latinus reportó que también su nuera trabaja en esa administración.
En 2023, Taddei respondió con una frase que hoy suena distinto: “Yo soy de familia multicolor, no de Morena”.
Seamos rigurosos: tener familiares en el servicio público no es delito, y hasta ahora no hay una resolución que acredite nepotismo.
El gobernador Durazo calificó de “mito” al llamado clan Taddei. Pero cuando la árbitra de las elecciones tiene a media familia en nóminas de un partido y de un gobierno, la apariencia de imparcialidad se erosiona. En un órgano electoral, la apariencia también es sustancia.
¿Fuego amigo?
Queda una pregunta que no debe perderse en el ruido: ¿de dónde salieron los videos?
El material proviene, según se ha publicado, del teléfono del propio contratista: videos grabados por él mismo.
Después vinieron audios en el programa de Adela Micha en los que el empresario narra su ruptura con Taddei, se queja de que “quería todo para ella” y presume contactos e influencia.
Analistas y columnistas, como Martha Anaya, han planteado la hipótesis del fuego amigo. Hablan de un pleito de negocios convertido en pleito político, o de disputas internas en Morena con la mira puesta en Durazo y en la sucesión de 2030.
No hay que caer en la trampa de que el origen de una filtración borra su contenido. Si lo que muestran los videos es cierto, es grave venga de donde venga. Pero sí hay que anotar lo evidente.
El partido que le dio a Taddei sus superpoderes es el mismo que hoy, por voz del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, pide que vaya a la cárcel.
Morena la empoderó y Morena la soltó. Eso también es parte de la historia.
Blanca, la poblana
Y aquí empieza la parte que nos toca de cerca.
El martes 27 de octubre, el Consejo General del INE eligió por unanimidad como presidenta provisional a Blanca Yassahara Cruz García.
Es abogada por la BUAP, originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, y tiene una larga carrera en el Servicio Profesional Electoral.
En agosto de 2022, el propio INE la nombró consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cargo que dejó en abril de este año.
El 21 de abril de 2026 la Cámara de Diputados la eligió consejera del INE hasta 2035, con 334 votos a favor y 127 en contra.
Fue un nombramiento sacado adelante con los votos de Morena y sus aliados, no con el consenso amplio que antes se buscaba para estos cargos.
Su primer discurso fue impecable: “El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”. Anunció una revisión de los contratos de la administración anterior, rechazó usar los superpoderes y prometió decisiones colegiadas.
Hasta ahí, todo bien.
El contrato de
129.7 millones
El problema es que su propia administración en Puebla tiene contratos que revisar.
El 15 de febrero de 2024, mediante la licitación pública nacional LPN-IEE-005/2024, el IEE de Puebla adjudicó 129 millones 700 mil 584 pesos a Comercializadora JVLY, una de las empresas de la red. Era para producir el material electoral y de simulacro de la elección local de 2024, en la que se eligió gobernador.
El pago se dividió en tres partes: casi 39 millones de anticipo, 65 millones al entregar el material de simulacro y 26 millones al entregar el material electoral.
La Auditoría Superior del Estado de Puebla mantiene observaciones por 138 millones de pesos a la cuenta pública del IEE durante su gestión, y casi 130 de esos millones corresponden a ese contrato.
Entre otras cosas, señala que el instituto no entregó el oficio de autorización de suficiencia presupuestal.
Es decir, no acreditó que hubiera dinero autorizado antes de comprometer el gasto.
Blanca Cruz se ha defendido.
Dice que la contratación pasó por una licitación pública a cargo de un comité de adquisiciones del que la presidencia no formaba parte, aunque reconoce que ella firmaba los contratos y rendía la cuenta pública. Admitió que “el monto es importante”.
Ofreció que se revise “con total transparencia” su trabajo de 15 años y repitió: “No tengo nada que ocultar”.
En entrevista con Azucena Uresti fue más lejos: aseguró que JVLY “no es del famoso señor Alfredo Hernández”.
Ahí hay una tensión que ella tendrá que explicar.
Dos días después de esa declaración, el contralor de su propio instituto presentó ante la Cámara de Diputados a Comercializadora JVLY como una de las cinco empresas de la red que compartían socios y representantes, con contratos en al menos tres organismos locales.
Puede que ambas cosas tengan explicación. Pero hoy no cuadran.
La elección de
2024 en Puebla
El contrato no es lo único que la persigue.
Tras la elección de 2024, el entonces candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, Mario Riestra, denunció que en el cómputo de la capital se transfirieron más de 27 mil votos de Morena a Fuerza por México.
Ese partido, aliado de Morena, necesitaba esos votos para no perder su registro local. Su equipo tuvo que litigar ante instancias federales para obtener el acta circunstanciada del cómputo, un documento de más de 3 mil páginas.
Los ejemplos publicados son difíciles de ignorar.
Según Excélsior, en la casilla 950 C2 el acta de escrutinio daba 159 votos a Morena, 6 a Fuerza por México y uno a Nueva Alianza.
En el cómputo, esas cifras aparecieron como 2, 156 y 8. El resultado no cambió quién ganó la alcaldía, pero sí quién conservó su registro.
El cómputo municipal lo realizó el consejo municipal, no la presidenta del IEE.
Pero el instituto que ella encabezaba validó esos resultados, y sus críticos le reprochan no haberlos corregido. A eso se sumó el cuestionamiento por el costo del PREP: contratado en 55 millones de pesos, habría llegado a cerca de 68 millones con gastos operativos.
Son acusaciones de actores políticos y de columnistas, no resoluciones judiciales. Pero forman parte del expediente con el que hoy se mira a quien dirige el INE.
La pregunta de fondo
La pregunta no es si Blanca Cruz es culpable de algo. Eso lo dirán los auditores, y merece la presunción de inocencia que merece cualquiera.
La pregunta es otra: ¿por qué el Consejo General, en plena crisis de confianza y a meses de la elección federal de 2027, decidió por unanimidad que la persona idónea para limpiar la casa fuera alguien que firmó un contrato de casi 130 millones con una empresa de la misma red que tumbó a su antecesora?
Y con una auditoría estatal todavía abierta.
El beneficio de la duda no es lo mismo que entregar las llaves de la casa mientras la revisión sigue en curso.
Lo que viene
Este miércoles 4 de noviembre, la Cámara de Diputados votará la convocatoria para elegir a la presidenta definitiva del INE.
Se perfila exclusiva para mujeres, quien llegue concluirá el periodo hasta abril de 2032, y la designación está prevista para el 6 o 7 de diciembre.
Un comité técnico de cinco personas, dos propuestas por la CNDH y tres por la Jucopo, evaluará a las aspirantes y entregará una lista de cinco finalistas. El pleno deberá votar por mayoría de dos terceras partes; si no hay acuerdo, la ley prevé la insaculación, es decir, el sorteo.
Así fue como llegó Taddei en 2023.
Ahí hay una oportunidad, y también un riesgo.
La oportunidad es exigir a cada aspirante algo más que un buen examen: una revisión pública de los contratos que firmó, de los proveedores con los que trató y de las observaciones de auditoría que arrastra.
El riesgo es repetir la historia: otra designación sacada a votos de mayoría, otra tómbola, otra presidenta con la etiqueta de un grupo político colgada desde el primer día.
Y hay una tarea que no depende de quién llegue.
El Congreso tiene que revertir los superpoderes, y las auditorías tienen que llegar hasta el fondo, también en los OPLE, también en Puebla.
El INE no se cayó por un video en París.
Se está cayendo por una costumbre: comprar el material de nuestras elecciones a los mismos de siempre, con licitaciones que parecen competencia y no lo son, mientras quienes deberían vigilar miran hacia otro lado o firman.
Cambiar a la presidenta sin cambiar esa costumbre es, como dicen por aquí, el mismo perro con distinto collar.
Mientras tanto, en Morena
Sería cómodo pensar que el problema se reduce al INE. No es así.
La misma semana en que cayó Taddei, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quedó en el centro de dos escándalos que tocan exactamente el mismo nervio: dinero, proveedores y elecciones.
El primero es el más grave, y también el menos probado. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Montiel de vínculos con la delincuencia organizada.
Después, el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal una columna en la que, citando un supuesto informe de inteligencia, afirmaba lo siguiente: a principios de 2024, cuando era secretaria de Bienestar, Montiel se habría reunido con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según esa versión, el grupo criminal apoyaría a candidatos de Morena en las elecciones a cambio de control territorial desde La Tuna, en Sinaloa, hasta Moris, en Chihuahua.
Montiel lo negó rotundamente.
Lo calificó de calumnia y de estrategia de la derecha, y exigió pruebas y una disculpa pública. El Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch emitió una carta aclaratoria: ninguna institución federal generó ni confirmó ese informe, y no hay elementos que acrediten la reunión. De Mauleón, por su parte, sostiene que su información viene de una fuente de alto nivel y se ha negado a retractarse.
Seamos claros: hoy no hay prueba pública de esa reunión, y el gobierno la desmiente. Pero que la sola sospecha de que un cártel pudo meter la mano en una elección sea materia de debate nacional dice mucho del momento que vivimos. Y la pregunta de quién tendría que investigar algo así tiene una respuesta incómoda, como veremos más adelante.
El segundo escándalo
sí tiene papeles.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó el 27 de octubre una investigación sobre Grupo Maferefun. Es una empresa constituida en 2019 con apenas 50 mil pesos de capital, cuyo domicilio fiscal corresponde a un local de frutas en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Entre 2021 y 2026 obtuvo 21 contratos de la Secretaría de Bienestar por 307 millones de pesos. Trece de ellos, por 190.5 millones, se firmaron entre enero de 2022 y abril de 2026, el periodo en que Montiel encabezó esa secretaría. Fueron abarrotes para guarderías, sillas, carpas y comida empaquetada para migrantes.
Lo que sigue es lo más revelador. Montiel dejó Bienestar el 29 de abril y asumió la presidencia de Morena el 3 de mayo. Cinco días después, el 8 de mayo, Grupo Maferefun se registró como proveedora de partidos políticos ante el INE. Según MCCI, poco después ya facturaba a Morena más de 11 millones de pesos en eventos.
Montiel no lo niega.
Reconoció haber contratado a la empresa en Bienestar y en Morena, pero sostiene que todo se hizo conforme a la ley y a precios de mercado, sin conflicto de interés. Puede ser. Pero el patrón es idéntico al que tumbó a Taddei: un proveedor que crece a la sombra de una funcionaria y la sigue a su siguiente cargo.
Y aquí está el punto que nadie está diciendo en voz alta.
¿Quién fiscaliza los gastos de Morena? El INE.
¿Ante quién se registró Grupo Maferefun para poder venderle al partido? Ante el INE.
¿Quién tendría que revisar si en una elección hubo dinero o apoyo ilegal? El INE.
Es el mismo instituto que hoy está sin presidenta definitiva, con 15 renuncias encima, una red de proveedores bajo investigación y una presidenta provisional que tiene que explicar sus propios contratos.
El árbitro está en terapia intensiva justo cuando los jugadores más necesitan ser vigilados.
Hagamos un ejercicio.
En junio de 2027 vamos a votar por diputados federales, y en muchos estados también por gobernadores, alcaldes y congresos locales. Ese día va a llegar a una casilla, le van a entregar una boleta, va a entrar a una mampara y va a depositar su voto en una urna.
Ahora pregúntese:
¿Quién fabricó esa urna?
¿A cuánto se la vendieron al instituto electoral?
¿Hubo de verdad otras empresas compitiendo, o eran los mismos de siempre con distinto nombre?
¿Quién firmó el contrato?
¿Quién lo auditó?
¿Y quién nombró a quien lo auditó?
Durante años nos dijeron que la democracia se defendía el día de la elección: cuidando las casillas, contando bien los votos, respetando los resultados.
Y es cierto.
Pero esta semana aprendimos que la democracia también se puede gastar por la puerta de atrás. No con un golpe, sino con un contrato. No con un fraude espectacular, sino con una licitación donde todos los competidores comparten apoderado. No con tanques, sino con cajas de cartón compradas a sobreprecio.
Una democracia no se pierde de un día para otro.
Se va vendiendo por partes: una urna a sobreprecio aquí, un nombramiento sin contrapeso allá, un cómputo que nadie corrige, un proveedor que sigue a su funcionaria de oficina en oficina.
Y cuando por fin nos damos cuenta, el árbitro, el partido y los proveedores ya se conocen demasiado bien.
Taddei ya se fue.
Pero la pregunta que dejó su salida es más grande que ella: si el árbitro le compra el silbato al mismo que le vende las camisetas a un equipo, ¿todavía podemos llamarle partido limpio?
La respuesta no la van a dar los diputados el 6 de diciembre.
La vamos a dar nosotros, exigiendo saber quién fabrica, quién vende, quién firma y quién vigila.
Porque si los ciudadanos dejamos de preguntar, alguien más va a seguir respondiendo por nosotros. Y casi siempre, con factura.
Taddei ya se fue.
La sombra de los contratos sigue en el edificio.
Ahora también lleva acento poblano.
Y mientras nadie la ilumine, va a seguir creciendo.
