Por Yasmin Flores Hernández
En una misma semana, Puebla vio dos escenas que parecen no tener nada que ver.
El viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación encadenaron los accesos del Palacio de Justicia Federal, en San Andrés Cholula, para protestar contra un examen que podía costarles el empleo.
Dos días antes se había sabido que el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó por quince años al exalcalde Eduardo Rivera.
Una es una protesta laboral; la otra, una sanción a un político. Pero las dos hablan de lo mismo: de quién mide, con qué regla y si esa regla es igual para todos.
Porque nadie en su sano juicio se opone a que se revise el trabajo de quien cobra del dinero público.
Lo que la gente no tolera es la sospecha de que la vara cambia de tamaño según a quién le toque.
¿Quién revisa las cuentas en Puebla?
Conviene empezar por lo básico, porque el sistema es más complejo de lo que parece.
Cada año, el gobierno del estado, los 217 ayuntamientos y los organismos autónomos entregan su cuenta pública.
La revisa la Auditoría Superior del Estado, un órgano del Congreso con autonomía técnica. Si encuentra irregularidades, pide aclaraciones. Si no se aclaran, emite pliegos de observaciones.
Y si detecta faltas graves, arma el expediente y lo lleva al Tribunal de Justicia Administrativa, que es quien decide la sanción. Cuando además hay posibles delitos, la denuncia va a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El Congreso recibe los informes y vigila a la Auditoría a través de una comisión.
En el papel es un buen diseño.
En la práctica tiene un punto débil: al auditor lo nombra el Congreso, y quien tiene la mayoría en el Congreso suele ser el mismo partido que gobierna. Por eso importa tanto quién ocupa ese cargo y cómo llega a él.
La historia reciente no ayuda a la confianza.
Francisco Romero Serrano fue removido en 2022.
Su sucesora, Amanda Gómez Nava, había sido secretaria de la Función Pública del gobernador Miguel Barbosa; renunció en octubre de 2023, en medio de cuestionamientos que siguen en investigación.
Durante más de dos años, la Auditoría funcionó con un encargado de despacho.
Y en enero de este año el Congreso eligió a Germán Reyna y Herrero, quien fue asesor del hoy gobernador Alejandro Armenta en el Senado; la bancada del PAN abandonó la sesión en protesta. Nada de eso prueba que el nuevo auditor vaya a actuar con parcialidad.
Pero en materia de fiscalización la apariencia pesa casi tanto como los hechos: un árbitro que viene del equipo de uno de los jugadores tiene que demostrar el doble su imparcialidad.
El caso Eduardo Rivera
Esta semana el sistema se puso a prueba.
Medios locales reportaron que el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a Eduardo Rivera por quince años para ocupar cargos públicos municipales y le impuso una multa de quince millones de pesos, por presuntas faltas graves derivadas de la revisión de su cuenta pública 2022.
A su exsecretario de Administración, Bernardo Arrubarrena, le habrían impuesto diez años de inhabilitación y una multa de 10.5 millones.
Digo “habrían” a propósito: la resolución no se ha hecho pública, y algunas notas hablan de una multa de cinco millones y no de quince.
Que una sanción de este tamaño se conozca por trascendidos ya es, en sí mismo, parte del problema.
Rivera, que gobernó la capital de 2021 a 2024 y hoy ocupa una secretaría en el comité nacional del PAN, dice que la resolución no es definitiva, que la impugnará y que no se le acusa de manejo indebido de recursos.
Acusa una persecución política en vísperas de la elección de 2027, en la que su nombre aparecía entre las cartas de su partido. No es la primera vez que enfrenta algo así: por su primera gestión ya había sido sancionado en 2017, y un juez federal le concedió un amparo en 2018.
Del otro lado, la dirigencia estatal de Morena le pide asumir las consecuencias.
El alcalde José Chedraui aclaró que su gobierno sólo entregó a la Auditoría los expedientes que le pidieron.
Y el gobernador Armenta anunció que recibirá a Rivera, con una frase que vale la pena tomar en serio: “Ni omisión, ni persecución”.
“Ni persecución” significa respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Significa también reconocer que la resolución puede revocarse y, sobre todo, hacerla pública para que cualquiera pueda leer de qué se acusa a Eduardo Rivera.
“Ni omisión” significa algo igual de exigente: que todas las cuentas observadas, de todos los partidos, sigan el mismo camino y a la misma velocidad. Y aquí aparece la otra Rivera.
La otra Rivera
Claudia Rivera Vivanco gobernó la capital de 2018 a 2021 por Morena. En la cuenta pública 2019 de su administración, la Auditoría reportó un probable daño patrimonial de casi setenta millones de pesos.
En la de 2020, el primer año de la pandemia, hizo 217 observaciones; sólo 19 quedaron solventadas. Lo pendiente sumaba cerca de 1,878 millones de pesos por aclarar, de los que unos 822 millones se señalaron como probable daño patrimonial: obra pública, bacheo, mercados, apoyos a juntas auxiliares e insumos para la pandemia.
Más tarde, la propia Auditoría presentó denuncias penales por la contratación de 58 empresas sin verificar su capacidad, con un posible quebranto de 33.3 millones.
Ella siempre ha negado cualquier daño.
En 2022 sostuvo que se trataba de la etapa natural de observaciones, que su gestión fue de las más auditadas y que ninguna autoridad la había sancionado. Su equipo acusó entonces a la administración de Eduardo Rivera de no entregar la documentación con la que pretendían solventar las observaciones.
Hay que decirlo con claridad: una observación no es una condena, y muchas se solventan con papeles. Pero en aquella comparecencia ante la Auditoría, Claudia Rivera pidió algo que hoy se le puede devolver con justicia: que a todos los expresidentes municipales se les midiera con la misma vara.
Pues midamos.
Hoy Claudia Rivera es diputada federal.
Cuatro años después de que se publicaran sus observaciones, hasta donde es público, no se conoce ninguna resolución que la sancione ni que la libere.
Las cuentas de Eduardo Rivera de 2022 ya llegaron a una resolución de primera instancia; las de Claudia Rivera de 2019 y 2020 parecen seguir en silencio.
Eso no prueba que ella sea culpable ni que él sea inocente. Prueba que el sistema avanza a velocidades distintas, y que nadie le ha explicado a la ciudadanía por qué.
La vara también tiene
que medir hacia el propio lado.
Hay otro caso reciente que sirve de espejo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación revisar los contratos de Comercializadora JVLY con el INE y con el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que en 2024 le adjudicó unos 129.7 millones de pesos para material electoral.
El gobierno estatal respaldó la revisión y pidió que se audite “sin excepciones”.
Está bien que así sea.
Pero según se ha publicado, la propia Auditoría poblana ya había observado ese contrato.
La pregunta de fondo es siempre la misma:
¿La urgencia por revisar aparece cuando el señalado es incómodo y desaparece cuando es cercano?
“Sin excepciones” tiene que valer también para las cuentas de los aliados.
Lo que enseña el
paro del Poder Judicial
El viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación suspendieron labores en decenas de sedes del país. En Puebla, cerraron con cadenas el Palacio de Justicia Federal del Sexto Circuito.
El motivo fue un acuerdo publicado un día antes en el Diario Oficial para evaluar al personal de carrera judicial. Según lo reportado, quien obtuviera 59 puntos o menos sería calificado como insuficiente, tendría una sola oportunidad de examen extraordinario y, si no la superaba, podía ser dado de baja. Había además una molestia de fondo: parte de la evaluación quedaba en manos de jueces y magistrados recién electos, que en muchos casos llevan en el cargo menos tiempo que el personal al que iban a calificar.
El Órgano de Administración Judicial respondió que la primera evaluación sería solo de diagnóstico.
No bastó.
El sábado, la Suprema Corte, ese órgano y los sindicatos acordaron eliminar del acuerdo cualquier referencia a sanciones o separación del cargo y revisar los criterios que pudieran ser subjetivos. Este lunes, los juzgados vuelven a trabajar con normalidad.
Lo interesante es lo que los trabajadores no pidieron: no pidieron dejar de ser evaluados.
Pidieron capacitación, criterios objetivos y reglas que no se presten a decidir desde arriba quién se queda y quién se va. Es exactamente lo que cualquier ciudadano debería exigirle a la fiscalización del poder.
Y el contraste es inevitable.
A un actuario o a un oficial judicial le iban a aplicar en diciembre un examen que podía costarle el empleo en cuestión de semanas. Las observaciones a las cuentas de un ayuntamiento, en cambio, pueden pasar años sin que nadie sepa en qué terminaron.
La vara que se usa hacia abajo suele ser más rápida y más dura que la que se usa hacia arriba.
El reloj que
nadie mira
Y hay un reloj corriendo.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas da siete años para sancionar una falta grave, contados desde que se cometió.
Ese plazo sólo se detiene cuando la autoridad notifica formalmente un informe de presunta responsabilidad.
Hagamos la cuenta: lo que haya pasado en 2019 podría prescribir este mismo año; lo de 2020, en 2027; lo de 2021, en 2028.
Si la Auditoría ya notificó esos informes, el reloj está detenido y basta con decirlo. Si no lo ha hecho, una parte de esas cuentas podría cerrarse sola, sin culpables ni inocentes, simplemente porque se acabó el tiempo.
Esa sería la forma más silenciosa de omisión: la del calendario.
Cómo medir con
la misma vara
Medir con la misma vara no es sancionar a todos ni perdonar a todos.
Es aplicar el mismo procedimiento, con los mismos plazos y la misma transparencia, sin importar el apellido ni el partido.
Y eso se puede verificar con cuatro cosas concretas:
• Que la Auditoría Superior publique en qué etapa está cada cuenta pública del Ayuntamiento de Puebla de 2019 a 2023: qué se solventó, qué pasó a investigación, qué expedientes llegaron al Tribunal y qué denuncias están en la Fiscalía.
• Que el Tribunal de Justicia Administrativa publique la versión pública de la resolución contra Eduardo Rivera, para que la discusión sea sobre hechos y no sobre trascendidos.
• Que la comisión del Congreso que vigila a la Auditoría pida un informe sobre los plazos de prescripción de las cuentas de administraciones anteriores, antes de que venzan.
• Que el auditor superior explique en una sesión pública con qué criterios decide el orden de sus revisiones y denuncias. La forma más eficaz de responder a quienes dudan de su independencia es demostrarla con datos.
Para terminar: la
auditoría no es un garrote
Hagamos un ejercicio. Imagine que mañana alguien revisa sus cuentas: las de su casa, las de su negocio, las de su trabajo.
¿Qué pediría usted?
Seguramente tres cosas.
Que le digan con claridad de qué se le acusa.
Que le den la oportunidad de defenderse.
Y que a su vecino, el que hizo exactamente lo mismo, lo revisen con la misma lupa. Eso es todo lo que pide un Estado de derecho.
Ni más, ni menos.
Una auditoría no es un garrote.
Es una lámpara. Sirve para iluminar en qué se gastó el dinero de todos, no para golpear al adversario en temporada electoral ni para dejar a oscuras a los amigos. Cuando la fiscalización se usa contra los de enfrente, se llama persecución.
Cuando se usa para proteger a los propios, se llama complicidad.
Y en los dos casos pierde el mismo: usted, que paga con sus impuestos cada peso que se revisa y cada peso que se pierde.
No es una opinión: es
lo que manda la ley
Que la Auditoría no se use como arma política no es un buen deseo ni una exigencia de la oposición.
Lo ordena la Constitución.
El artículo 116 dice que la fiscalización en los estados debe regirse por tres principios: legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Legalidad quiere decir que solo se revisa y se sanciona lo que la ley permite, en los plazos que la ley fija. Imparcialidad quiere decir que el apellido y el partido no cuentan.
Confiabilidad quiere decir que la ciudadanía pueda creer en el resultado, sea cual sea.
Y hay un cuarto principio que con frecuencia se olvida: la presunción de inocencia. La Ley General de Responsabilidades Administrativas la reconoce expresamente en los procedimientos de responsabilidad, y la Suprema Corte ha dicho que también aplica cuando el Estado sanciona a un servidor público.
Eso significa que nadie es culpable por un trascendido, por una filtración ni por una nota periodística. Tampoco es inocente solo porque su expediente lleve años guardado en un cajón. Se es culpable o inocente por una resolución fundada, pública y firme.
Cómo reconocer
un garrote
Usted no necesita ser abogado ni contador para darse cuenta cuando la fiscalización se está usando con fines políticos.
Basta con poner atención a cinco señales:
• La sanción se conoce antes que la resolución. Si un castigo se filtra a los medios y el documento que lo sustenta no se publica, algo anda mal. Es justo lo que ha pasado esta semana.
• El calendario coincide con el electoral. Una revisión puede terminar en cualquier momento, pero cuando las resoluciones caen justo antes de que se definan candidaturas, la duda es inevitable, y la autoridad tiene la obligación de despejarla con transparencia.
• Hay expedientes rápidos y expedientes lentos. Si las cuentas de unos avanzan en cuatro años y las de otros siguen en silencio después del mismo tiempo, la pregunta no es quién es culpable, sino por qué la vara corre a distinta velocidad.
• El árbitro viene de uno de los equipos. Cuando quien encabeza la Auditoría tuvo una relación cercana con el gobernante en turno, cada decisión se mira con lupa. No es una acusación: es la carga de la prueba que acompaña al cargo.
• Nadie explica nada. La fiscalización se vuelve garrote cuando opera en la oscuridad. Una institución que publica sus criterios, sus plazos y sus resultados es difícil de usar como arma.
Lo que cuesta usar
la ley como arma
Piénselo un momento.
El día que la Auditoría se use como arma política, nadie volverá a creerle cuando señale a un verdadero corrupto.
El culpable dirá que lo persiguen, y encontrará quien le crea.
Ese es el daño más grave de convertir la ley en garrote: la deja sin fuerza justo cuando más se necesita.
Y hay un segundo costo, más silencioso. Mientras se discute si una sanción es justa o es persecución, nadie habla del dinero.
De las obras que se pagaron con sobrecosto, de los apoyos que no se comprobaron, de los contratos que se adjudicaron sin verificar a las empresas. Ese dinero no era de Eduardo ni de Claudia.
Era suyo.
Y cada vez que la fiscalización se convierte en pleito entre partidos, ese dinero se vuelve un poco más difícil de recuperar.
Persecución y omisión:
la misma falla
Persecución y omisión parecen opuestas, pero son la misma falla vista desde dos lados: usar la ley según el nombre de quien está enfrente.
El que persigue decide primero a quién castigar y después busca el expediente.
El que omite decide primero a quién proteger y después deja que el tiempo haga su trabajo. En ambos casos la ley deja de ser la regla y se convierte en herramienta.
El viernes, los trabajadores del Poder Judicial nos recordaron que una regla injusta se puede cambiar cuando se exige con firmeza.
En apenas un día lograron que se corrigiera una evaluación que consideraban arbitraria. Hagamos lo mismo con las cuentas del poder.
No pidamos que caiga Eduardo ni que se salve Claudia; tampoco al revés.
Pidamos algo más difícil y mucho más valioso: que la ley pese lo mismo sobre todos. Si el gobernador quiere que su “ni omisión, ni persecución” sea algo más que una frase, el camino es abrir todas las cuentas.
Las de los de enfrente y las de los propios.
Le dejo una tarea.
La próxima vez que escuche que alguien fue sancionado, o que alguien quedó impune, no se pregunte primero de qué partido es.
Hágase tres preguntas:
¿Conozco la resolución o sólo el trascendido?
¿A los demás se les revisó con la misma rapidez?
¿Alguien me ha explicado por qué? Si no tiene respuesta para ninguna de las tres, el problema ya no es una persona: es el sistema.
Y ese sistema, nos guste o no, es de todos.
Porque una auditoría que castiga solo a los adversarios no combate la corrupción: la administra.
Y una sociedad que aplaude cuando cae el de enfrente y calla cuando se salva el propio, termina aceptando que la justicia tenga dueño.
En Puebla merecemos algo mejor: una vara que no se doble, ni para golpear ni para proteger.
