Una nueva forma de control político se instituyó en el estado, con el argumento de que rinda el recurso en los municipios para realizar obra que impacte el bienestar socioeconómico y el desarrollo regional.
Si antes el control político se ejercía vía participaciones federales y/o la Sedesol, ahora será a través del Convenio, al que todavía no se suman todos los 217 alcaldes.
Desde el inicio de su gestión, Rafael Moreno Valle mostró su disgusto por la forma de operar de los alcaldes. El 17 de febrero, cuando entregó los primeros recursos de los ramos 28 y 33, regaño a los ediles al señalar que varios de los proyectos presentados no cumplían con los requerimientos oficiales y que tuvieron siete meses para prepararse y no lo hicieron.
Posteriormente, el ejecutivo estatal solicitó una nueva línea de crédito -aún no autorizada por el Congreso- para crear el fondo con el que se adelantarán los recursos a los municipios y de esa forma ejecutar obra pública; los ayuntamientos liquidarán su deuda antes de que concluya su administración.
Económicamente es posible que haya un beneficio para los municipios. Gobierno y ayuntamiento trabajarán al mismo tiempo en la misma obra, y de esa forma se podrán subsanar carencias en las regiones.
Políticamente los ayuntamientos quedan a merced del ejecutivo estatal. En esa medida, se mantendrá diferenciado el beneficio y desarrollo socioeconómico de las regiones.
Sin embargo, quedó muy claro que serán “las dependencias del gobierno estatal” las que revisarán los proyectos, los calificarán y los autorizarán en función del impacto en el desarrollo social y en los indicadores de bienestar social.
Es cierto que algunos presidentes municipales y sus funcionarios carecen de la preparación adecuada para conducir el ayuntamiento, pero, también lo es que el gobierno debe asesorarlos en lugar de decidir por ellos.
La “coordinación estratégica” será entre las secretarías de Gobernación del Estado y de los 217 municipios, según se dijo.
Será en el escritorio de los funcionarios estatales -Gobernación e Infraestructura- donde se decida qué hacer, cuando y cómo en cada uno de los 217 municipios.
El criterio y el interés que prevalecerá, por consiguiente, será el del estado, por encima de los municipios.
Se hará a un lado el interés de la comunidad.
Además, el gobierno se cura en salud cuando advirtió a los alcaldes que: “la cantidad de recursos que reciba cada municipio no dependerá del gobierno estatal o federal sino de los alcaldes, por la importancia de hacer las cosas bien”.
¿Qué hace suponer a los funcionarios estatales que son mejores que los municipales, para decidir qué conviene o no a cada comunidad, máxime que los primeros no viven en ellas?
¿Y los alcaldes? Bueno, pues cedieron el terreno al estado, incluidos los de supuesta oposición.
La efectividad de la propuesta estatal se verá conforme pase el tiempo y se concreten los proyectos y las obras en los municipios en este año.
Para el 2012 podría reflejarse en la estructura del presupuesto del estado y de los municipios, coincidiendo con el año electoral, cuando se elegirán al Presidente de la República y a los diputados federales.
