Por Valentín Varillas
El nombre de Sergio Carmona Angón, asesinado en 2021 y señalado como el principal operador del huachicol fiscal en el país, no debe ligarse únicamente a las campañas de los candidatos de Morena.
Por lo menos no en Puebla.
Aquí, en el 2017 y buena parte del 2018 , cuando el PAN gobernaba el estado y el PRI el país, su operación se consolidó mediante un andamiaje corporativo y legal que obtuvo contratos millonarios con dependencias federales y estatales.
Las empresas del grupo Carmona, principalmente “Grupo Industrial Joseer, S.A. de C.V” y “Grupo Industrial Permart, S.A. de C.V.”, facturaron más de 136 millones 575 mil pesos en contratos gubernamentales en ese período de tiempo.
El mecanismo consistía en inyectar las ganancias del contrabando de gasolinas y diésel que ingresaban por las aduanas de Tamaulipas -bajo fracciones arancelarias falsas para evadir el IEPS- en licitaciones de obra pública, reintegrando el dinero ilícito al sistema financiero formal.
La conexión con Puebla y la región centro del país se caracterizó en ese tiempo por un sofisticado esquema de triangulación de activos.
Auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron transferencias de Grupo Industrial Joseer hacia constructoras locales y despachos de asesoría contable con registro fiscal en la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala.
Bajo la modalidad de “pagos por asimilados a salarios” y contratos de proveeduría simulada para el supuesto arrendamiento de pipas y maquinaria pesada, la red dispersó recursos líquidos en estados no fronterizos.
Esta estrategia permitió fragmentar los ingresos del huachicol fiscal mediante transferencias menores a 200 mil pesos, eludiendo las alertas automáticas del sistema bancario nacional, con el objetivo de fondear estructuras de operación político-electoral de distintos partidos.
Puebla, que históricamente ha concentrado un alto índice de robo de hidrocarburos a nivel nacional, funcionó en el diseño financiero de los hermanos Carmona Angón como una zona de diversificación corporativa.
Tras la ejecución de Sergio Carmona en San Pedro Garza García, Nuevo León y la entrega de su hermano Julio César a las autoridades de Estados Unidos como testigo protegido, los expedientes de la Fiscalía General de la República confirman que las cuentas bancarias de las firmas subcontratadas en el estado forman parte de las más de 100 carpetas de investigación abiertas por sospechas de lavado de dinero.
El voluminoso expediente demuestra que el impacto del huachicol fiscal en Puebla se dio a través del sistema empresarial formal, como un muy efectivo canal de flujo de recursos ilicitos para el financiamiento de campañas políticas de aquel grupo en el poder.
La infiltración de la democracia con dinero sucio producto de actividades ilícitas no llegó con los gobiernos de la 4T.
Se trata de una añeja práctica que desgraciadamente no ha cambiado nada, en estos tiempos de supuesto cambio político en México.
