Por Valentín Varillas
El gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de anunciar su mini-reforma electoral para el periodo extraordinario de sesiones.
El punto central es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, vinculada al INE, que revisaría los perfiles de aspirantes rumbo a las elecciones de 2027.
De aprobarse, los partidos deberán entregar a esta instancia la lista de sus aspirantes, para que se consulte con la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, para que estas determinen si existe riesgo de vínculos con alguna organización criminal.
Es decir, las mismas instituciones que ya existen, que ya tienen esas facultades, que ya deberían estar haciendo exactamente eso, ahora lo harán, pero a través de una comisión nueva.
De locos.
Si todo el entramado institucional actual ya puede investigar presuntas relaciones entre políticos y el crimen organizado, ¿ por qué no lo hacen hoy, sin reforma, sin comisión nueva y sin periodo extraordinario?
Porque ne los hechos no hay ningún impedimento legal, lo que sí existe es una voluntad política selectiva.
Pero además, en el colmo del absurdo, la verificación no será obligatoria para los partidos políticos y sus resultados no tendrán carácter vinculante.
Es decir, la comisión puede detectar que un candidato tiene nexos con el narco, y el partido puede ignorarlo y registrarlo de todas formas.
Más burocracia y chimuela.
Una herramienta sin dientes que pretende lavarle la cara al oficialismo, en momentos en donde sus liderazgos son perseguidos en Estados Unidos por sus pactos inconfesables con la delincuencia..
Una auténtica cortina de humo.
Esta reforma llega como resultado de la cada vez más fuerte presión externa y no porque exista en el gobierno federal una voluntad real de actuar por convicción propia.
Y lo peor: crear una comisión para coordinar lo que las instituciones ya existentes deberían hacer solas, parece no ser una solución real a la infiltración de los poderes de facto a la democracia nacional.
El reto es que cada quien haga lo que le toca, al margen de filias y fobias políticas e ideológicas.
Para eso, no se necesita una nueva reforma electoral.
Se requiere, simple y sencillamente, de mucha voluntad para actuar.
