Por Valentín Varillas
La reformas legales que permiten el congelamiento de cuentas sin juicio de por medio, es un garrote político que será utilizado sin piedad en cada coyuntura electoral.
Que no le quepa la menor duda.
Cualquier personaje incómodo al oficialismo, en cualquier frente de la vida pública o privada nacional, puede caer en las garras de la hoy ya temida Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
El pretexto, en términos de narrativa, es impecable: la eterna y permanente lucha en contra del lavado de dinero.
La misma causa en la que, por cierto, la UIF históricamente ha sido en los hechos un auténtico cero a la izquierda.
Un elefante blanco burocrático que fue omiso y cómplice en temas como el Pemexgate o la Estafa Maestra y que enfrente de sus propias narices se han lavado mies de millones de pesos producto del huachicol fiscal.
Pero la verdadera intención de la Corte al probar semejantes aberraciones legales, tiene que ver con la monumental ineptitud que esta instancia ha mostrado en materia jurídica.
Una nula capacidad para obtener sentencias condenatorias en casos de alto impacto mediático, en donde se ha anunciado con bombo y platillo el bloqueo de fondos, pero meses después los jueces ordenan liberar las cuentas.
En el discurso, faltaba más, se ha acusado siempre a los impartidores de justicia de corruptos, pero lo cierto es que en la enorme mayoría de los casos, la UIF no ha logrado sustentar legalmente sus investigaciones ante la Fiscalía.
Por lo mismo, la tasa de judicialización ha sido bajísima.
Ahora, las cosas van a cambiar.
Ya sin el molesto requisito de probar la culpabilidad de un acusado, esta instancia castigará primero y ya después investigará.
Existe un nuevo diseño institucional que le permite con total facilidad hacer y deshacer a conveniencia.
De locos.
Y tener a un arma de ese calibre al servicio de los intereses del poder político, además de una enorme tentación para usarla como herramienta de extorsión institucional, resulta una ventaja competitiva enorme y muy injusta en una contienda electoral.
Los equilibrios están ya hechos pedazos.
La obsesión de concentrar el poder anulando por decreto el balance de los siempre deseables contrapesos, para desgracia del país, continúa siendo una política de Estado en el llamado segundo piso de la 4T.
Lo que se nos viene.
