Los empresarios no están dispuestos a que desaparezca este organismo y mucho menos a continuar con el papel de ser “simples visores” de lo que hace el gobierno con el dinero que recauda por concepto del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que pagan las propias empresas.
Son varias ocasiones que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se han reunido con el ahora secretario de Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, para plantearle cinco puntos básicos que aún están en negociación:
Primero, que se mantenga el CDICS y dotarlo de autoridad para aprobar y supervisar las obras, además que se incluya como parte del Consejo a la Secretaría de Infraestructura (antes denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública).
Segundo, nombrar al Director Técnico.
Tercero, que los proyectos y obras aprobados sean realmente para infraestructura e impulsar el empleo y no para atender programas o intereses gubernamentales.
Cuarto, que entre en operación el Fideicomiso que en su momento fue aprobado y que realmente se depositen en él los recursos del ISN, que pueden sumar 900 millones anuales.
Quinto, que se cumpla con los objetivos y que todos los secretarios rindan un informe completo de lo que hacen, sobre todo la Secretaría de Infraestructura.
Los empresarios consideran que si la ahora Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico pretende ejecutar sus programas recurrentes con recursos del ISN entonces debe informar al final los resultados de cada programa, y no como en la anterior administración estatal que nunca se rindió un informe respectivo.
Con estas modificaciones -dicen los miembros del CCE- pretenden ponerles candados a los secretarios del gobierno para disponer de los recursos del impuesto sobre la nómina sin que informen a los empresarios en qué destinan el dinero, como ocurrió en la administración marinista que financiaron carreras de autos o conciertos.
Si entra en operación el fideicomiso, entonces el dinero del ISN podrá bursatilizarse y de esta forma tener un manejo más claro y rentable para financiar acciones que impulsen la infraestructura del estado y generación de empleos.
Según Luis Rodríguez Fernández, presidente del CCE, son necesarios estos cambios en el CDICS, pero advirtió que no están dispuestos a sesionar en tanto no se concreten los mismos, pues existe la intención de convocar a sesión de Consejo para abril próximo.
Cabe recordar que la última sesión formal del Consejo para el Desarrollo Comercial, Industrial y de Servicios (CDICS) fue en octubre de 2009, no sesionó durante todo 2010.
Solamente en marzo se hizo el cambio de integrantes por el relevo de dirigentes en los organismos empresariales, en abril hubo una reunión informativa general pero no al detalle sobre el financiamiento de obras, sobre todo del tan cuestionado Centro Expositor y de Convenciones que casi duplicó su costo original y que ni siquiera terminó el gobierno marinista.
Ahora menos que nunca los representantes del sector privado están dispuestos a perder un instrumento de presión y supervisón sobre el actuar gubernamental a costa de los impuestos que ellos pagan, dicen.
Hasta el momento la relación solamente ha sido entre los empresarios y Rodríguez Regordosa.
El gobernador Rafael Moreno Valle no se ha pronunciado de ninguna forma sobre el CDICS, ni siquiera lo hizo como candidato durante las diversas reuniones que sostuvo con los organismos empresariales.
A ver si el CDICS no se convierte en la piedra en el zapato gubernamental.
Por cierto ¿no podría crearse un Consejo para el Desarrollo Urbano, Comercial y de Servicios (CDUCS) de la ciudad de Puebla, con el dinero que los ciudadanos pagamos por concepto de impuesto predial y de limpia?
Así los ciudadanos decidirían y supervisarían las obras que ejecute el gobierno municipal, y no se gaste el dinero en otra cosa.
¿Por qué los industriales sí y los ciudadanos no?
Sólo es pregunta.
