Por Yasmín Flores Hernández
La semana pasada, dentro del tema que abordé, mencioné el caso Wallace y la fabricación de culpables. Tuve una gran respuesta, y muchos de ustedes me pedieron que profundizara sobre el mismo.
Debo empezar comn señalar que desafortunadamente, desde hace muchos años, la sociedad mexicana no confía en la justicia penal, en específico, en la policía, ministerio público y en la Fiscalía.
Esto debido a los múltiples casos en los que se han visto inmersas muchas personas que, por una mala investigación y persecución de los delitos, se mantienen en prisión preventiva e, inclusive, durante años al dictarse una sentencia condenatoria.
Los casos de fabricación de culpables suelen iniciar con una detención ilegal y arbitraria. Las autoridades suelen construir falsas flagrancias, a través de la siembra de evidencia incriminatoria, para justificar la constitucionalidad de la detención.
Las consecuencias de ello son gravísimas, pues como podemos ver no importa que en el periodo entre la detención y la sentencia, el Estado ya haya fabricó las pruebas necesarias para acusar a las víctimas de otros delitos (típicamente secuestro, homicidio, delincuencia organizada, o cualquiera que sea la prioridad del momento) que permiten extender hasta el infinito la privación injusta de la libertad.
Además, en tanto el objetivo de estos procesos es que las fiscalías y las policías puedan presumir ante la sociedad su enorme capacidad para combatir al enemigo, es sin duda una práctica común que se someta a las víctimas a escrutinio público y mediatico.
Las consecuencias de estas acciones se extienden mucho más allá de esta primera etapa, pues los tribunales mediáticos dejan una marca indeleble en las víctimas y las condena a cargar con una condena anticipada.
Muchos tuvimos la posibilidad de conocer a través de los medios de comunicación y de documentales, algunos casos como, por ejemplo:
1.- Benjamín, quien fue torturado por la Policía de Investigación y la Fiscalía de Homicidios de Querétaro para obligarlo a incriminarse en un homicidio y para acusar también a uno de sus hermanos, posteriormente un Juez le dictó una sentencia de 28 años de prisión, pese a que no había pruebas suficientes en su contra.
2.- July Raquel, de 29 años, fue detenida, golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente, posteriormente en las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz fue revisada por un médico, quien omitió asentar las lesiones que presentaba.
En dichas instalaciones, July continuó siendo golpeada, la torturaron poniéndole una bolsa negra en la cabeza y la amenazaron con hacerle daño a su familia, después fue ingresada sin sentencia, al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo, tras ser obligada a incriminarse en un caso de homicidio.
3.- Antonio Zuñiga, un joven vendedor ambulante y aspirante a rapero y bailarín de breakdance, acusado de un homicidio, lo cual fue desmentido por sus abogados y expuesto a la sociedad en el documental «Presunto culpable».
4.- El caso más reciente es el de Darwin Morales, Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, los protagonistas del documental de Netflix «Duda Razonable», el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que fueron detenidos en 2015 en el municipio de Macuspana, Tabasco, acusados de secuestro.
Por estos hechos fueron detenidos y pasaron más de tres años en prisión, declarados culpables a pesar de la «duda razonable»; los abogados hicieron una buena defensa, pero aún así se les impuso una sentencia mínima.
A estos casos se pueden agregar muchos más en los que existe una mala práctica para fabricar culpables derivadas de las actuaciones ministeriales y judiciales, por ello es necesario destacar que los encargados de la investigación de los delitos deben hacerla de manera exhaustiva y eficaz basada en acciones científicas necesarias para esclarecer los hechos y, con ello cumplir con el mandato constitucional, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que, presuntamente son culpables de la comisión de un delito.
Con una adecuada investigación y un buen juicio, no solamente evitaremos la mala práctica de fabricar culpables, sino también evitaremos que exista la impunidad y que las víctimas se queden sin que se les haga justicia. Es por ello que la participación de los jueces es fundamental para evitar las injusticias, toda vez que ellos están obligados a revisar minuciosamente los elementos que el ministerio público aporta cuando acusa, por eso es muy necesario que en todo juicio se respete el principio de “in dubio pro reo” y/o la “presunción de inocencia”.
La fabricación de culpables nos debe hacer reflexionar sobre tener una buena impartición de justicia, para ello se requiere de una adecuada capacitación y aplicación de la ley en el sistema penal acusatorio, además de velar por los derechos de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como las mujeres, indígenas, población LGBTIQ+, migrantes, en situación de pobreza, con características físicas, entre otras, ya que son más factibles de ser criminalizadas, pues muchas autoridades que operan el sistema de justicia penal, ya sea en la procuración o en la impartición de justicia, se conducen aún bajo una lógica de racismo que institucionaliza el pensamiento de discriminación.
El hecho de que las autoridades sigan fabricando culpables continúa siendo un tema pendiente por resolver, toda vez que esta práctica lastima a la sociedad y favorece la reproducción de la violencia y, más aún, el Estado utiliza el “ius puniendi” de manera por demás arbitraria, lo cual genera una clara violación de derechos humanos.
Derivado de lo antes mencionado debemos hacer una profunda reflexión sobre el rol que debe jugar la sociedad en estos problemas, para evitar que se siga incrementado la violencia, discriminación y represión, por lo que es necesario llevar a cabo las acciones hacía la prevención general y especial, así como del debido proceso y respeto a los derechos humanos en los procesos judiciales, con esto estaremos en un mejor proceso de combatir la injusticia y la impunidad.
En México, se evidencio de manera clara la manipulación de casos por parte de las entonces Procuradurías, ahora fiscalías, para incriminar a inocentes a través de testimonios falsos, tortura, cohecho, siembra de evidencias y ausencia de pruebas científicas para sustentar las acusaciones.
Y si no preguntele usted a Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes en su momento permitieron que Génaro García Luna, Cardénas Palomino y Ramón Pequeño, fueran los principales promotores de la fabricación de culpables.
A usted que me escucha y me lee, le pido retroceda el tiempo y regresé al año 2005 donde una ola de delitos de alto impacto se dejo venir en México.
Propiciando que los antes mencionados generaran las condiciones necesarias para la fabricación de delitos y con ello de culpables.
Apoyados por delicuentes de todo tipo, desde los más bajos, hasta de de la comunidad judia en México como Eduardo Margolis, presunto exagente del Mossad, quien estuvo relacionado con un caso polémico como lo es el de Israel Vallarta y Florence Cassez.
En donde los medios de comunicación, jugaron su papel de una manera extraordinaria.
Lamentablemente todo empieza desde las fiscalías, ahí estan el verdadero cancér.
Termino mi colaboración con esta frase:
“En esta cárcel ingrata, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”, leyenda escrita en el muro de la crujía H del Palacio de Lecumberri que encontró Salvador Zarco, ferrocarrilero, quien estuvo preso de 1968 a 1971.
