Por Yasmín Flores Hernández
Hemos hablado mucho sobre la violencia de género, hoy tocaré un tema que me parece que se vive día con día.
A usted que me escucha y me lee le pregunto:
¿Ha oído sobre la violencia vicaria?
Déjeme le cuento:
La violencia vicaria es un tipo de violencia de género.
Cabe señalar que este delito se define como los actos u omisiones que realiza una persona para dañar a las mujeres a través de sus hijos, principalmente se manifiesta cuando existió una relación de pareja.
Se presentan con conductas como amenazas o retención de los hijos, así como incitar actos de violencia de las infancias hacia las madres, interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, además de, condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y los menores.
El individuo que ejerce el maltrato aprovecha la fragilidad de los menores, vulnerando y menoscabando su integridad física o psicológica con el fin de dañar psicológicamente a su pareja, despertando en ella sufrimiento, dolor y sensación de culpa al no poder defender a las personas más queridas por la víctima.
Está claro que la violencia vicaria es una de las lacras que siguen vigentes en la sociedad actual, pero no está claro del todo que los padres sean los principales victimarios a la hora de atacar a sus hijos con esta finalidad vengativa; falta información al respecto, y teniendo en cuenta que las personas que pasan la mayor parte del tiempo con los hijos tienden a ser las mujeres.
La violencia vicaria o la amenaza de ella es empleada así mismo como mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta: ante el conocimiento de lo que el o la agresora es capaz de hacer, el cónyuge o el menor se ve forzado a ceder ante las pretensiones y deseos del otro y además ante el miedo de que los menores sean agredidos, la víctima adulta tiene menos opciones de denunciar, buscar ayuda o hacer algo que los ponga en riesgo.
Este tipo de violencia doméstica puede darse de múltiples maneras, tanto a nivel de maltrato psicológico, privación de necesidades básicas, abusos físicos e incluso abusos sexuales.
En algunos casos este tipo de violencia puede llevar a la muerte al menor.
Es importante mencionar que en Puebla fue la exdiputada Aurora Sierra (q.e.p.d), quien presentó la Ley Vicaria al Congreso de Puebla, el 27 de diciembre de 2021 y se aprobó un año después el 15 de julio de 2022, a petición de diversos colectivos de madres que exigían sanciones contra hombres que niegan a sus parejas o exparejas sentimentales la convivencia con sus hijos, con el propósito de causarles daño.
Desde entonces este delito se sanciona con cárcel de tres a diez años. Además, de multas que van de seis mil 350 pesos a los 25 mil 594.
El Código Civil del Estado de Puebla, tuvo una reforma, que entró en vigor desde el 3 de agosto de 2022, la cual faculta a los jueces a modificar el ejercicio de la patria potestad o custodia de los menores de edad, cuando quien la ejerce comete violencia vicaria en contra de una mujer.
La Ley Vicaria también involucró modificaciones al Código Penal del Estado para imponer hasta 15 años de prisión en caso de una agresión física, moral o patrimonial sobre un menor de edad en la que se compruebe que el niño o adolescente fue utilizado como instrumento de dolor contra la madre.
En Puebla, hay muchos casos de violencia vicaria, en febrero de este año los colectivos de Mujeres por el Derecho al Cuidado y una vida libre de Violencia y de Madres Viviendo Violencia Vicaria denunciaron retrocesos e irregularidades en los casos de Samira, Daniela y Gabriela, mujeres víctimas de violencia económica en Puebla.
Frente al Poder Judicial de la Federación, las mujeres señalaron que las autoridades han retrasado sus casos a pesar de que llevan más de un año con los procesos legales, por lo que las madres y sus hijas e hijos continúan siendo afectadas por el incumplimiento de pensiones e inclusos sus exparejas siguen ejerciendo diversos tipos de violencia en su contra.
A esta situación se enfrenta Samira, quien en meses pasados denunció un intento de desalojo de su domicilio por parte del padre de sus 4 infantes con ayuda de la abuela materna, mediante el uso de un documento apócrifo. Tras este hecho, y después de una audiencia ocurrida en días pasados, la madre de familia señaló que Jared N. continúa sin cumplir sus obligaciones alimentarias.
“Hasta el día de hoy no me ha dado la pensión; soy madre de cuatro niños, con una niña que requiere terapias”, externó Samira, quien señaló que el progenitor de los menores es un empresario por lo que tiene la solvencia económica para cumplir con sus obligaciones.
También se expuso el caso de Daniela Flores, víctima de violencia vicaria desde hace más de cinco años por lo que no ha tenido contacto con su hija. Expuso que el equipo legal de su agresor está utilizando su activismo para difamarla y atacarla.
“Con sus abogados e influencias ha seguido violentándonos”, externó brevemente tras sentencias que no puede hablar más de su situación por temor.
Gabriela Rosas también expuso su situación jurídica y manifestó su preocupación de que su agresor, Amado E., sumó a su equipo legal a la antes titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en contra de las Mujeres, Raquel Avendaño Fernández.
“Reconocemos que tiene derecho a la defensa, sin embargo, nos parece incongruente que pasamos de investigar delitos en contra de las mujeres a defender a un deudor alimentario”, manifestó Gabriela Rosas.
Hago un pequeño parentesis:
Llámele usted coincidencia, en 2021 cuando su servidora denuncio a la exedil -hoy diputada electa-, esta mujer, sí, Raquel Avendaño estaba al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género y en mas de una ocasión, como ya lo he mencionado mi carpeta de investigación fue extraviada.
Curioso, ¿no?
Ahora bien, Raquel Avendaño es abogada de Amado Espinoza, mano derecha de Andrés García Viveros, si el acosador sexual que solapó Claudia Rivera Vivanco.
Cabe mencionar que al Señor Amado Espinoza lo conocí bien, ya que era quien observaba por llamarlo de alguna manera a todos los que su jefe Viveros le indicara, Amado tenia un sueldo por arriba de los 40 mil pesos.
Qué cosas, ¿no?
Diria mi abuela: entre rufianes, se ven.
Ante esto, las colectivas llamaron a las autoridades a resolver con perspectiva de género y agilizar los procesos legales, así como no permitir los argumentos de los deudores sobre no contar con trabajo para evitar pagar sus pensiones.
A más de año y medio de entrar en vigor la Ley Contra la Violencia Vicaria en Puebla, organizaciones, agrupaciones de mujeres y víctimas y colectivos acusaron que en la Fiscalía General del Estado existe un sistemático rechazo y freno para recibir las denuncias del delito cometido por padres que usan a sus hijos para causar daño a su pareja; o que sustraen, prohíben, retienen o restringen la convivencia de la madre con los menores.
Abogados privados como litigantes de organizaciones defensoras feministas, ignoran la legislación y siguen aconsejando a sus clientes interponer denuncias por “sustracción de menores” o “violencia familiar”, sin recurrir a la nueva Ley Contra Violencia Vicaria que reconoce esta violencia como un delito de género agravante en las otras violencias, incrementando la pena hasta un tercio mayor al aplicado en otros delitos.
Representantes de colectivas aseguran que la negativa de Fiscalía y juzgado para reconocer el delito de violencia vicaria invisibiliza la cifra de madres que son violentadas por su pareja que utiliza a sus hijos para causarle daño, al maltratarlos, descuidarlos o prohibiendo su cercanía o convivencia, sin embargo, la estadística empieza a construirse desde organizaciones que emergieron desde que entró en vigencia la ley.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud enviada por transparencia de las 14 averiguaciones abiertas en la FGE, 9 pertenecen a Puebla capital; 2 a San Andrés Cholula; 1 a San Pedro Cholula; 1, Tepeaca; y 1, San Martín Texmelucan.
En total, 9 casos han llegado a juzgados, en 4 se ordenó ejercicio de acción penal, 5 carpetas se han judicializado y el resto están en trámite.
Testimonios de víctimas refieren que el que la denuncia por violencia vicaria llegue a juzgados familiares y de oralidad no es garantía de acceso directo a la justicia, representa para muchas mujeres otra serie de obstáculos a vencer pues aún hay una resistencia para reconocer esta violencia y juzgar con perspectiva de género y de derecho de infancia y adolescencia.
Víctimas refirieron que en el Poder Judicial incluso la mención de violencia vicaria es omitido.
Hay señalamientos en contra del juez Julio Vargas Domínguez, a quien han denunciado victimas de violencia vicaria y han documentado violencia institucional de parte de este mismo juez acusado de apariencia de Derecho, dilación procesal entre otros señalamientos.
Esto es lo que sufren las mujeres a diario, un reverendo calvario, desde la denuncia, el proceso y la impartición de justicia.
Lamentablemente van contra corriente con un sistema de justicia obsoleto, apático y sobre todo corrupto.
Hoy sin temor a equivocarme necesitamos urgentemente un restructuración en todos los ambitos, para poder tener acceso a la justicia.
Empezando por los titulares de cada dependecia de Gobierno, Fiscalía y Poder Judicial, que lamentablemente le quedan a deber a los poblanos.
Unos por la falta de pericia en los temas, y otros más por corruptos.
Ella es Gabriela, víctima de violencia vicaria:
(audio)
“Te voy a dar donde más te duele” es una de las frases que condensan qué es la violencia vicaria en la violencia machista: el daño que los hombres violentos ejercen sobre las mujeres a través de otra persona, sobre todo, de los hijos e hijas”.
