La reciente reforma electoral que modificó diversos artículos de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), constituye un intento más por avanzar hacia la consolidación de la vida democrática del país tanto en su contenido como en sus implicaciones políticas. En ese sentido, la decisión de acotar el poder del dinero y la creciente influencia de los medios electrónicos de comunicación y otros poderes en las elecciones, implicó para el Congreso federal vencer duras resistencias y un fuerte desafío hacia los poderes fácticos. Con ello se buscó recuperar parte de la autonomía estatal desdibujada en los últimos años y enfrentar las inconsistencias del pasado proceso electoral que provocaron una peligrosa polarización de las fuerzas políticas.
Entre los contenidos fundamentales de esta reforma destaca la reducción del financiamiento público a los partidos políticos para limitar el incremento exponencial de los gastos de campaña, los cuales en los últimos años resultaron a todas luces dispendiosas en un país plagado de restricciones y necesitado de grandes inversiones públicas. El encarecimiento de los espots que los partidos contrataron en los grandes medios de comunicación electrónicos constituyó una espiral inflacionaria cuyo extremo fue el uso inmoderado mucho antes del inicio formal las campañas por parte de aspirantes a gobernadores y legisladores, quienes gastaron grandes cantidades de dinero en campañas de autopromoción en horarios de gran audiencia en radio y televisión. De esta manera, los medios se convirtieron en un gran escaparate de la política, con altos costos para los recursos públicos y un apabullante uso con el propósito de influir en las percepciones ciudadanas.
Además de reducir el financiamiento a los partidos políticos, se consideró el monto de dicho gasto. Es decir, se decidió equilibrar las posibilidades de difusión de todos los partidos en los medios de comunicación y evitar la búsqueda de recursos adicionales para asegurar la competitividad. En tal forma, se prohibió a los partidos políticos la compra directa de anuncios en radio y televisión y estableció que el acceso a tales medios sería a través del Instituto Federal Electoral (IFE), quien administrará en el futuro los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión durante las campañas electorales. Asimismo, se definieron tiempos más cortos de duración para las diferentes campañas políticas. De esta manera, los partidos no tendrán que gastar recursos para el proselitismo mediático y se mantendrá, ante todo, la equidad en el acceso y uso de estos instrumentos. Con las reformas la Constitución establece ahora una prohibición expresa para que terceras personas -físicas o morales- compren anuncios políticos en radio y televisión, por lo que se desaparece el libre mercado de publicidad política en los medios electrónicos del país. Además, se dispone que los anuncios para difundir obra pública no contengan la imagen o voz de los gobernantes o servidores públicos —sean del nivel municipal, estatal o federal—, con lo que esas campañas tan extendidas en los últimos tiempos deberán desaparecer por un principio constitucional. En consecuencia, si algún gobernante paga o recibe en obsequio espots para que su imagen aparezca en radio o televisión estará violando la ley, al igual que el concesionario ofertante o difusor de esos mensajes. Esta regulación evitará el protagonismo oficial, el cual contribuyó en muchos casos a enrarecer el ambiente político, contaminar la percepción ciudadana y favorecer la inequidad en las contiendas electorales.
Por supuesto que estas medidas han afectado los intereses establecidos. Así ha quedado manifiesto por los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes no solamente tendrán una afectación económica de más 200 millones de dólares en anuncios de radio y televisión durante las campañas presidenciales, sino que deberán abstenerse de comprar o utilizar espacios para manifestar públicamente sus preferencias electorales.. De esta manera, habrá una afectación al poderío político de los medios de comunicación y los grandes grupos económicos privados que no podrán utilizar la radio y la televisión para determinar su postura sobre partidos o candidatos, ni podrán imponer condiciones o ejercer presiones sobre unos y otros para que su presentación en noticieros y programas. Por ello, la decisión del Congreso de la Unión primero, y la mayoría de los congresos locales después, representa un ejercicio de recuperación de la autonomía del poder legislativo frente a los poderes privados, la cual habrá de seguirse con suma atención al haberse considerado –incluso por diversos intelectuales- como una limitación meta constitucional a la libertad de expresión.
La reforma electoral puede convertirse en uno de los grandes activos de nuestra democracia futura. Sin embargo, mucho dependerá de su aplicación sensible y constructiva por parte de un Instituto Federal Electoral renovado y garante de la transparencia, la equidad y la certidumbre en los procesos electorales del país.
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