Por Rocío García Olmedo
Si hay una política que puede considerarse como la más despreciada en este sexenio, es la política de salud.
Lo fuimos observando al cancelar el Seguro Popular sin una justificación, tan solo porque era un programa de gobiernos anteriores.
Lo vimos con el errático manejo de la pandemia del Covid, informes mundiales han determinado que en México fue una tragedia. Murieron miles de personas más, que no debían morir, atribuyéndolo a ese mal manejo; incluso ahora mismo aun cuando ya no hay una emergencia, en México sigue sin haber vacuna bivalente que desde hace meses se aplica en otros países.
Lo ratificamos con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que resultó un fracaso que dejó sin atención médica a 50 millones de mexicanos y mexicanas.
Dejan a las infancias sin vacunas, a toda la población que requiere del servicio público de salud, sin medicamentos y con una infraestructura hospitalaria cada vez más deteriorada.
Crean lo que en la narrativa diaria nos llevará al nivel de salud de Dinamarca, el IMSS-Bienestar, que no acaba de arrancar.
En ese inter muchas acciones de política pública en materia de salud han ido desapareciendo.
En una entrega anterior abordé lo grave que significa para niñas, adolescentes y mujeres haber desaparecido 34 Normas Oficiales de aplicación para el sector público y para instituciones de salud privada. Normas, que establecían los procedimientos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, factores de riesgo, control y vigilancia epidemiológica sobre cáncer, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, diabetes, lactancia materna, obesidad, control de tuberculosis, entre muchas otras enfermedades.
Ante ello mujeres de organizaciones civiles y en lo individual vienen presentando en el país Amparos que han sido aceptados justamente por la afectación grave al derecho a la salud, a la protección y atención sanitaria y porque “causan perjuicio y viola derechos humanos de adolescentes y de mujeres.”
Recientemente también, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por todas las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de la República, incluida la de Puebla, ha presentado un Pronunciamiento haciendo un llamado al gobierno federal a evitar la cancelación de esas Normas Oficiales ya que violentan derechos humanos establecidos en diversos convenios internacionales que México ha suscrito, violando los principios de progresividad y no regresión reconocidos.
Por estas afectaciones graves al derecho a la salud, ha sido requerida una vez más, la comparecencia del subsecretario Hugo López Gatell a la Cámara de Diputados, el hombre favorito del presidente en esta materia, que ha colocado en posición de “florero” al Dr. Jorge Alcocer Varela quien es el Titular de la Secretaria de Salud en este sexenio, para que explique el porqué de manera tramposa mediante un Decreto reforman los artículos 195 y 214 que eliminan automáticamente 34 Normas Oficiales.
La soberbia, -mala consejera por donde quiera vérsele- o tal vez su afán de “quedar bien” con el “señor” presidente, se ha apoderado de este hombre y se niega a comparecer, la última negativa a rendir cuentas se dio hace unos días y la mayoría Morenista de integrantes de la Cámara de Diputados continúa permitiéndolo.
¿Qué pasa con este señor? nadie puede explicarlo, incluso quienes le conocieron antes de convertirse en un abyecto.
Pareciera que no se logra entender que corregir las desigualdades que provoca la pobreza en las mujeres, va relacionada ineludiblemente a la salud, ahí los datos recientes publicados por INEGI, y la brecha seguirá ampliándose considerando a las mujeres indígenas y rurales y las que viven en condiciones menos favorecidas.
Condenable la negativa a rendir cuentas. El desprecio a la política de salud en México queda evidenciado. No querer mirar y no querer escuchar; no tendrá un buen fin.
