Por Valentín Varillas
Escribo este día a pesar de que este espacio no se publica los viernes, para responder a un mamotreto sin fundamento firmado por Idalia Marisol Camacho Sánchez, titular del Organismo Operador del Servicio de Limpia de San Pedro Cholula, que pretende fungir como “carta aclaratoria” para desmentir la información contenida en la columna publicada ayer.
La funcionaria, en el tradicional tono bravucón de quien pretende defender lo indefendible, atenta en contra de la inteligencia más elemental, presentando cotizaciones a modo de empresas a modo, con potenciales intereses directos o indirectos en la licitación de referencia.
Se les llama en el argot común: “licitaciones amañadas”.
Una realidad que desgraciadamente sigue vigente en el servicio público nacional, en todos los niveles de gobierno.
Si no lo sabía, este concepto se basa en la participación concertada de empresas en concursos para hacerse de obra, o bien para vender productos y servicios.
Algunos de ellos entran intencionalmente con una propuesta económica más alta que la de la razón social designada de antemano como la favorecida, para intentar vender legalidad y transparencia en un procedimiento cuyo desenlace está previamente decidido.
Le doy este contexto, porque le será muy útil en su paso por la administración pública. También le puede evitar consecuencias legales de todo tipo, en un futuro no muy lejano.
Del tema de la renta de vehículos, lo mismo.
La convocatoria a una licitación pública nacional no es sinónimo de legalidad.
Mucho menos de transparencia.
Es, simple y llanamente, un requisito legal, un obligación básica de orden jurídico para otorgar contratos.
Más de un monto tan importante como los 49 millones de pesos que ampara.
Lo único que aparece como información disponible, es el contrato con la empresa “ganadora” de la licitación.
Están ausentes todos los demás detalles que, curiosamente, sí están incluidos en otros contratos celebrados por el mismo gobierno municipal.
No existen datos de cómo se llevó a cabo el proceso, cuántas empresas participaron, el nombre de sus razones sociales y las causas por las que no fueron beneficiadas con el contrato.
Mucho menos detalles específicos de las ofertas técnicas y económicas presentadas por todas aquellas que entraron a la licitación.
Además, las preguntas y dudas que siempre surgen en la junta de aclaraciones y un larguísimo etcétera.
Aquí está la captura de pantalla que se utilizó de referencia para la publicación de ayer jueves 27 de octubre del 2022.
Muy torcido, su concepto de transparencia
Lo que hayan o no hayan hecho con la información, lo que hayan subido o no, después de verse exhibidos y como burda estrategia de control de daños, simple y sencillamente no es mi responsabilidad.
Pero no se confunda.
Yo no soy quien queda exhibido.
Como colofón de su misiva, usted infiere que escribo por consigna.
Tampoco se equivoque.
A diferencia de usted, yo no tengo amo a quien servir.
En su obsesivo afán de vender una inexistente honestidad, las líneas que le dictaron rayan en un monumental absurdo.
Es entendible: obviamente no se manda sola.
Queda muy claro en el organigrama y las jerarquías del gobierno al que hoy se debe.
Sobra decir que su cargo implica que usted va a hacer todo lo que sus superiores le ordenen, sin oponerse, sin reclamar y sobretodo: sin chistar.
Sacrificar libertades y congruencia, forma parte de los costos de pertenecer a lo que se conoce comúnmente como la “burocracia dorada”.
Ni hablar.
Su carta aclaratoria no aclara nada, al contrario: en la forma y en el fondo operan como una comprobación implícita de lo aquí expuesto.
A la carta
A petición expresa y a pesar de que en las cuentas en redes sociales del gobierno de San Pedro se subió la misiva, la publico en el mismo espacio que la columna de ayer.
