La última acción que tomó Dalhel Lara como contralora interna del Instituto Estatal Electoral, para no variar y perder la costumbre, fue una auténtica aberración.
La recién estrenada funcionaria de la Secretaría de Finanzas avaló la intencional, inexplicable, sospechosa y tramposa tardanza para darle trámite a la impugnación presentada por Arturo Loyola al registro de la perredista Irma Ramos como candidata a la diputación plurinominal en el proceso electoral local del año pasado.
Y es que, con fecha del 21 de noviembre de 2007, es decir, el mismo día en el que Loyola presentó la impugnación, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales envió el oficio IEE/PRE/3083/07 a Noé Julián Corona Cabañas, Secretario General del instituto, un oficio en donde hace referencia al recurso de apelación folio 003296 y le solicita darle cauce a los “trámites legales y administrativos a que haya lugar”.
Sobra decir que no se hizo así.
Casi cuatro meses después y ante lo inexplicable de la tardanza, el propio Sánchez Morales pide la intervención de la contraloría interna mediante el oficio IEE/PRE/295/08, de fecha 11 de marzo de 2008, para que “realice un análisis sobre la inmediatez con la que se ha dado trámite a la petición de mérito por parte de la Secretaría General de este organismo electoral”.
Lo que de plano es increíble es la respuesta de la contraloría.
Tres días después responde con oficio IEE/COI/0163/08 exonerando al Secretario general ya que “la legislación electoral no establece alguna temporalidad para desarrollar dicha actividad (la de dar trámite a la impugnación), a diferencia de la condición de remitir de inmediato el expediente una vez integrado el expediente respectivo”.
Pues sí, esa inmediatez obligatoria fue precisamente lo que aquí no se cumplió.
Sin embargo, el argumento legal con el cual el Tribunal Electoral del Estado desecha la impugnación tiene que ver exactamente con esta temporalidad al señalar que no hay razón lógica alguna para explicar el por qué el IEE lo turnó al tribunal hasta el 20 marzo de 2008, es decir, después del 15 de enero pasado, fecha en la que fue instalada formalmente la 57 Legislatura local.
¿Lagunas en el marco jurídico o interpretaciones convenencieras a modo para cubrir irregularidades serias que benefician a un grupo de “consentidos” al interior del instituto?
Lo cierto es que, en los próximos días se llamará a cuentas al secretario general ante el pleno del IEE y se pondrá sobre la mesa la posibilidad de prescindir de sus servicios.
Los consejeros y representantes de partido tendrán en sus manos el destino de Julián Corona Cabañas y ¿sabe qué?, que nada, absolutamente va a suceder, es más, hasta los propios perredistas avalarán su continuidad
QUIEREN MÁS CHICHI
Hoy a las 9 de la mañana, en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se llevará a cabo una audiencia relativa a la demanda que presentaron los ex consejeros electorales José Manuel Rodoreda Artasánchez, Mario Iglesias García Teruel y Enrique Ramírez Valverde para obtener todavía más dinero público del que en su momento recibieron por los sacrificios que realizaron a favor de la democracia poblana.
Estos auténticos héroes modernos consideran injusta la jugosa remuneración que recibieron como consejeros y ahora demandan compensaciones retroactivas porque su salario de consejeros no estaba homologado al de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Lo curioso es que, cuando ellos eran parte del órgano de dirección del instituto, nada hicieron por lograr la ahora tan ansiada homologación.
Todo claro, a costa del erario.
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