Por Valentín Varillas
Entre el 6 de julio y el 30 de agosto de 2010, desaparecieron como por arte de magia más de 420 millones de pesos de fondos federales destinados a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Puebla.
El de Mario Marín.
Los recursos, etiquetados por cierto, llegaron en tiempo y forma a las arcas estatales.
En la Secretaría de Finanzas se cumplieron todos y cada uno de los protocolos para que este dinero estuviera a la disposición de la dependencia encargada de operar la política social en aquel sexenio.
Sin embargo, éste jamás fue invertido en los programas destinados a la superación de la pobreza.
Tuvo otros fines completamente distintos.
Es más, personalísimos.
La tranza, fue una de las primeras joyas que descubrió el entonces naciente gobierno de Rafael Moreno Valle.
Todo, absolutamente todo lo que tuvo que ver con el origen y el extraño destino de estos recursos fue perfectamente detallado y documentado a través de las auditorías que se llevaron a cabo a las finanzas de las distintas dependencias.
Sin embargo, en el caso de la Sedesol, se ensayó una muy distinta.
Se caracterizaba por una profundidad atípica, para la medianía de los estándares que en ese tiempo distinguían a los órganos de control interno de la administración pública.
La razón es muy simple:
La Sedesol poblana había sido saqueada por quien más adelante sería el candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala y varios de sus secuaces al interior de la dependencia.
Entre ellos, quien después fue premiado como líder estatal del PRI : Juan Carlos Lastiri.
Muchos nombres engrosan la lista de quienes se hicieron y crecieron políticamente a la sombra de quien llamaban “su padrino”.
Hoy, evidentemente, son los primeros en hacer público su deslinde.
¿Qué más da si en su momento, el hoy preso los enriqueció?
En el sexenio marinista, la Sedesol local recibió partidas presupuestales históricas.
Cuando Zavala fue su titular, se le dieron facultades de facto, que excedían su ámbito legal de competencia.
Programas que eran responsabilidad de otras carteras del gobierno estatal fueron concentrados por Desarrollo Social.
Sobra decir que al final de la administración marinista, ésta se había convertido ya en la secretaría más poderosa e influyente del gabinete.
A pesar de la contundencia de lo anterior, muy poco se supo de los malos manejos presupuestales en esta dependencia.
La filtración de información y la atención mediática, por órdenes de Rafael, se centraron en otros personajes y otras secretarías.
Infraestructura, con la pactada fuga de García Ramírez.
Salud, con el consecuente encarcelamiento de Alfredo Arango.
Para ese entonces, en corto y en público, Javier López Zavala se vendía alegremente como un interlocutor de amplia influencia con Moreno Valle.
Juraba y perjuraba que los agravios de campaña eran cosa del pasado y que los unía una complicidad a prueba de todo.
Tomando en cuenta el estado de absoluta impunidad del que gozó, no hay razón alguna para dudar de lo anterior.
¿Qué distinto sería el presente si -más allá de los pactos políticos en lo oscurito- se hubiera aplicado la ley y en ese momento, se hubiera llamado a cuentas al hoy presunto feminicida?
Se robó 430 millones de la secretaría que encabezaba sin ninguna consecuencia.
Su delito fue detectado en tiempo y forma por un gobernador que había sido su adversario en las urnas y aún así, se burló de las instituciones y del estado de derecho.
Obviamente, esta historia es apenas una modesta raya de un gigante tigre.
¿Cuántas más hay?
¿Cuánto de esta apestosa cloaca se sabrá próximamente?
En este contexto : ¿cómo no enloquecer de soberbia y poder?
