Por Rocío García Olmedo
Muchos aprendizajes y mucho que analizar sobre el ejercicio -lamentablemente distorsionado- de Revocación de Mandato llevado a cabo hace algunos días.
Muchos lo llamaron “ejercicio de vanidad” otros lo señalaron como “ejercicio de auto-confirmación” porque su principal impulsor fue justamente el propio presidente, sus funcionarios y su partido político, y todas, todos sabíamos, que el presidente López Obrador tiene que concluir su mandato.
Por ello importante analizarlo desde el enfoque de los hechos conocidos y consignados, justo por su importancia y trascendencia: primera ocasión que en México se hacía uso de una figura jurídica recientemente incluida en la Constitución (2019), que pudo sin duda haber sido de gran aprendizaje para nuestra cultura democrática, ya que representa el mecanismo de participación ciudadana directa para decidir dar por terminado de manera anticipada el período de un gobierno incompetente.
Varios juristas analizan con toda razón: “Usualmente los procesos electorales democráticos son aquellos en los que hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado.”
“En la revocación de mandato hubo, desde el principio, certidumbre en el resultado pero una gran incertidumbre en las reglas.”
Empezando porque un proceso de esta naturaleza debe ser solicitado por la ciudadanía, no por el gobierno, no por los servidores públicos, no por un partido político. Y este proceso tuvo la característica primaria de haberse llevado a cabo a solicitud de todos ellos, que se dieron a la tarea de recabar las firmas haciendo uso de todo tipo de “formas”. Recabaron 11 millones.
Para llevar a cabo este proceso la mayoría de legisladores del partido oficial Morena en el Congreso de la Unión –Cámara de Diputados y de Senadores- aprobó la normativa que debía regir el procedimiento de este ejercicio. Todas esas reglas fueron flagrantemente violadas en todas las etapas del procedimiento por ellos mismos, acarreo, compra de votos, presiones, amenazas, entre otros. Sí, igualito que como en otras épocas y lo vimos todas, todos.
El organismo autónomo responsable de la organización de este ejercicio, fue sometido a duras críticas, amenazas, reducción de su presupuesto y sin aprobar el necesario para llevar a cabo este ejercicio. Con todo ello creo que al final fue el Instituto Nacional Electora (INE) el que salió fortalecido por su desempeño a pesar de todos esos obstáculos que lo habían presentado como el inoperante organismo. Resistió.
Resultado, muy por debajo de lo esperado. A pesar de su movilización, se obtuvieron 15 millones de votos que por supuesto respaldaron al presidente para continuar su gobierno (en 2018 logró más de 30 millones de votos), 1 millón 063 mil personas que con su voto en contra demostraron que perdieron la confianza en él y el 82% de la ciudadanía decidió no votar.
¿Qué reflejan estos números? Para efectos de los partidos en oposición, que la base que conforma el “voto duro” del presidente está entre 11 y 15 millones de personas (los que lograron para las firmas de solicitud, y, los que sacaron el 10 de abril).
Para efectos de la trascendencia futura de este procedimiento en el país, que requerirá sin duda considerar algunos ajustes, varios de los cuales fueron emitidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar sugiriendo seis Recomendaciones: 1) Propaganda, que debe reconsiderar normas de neutralidad. 2) Pregunta, reformular la pregunta de manera que sea estrictamente compatible con la naturaleza del mecanismo. 3) Más recursos para el INE, por ser la segunda ocasión en que el INE no cuenta con los recursos solicitados, hace un llamamiento al gobierno para garantizar recursos suficientes para que cumpla con sus funciones. 4) Más firmas para la solicitud de Revocación, recomienda evaluar la posibilidad de aumentar el porcentaje de firmas necesarias para iniciar el procedimiento. 5) Mejorar el proceso de recolección de firmas en papel, ya que el formato permite la falsificación de apoyos. 6) Consolidar el mecanismo para el otorgamiento de firmas que solicitan el procedimiento, de manera que las personas que no hayan dado su consentimiento para incluir su firma, tengan la posibilidad de darse de baja.
Seguramente a estas recomendaciones pueden integrarse más, lo que sí es necesario es hacer ajustes que permitan que futuros procedimientos sean procesos verdaderamente democráticos que cumplan con principios rectores.
Certezas:
Los legisladores/as tienen la palabra y el tiempo para rediseñar el procedimiento de Revocación de Mandato.
Los partidos políticos de oposición deberán reaccionar, ya que queda claro que la red del presidente está organizada y su “voto duro” está a la vista de todas, de todos.
Muchos aprendizajes sin duda y los que nos faltan…
