Por Valentín Varillas
Emilio Lozoya falló monumentalmente en su misión de servirle al gobierno federal como poderosa arma a utilizar en contra de los enemigos políticos de la 4T.
En teoría, el ex director de Pemex entregaría información, no solo valiosa, sino jurídicamente bien sustentada, de quiénes estuvieron involucrados en el cobro de moches a cambio de votar a favor de la Reforma Energética aprobada por el legislativo federal en el sexenio anterior.
Además, también embarraría a aquellos que se beneficiaron de los millonarios pagos que empresas como Odebrecht realizaron a cambio de contratos de obra pública.
Lo que prometieron Lozoya y su padre, en las negociaciones que llevaron a cabo con el gobierno federal, a cambio de acogerse a la figura de “criterio de oportunidad”, fue simplemente una quimera.
O no tenían manera de sustentar desde el punto de vista legal la información que entregaron en su momento.
O bien, simplemente vendieron espejitos a la 4T como estrategia para ganar tiempo y evitar la cárcel.
Fracasaron rotundamente.
Y es que, además, perdieron el debate en términos de opinión pública y publicada.
Y el costo en imagen fue brutal.
El trato VIP que se le dio a Lozoya desde que fue extraditado de España, indignó a la mayoría.
No se parecía en nada al que le daban a Rosario Robles, otra funcionaria del gobierno de Peña acusada de actos de corrupción, que desde el primer día pisó la cárcel y que no ha podido salir de ella.
Emilio fue del aeropuerto a una suite de lujo en el Hospital Ángeles del Pedregal, argumentando problemas de salud y de ahí, a una condición legal similar a la de un “testigo protegido”, que le permitió gozar de una libertad absoluta.
No había prácticamente restricciones legales que limitaran.
El montaje se cayó con la foto que publicó la periodista Lourdes Mendoza en donde Lozoya y sus cuates compartían en uno de los más lujosos restaurantes de la Ciudad de México.
Diría el propio presidente: “no es ilegal pero es inmoral”.
Además, expuso las contradicciones de la defensa de Lozoya en un juicio que Mendoza llevó a cabo en contra de él por “daño moral” y en donde los abogados del ex funcionario justificaron su ausencia en una audiencia alegando que se encontraba sujeto a las restricciones del “arraigo domiciliario”.
En fin, todo mal.
Las redes y medios tradicionales se volcaron nuevamente a criticar los enormes beneficios que se le daban a un funcionario acusado formalmente por la FGR de la comisión de delitos considerados como graves de acuerdo al Código Penal, fortaleciendo la versión de la existencia de un pacto de impunidad Peña-AMLO, con beneficios mutuos.
El teatro se cayó.
Lozoya fue encarcelado, la FGR pide 39 años de cárcel como sentencia para él y 25 para su madre, Gilda Margarita Austin Solís.
Son los únicos oficialmente imputados en el caso de los pagos de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
Nadie más.
La caída de Lozoya significa el natural fortalecimiento de quienes en su momento fueron señalados por él como sus cómplices.
De entrada Peña y Videgaray, pero también de otros personajes de la vida pública nacional acusados de recibir dinero a cambio de su voto a favor de las reformas estructurales aprobadas en el sexenio pasado.
Entre ellos Ricardo Anaya, quien por cierto ayer mismo recibió el aviso de que la Fiscalía muy pronto podría solicitare a un juez que gire una orden de aprehensión en su contra.
Del cielo al infierno en tiempo récord.
El fracaso del uso faccioso del caso Lozoya redefinirá muchas cosas de aquí al 2024.
Ajustes y reacomodos de fuerzas que le sumarán a algunos y le restarán a otros, pero que hoy no representan un peligro real para que Morena repita en la presidencia, por lo menos otro sexenio.
