Por Valentín Varillas
Seis distintos juicios de amparo conforman el conflicto legal que se vive al interior de la Universidad de las Américas Puebla.
Imagine la maraña legal.
Procesos paralelos sujetos a criterios, lógicas, decisiones e interpretaciones de la ley que no siempre van en un mismo sentido.
Inclusive, un mismo proceso se ha llevado a cabo con lineamientos que parecen sumamente contradictorios.
Por ejemplo, el que tiene como número de expediente 1029/2021 y fecha de 15 de julio de 2021.
En este Juicio de Amparo mediante el cual el anterior Patronato de la UDLAP busca retomar el control de la universidad, la posesión de su bienes con sus respectivos derechos y obligaciones, el juez Tercero de Distrito en materia de Amparo, decretó una serie de medidas cautelares que debe observar la parte “quejosa”, para hacer efectiva la suspensión definitiva de los actos derivados de la sentencia previa que originó el nombramiento de un nuevo patronato y rector.
Se establece que “…esta suspensión (parcial) surte sus efectos hasta que se resuelva lo concerniente a la suspensión definitiva; pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede notificada de este auto, en cualquiera de las formas legales, por la cantidad de $50,000,000 (cincuenta millones de pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132, de la Ley de Amparo y 107, fracción X, constitucional”.
Esta medida cautelar fue un duro revés para la Fundación Jenkins y el patronato anterior.
Sin el control de los ingresos de la institución, era imposible acceder a estos recursos para poder cumplir con lo dispuesto por el juez.
Este punto, fundamental en el desarrollo del proceso legal que tiene a los estudiantes fuera de las aulas de la institución, ha permanecido completamente ausente del debate público y de los señalamientos, críticas y juicios que sobre el tema hemos leído y escuchado.
De ambas partes.
El 4 de noviembre, sin embargo, la Fundación dio a conocer un comunicado en donde la misma juez -a pesar de la imposibilidad de cumplir con esta medida cautelar- que ese mismo Juzgado Tercero de Distrito en Materia de amparo Civil en Puebla, les había otorgado ya la suspensión definitiva y que confirmaba “la obligación de devolver el campus de la UDLAP para restituir las cosas al estado en el que se encontraban antes del 29 de junio”.
El mismo día, casi al mismo tiempo, el nuevo patronato hizo público otro comunicado, pero con una interpretación completamente distinta de la resolución:
“El día de hoy, el juez Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil de Puebla resolvió que el nuevo patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla continuará en sus funciones, al negar la suspensión solicitada por la familia Jenkins por medio de la cual pretendían volver a ser patronos de dicha fundación para encubrir sus actos ilícitos”.
Esta negativa, tendría que ver con la falta de cumplimiento de las medidas cautelares.
Aunque no hace referencia a los 50 millones como “garantía”, se centra más en otra medida cautelar que tiene que ver con la pertinencia de que miembros de la Fundación encabezada por Margarita Jenkins de Landa y su patronato por Juan Carlos Jenkins de Landa, retome el control de los ingresos y de la administración de la institución.
Infiere que sobre ellos pesan órdenes de aprehensión por la presunta malversación de los recursos de la propia FMSJ y que en la óptica judicial son considerados simple y llanamente como “prófugos de la justicia”.
Es más, la renuncia de Ríos Piter como rector no se da por un ordenamiento legal.
Él vende su retirada como un signo de buena voluntad para abonar a la resolución de un conflicto que, de otra manera “tardaría años en resolverse”.
Y sí, más allá de cuestiones políticas, de mañosas y convenencieras acciones y opiniones sobre el tema, en el aspecto legal, de acuerdo a la forma y desarrollo de los procesos jurídicos, esto puede ser interminable.
Sobre todo, porque los directamente involucrados, los verdaderos creadores de todo este conflicto, los miembros d e la familia Jenkins, no tienen el menor interés en llegar a un acuerdo.
Aunque se lleven entre las patas a la institución y su comunidad, con las terribles consecuencias que esto conlleva.
Urge que la Suprema Corte entre ya al quite.
