Por Valentín Varillas
En su momento, el presidente López Obrador festinó la decisión de la SCJN de darle luz verde al proceso de revocación de mandato que tanto le obsesiona.
Aplaudió que se le diera personalidad jurídica y legalidad a un ejercicio que se vende como ejemplo de democracia directa, pero que en los hechos no es más que una actividad publicitaria, panfletaria, que pretende perfilar y fortalecer la imagen del jefe del ejecutivo y ayudar a los candidatos del partido oficial en aquellos estados en donde habrá procesos electorales, este y el año siguiente.
En su lógica, la aparición nuevamente de su imagen en una boleta, en un procedimiento avalado, organizado y calificado por la autoridad electoral puede inclusive tener un efecto tan duradero que abone al potencial triunfo del candidato de Morena a la presidencia en el 2024.
Volver a colgarse de Andrés Manuel, la forma en la cual personajes sin nada que aportar al servicio público del país, llegaron a cargos de elección popular en los distintos niveles de gobierno.
Lo que no leyó el presidente, o lo que nadie se atrevió a decirle, es que dentro de los protocolos que regulan la revocación de mandato, viene incluida una veda electoral que le impide, no solo promover las acciones de gobierno, sino hablar del propio procedimiento.
Algo fundamental para que el grupo en el poder tenga el poder de convocatoria necesario para que el ejercicio sea creíble y no se convierta en un burdo ridículo.
La restricción es para todos los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, pero también alcanza a los propios medios de comunicación.
Los privados y los que son propiedad del Estado mexicano.
Es decir, no habrá caja de resonancia para los temas que tanto le gustan al presidente y que normalmente tienen como eje central, el ataque, la polarización y la descalificación sistemática de críticos y opositores.
No sorprende el hecho de que en procesos anteriores, López Obrador no haya respetado estas restricciones para subirse de lleno a apoyar a su partido en coyunturas específicas.
Pero el hecho de que estén consideradas sanciones de tipo económico para los medios que transmitan las mañaneras completas, partes de las mañaneras o le den exposición pública a declaraciones que exalten las acciones o logros de su gobierno, es demoledor.
322 estaciones de radio en San Luis Potosí y Nuevo León recibieron sanciones por parte del Tribunal Federal Electoral de hasta 5 millones de pesos, por “subirse” a la mañanera o bien repercutir audios en donde el presidente se refiere al tema de la revocación.
Y es que, el, jefe del ejecutivo y sus brillantes asesores también pasaron por alto que, de acuerdo con el resolutivo de la Corte, la única instancia facultada legalmente para tocar temas relacionados con el proceso e invitar directamente a los ciudadanos a participar, es el INE.
Sí, el mismo que detesta el presidente y al que seguramente le echará toda la culpa del inminente fracaso de la famosa revocación.
Mientras, López Obrador podrá seguir pasándose por el arco del triunfo las restricciones que en materia de discurso público determinó el máximo tribunal del país, pero quiero ver qué medios se van a atrever a sufrir las consecuencias económicas de hacerle el caldo gordo al presidente y masificar sus mensajes propagandísticos y publicitarios de un ejercicio innecesario, además de completa y absolutamente inútil.
